Empleados estatales de la ATAP solicitan aumento salarial a Romero

La “Asociación de Trabajadores de la Administración Pública Provincial y Municipal de Salta”, enviaron al gobernador Romero un petitorio solicitando aumento salarial. También pidieron una audiencia al mandatario provincial.

En el petitorio entregado al gobernador detallan: “Establecer o acordar una escala salarial, que tenga relación con la canasta familiar de subsistencia para los trabajadores de la Administración Pública Centralizada. Considerando que una familia tipo, según el INDEC, en el mes de agosto pasado, necesitó para “satisfacer” la Canasta Básica, $ 861,18 para no caer en la pobreza. Y no hablamos del achatamiento de la misma, sino que en la práctica literalmente no existe tal escala salarial. Así, una significativa cantidad de trabajadores estatales se encuentran por debajo de la línea de pobreza”.

Agregando “Entendemos que debe existir racionabilidad en las estructuras salariales. Concretamente queremos significar que un trabajador de planta permanente con 38 años de servicios, no alcanza a percibir $1.300. Y en cambio una persona de planta política, como mínimo su ingreso está fijado en $ 1.300 y de máxima $ 3.250. Además de la significativa asimetría con el sueldo de un Ministro del Poder Ejecutivo Provincial que es de aproximadamente $ 7.000.

El pago del “Adicional Fijo según Ley Nº 6.929”, a los trabajadores que NO se les abonó nunca: enero de 1.997 a junio inclusive de 2.005. Y por el periodo de agosto de 1.997 hasta el mes de junio inclusive de 2.005, aquellos trabajadores que SÍ se les abonó dicho Adicional, según código 360 del servicio informático de la Provincia, el periodo de enero a julio inclusive de 1.997 -Contaduría General de la Provincia, Tesorería General de la Provincia, Secretaría de Finanzas y Dirección General de Rentas de la Provincia-. En el marco de un supuesto Estado Constitucional de Derecho, exigimos lo que la normativa en vigencia establecía, y prevalezca decididamente el derecho. Y que el ser humano en razón de su dignidad no debe ser discriminado, arts. 16º y 33º C.N. Además de la literal violación de la Ley Nº 23.592. Este, entre otras normas significativas, es el valor jurídico de instrumentos de carácter obligatorio que nos avalan”.

También reclaman “El pago del Adicional de la antigüedad según artículo 21º de la Ley Nº 5.546 -derogada por la Ley Nº 6.929- a los trabajadores que se les adeuda por los meses de noviembre y diciembre de 1.996.

Implementación del pago del Adicional de la Antigüedad según Decreto Nº 1.563/05 de Necesidad y Urgencia, tomando como base los conceptos remunerativos, según lo establece la Ley Nº 24.241, de igual forma o método ajustado a derecho en otros sectores de la Administración Pública Provincial (actualmente en el caso de la Administración Centralizada, existen conceptos remunerativos que se toman para los aportes jubilatorios y obra social, pero no así para determinar la antigüedad).

Restablecer el pago de los haberes en efectivo de los montos correspondientes a los denominados tickets alimentarios según Ley Nº 7.071 y Dto. Nº 516/00 de Necesidad y Urgencia. Dado que el argumento sostenido oportunamente por el que ha sido implementado, ha variado sustancialmente. Así con respecto al concepto de Coparticipación Federal, se aducía una restricción considerable de los Ingresos de la Provincia. Dichos Ingresos a la fecha hasta se han cuadruplicado. Considerando el efecto de la devaluación, la inflación, y el crecimiento económico. Y más aún, según el Ministro Javier David, la Provincia hoy tiene una “administración ordenada” que no necesita de “auxilios extraordinarios o discrecionales”.

Sobre la aplicación de la Ley Nº 24.714 (Ley Nacional de Asignaciones Familiares), La Asociación de Trabajadores de la Administración Pública Provincial y Municipal de Salta solicita que “con los haberes de los funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial, que se establecen en función de normas nacionales.

Bonificación por título. En congruencia -relación lógica- con la excelencia que paradójicamente se pretende de los trabajadores estatales.

Así, le decimos NO a la precarización (esclavización fashión) que significa la implementación sistemática del trabajo en negro -puestos inestables, bajos salarios y sin beneficios sociales- un rasgo estructural del Consenso Washington, menemista y de ésta gestión (durante la última década) en la Administración Pública. De la degradación de las condiciones laborales de los trabajadores estatales -planta permanente, profesionales contratados, “trabajadores monotributistas”, pasantes, etc.-, tanto en el sector administrativo, técnico, de la salud, docentes, etc. y el desamparo que conlleva y les aguarda a los trabajadores de más edad. Así se les afecta la cobertura de salud y la posibilidad de percibir una jubilación digna en el futuro. Esta es una pequeña parte de la Salta negra que nos agrede y que muestra con casos concretos su nivel de inequidad.

Le decimos SÍ al expreso mandato Constitucional (Provincia) de la Carrera Administrativa de los trabajadores estatales que taxativamente ordena: “La carrera administrativa constituye un derecho de los agentes públicos de todos los poderes y organismos provinciales y municipales”. Así, entre otros derechos, expresamente se establece: “El agente de carrera goza de estabilidad”. Además, el art. 14 bis C.N., establece: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes...”.

Los trabajadores del Estado -salvo funcionarios y planta política- en los últimos 30 años y más aún en el periodo de ésta gestión, han sido la variable económica del ajuste con todo lo que ello implica: el oprobio a la dignidad del trabajador estatal. Así, además de la devaluación e inflación, en dicho tiempo, los trabajadores han soportado con estoicismo la denominada ¿Ley de Emergencia Económica? Nº 6.583/91 y sus reiteradas modificaciones en vigencia a la fecha -hace 16 años-, solamente para justificar tal retrogradación.

Es oportuno manifestarle que, privilegiamos el diálogo y la negociación para encontrar una solución a las inquietudes o problemas reales que existen, pues consideramos que en la democracia, que significa el estado de derecho, el diálogo es la herramienta adecuada y fundamental.

Deseamos además que sea también el inicio para enfrentar muchos otros problemas de carácter incluso más sustanciales de carácter general o sectorial que incumbe a los trabajadores estatales y que los actores podamos en el marco constitucional del imperio de la ley, aportar la voluntad política para solucionar muchos temas vigentes en nuestra realidad.

Así persistimos que, en el marco del derecho -donde las decisiones se legitiman cuando se sostiene la vigencia de la Constitución, los Derechos Fundamentales, y la normativa vigente-, a los problemas los resuelve la razón, los argumentos, la acreditación de los fundamentos, y la capacidad de acordar entre las partes en la búsqueda de encontrar una solución adecuada, cualquiera que éstos sean”. Dice finalmente el petitoria enviado por La Asociación de Trabajadores de la Administración Pública Provincial y Municipal de Salta, al Gobernador de la provincia de Salta, el peronista Juan Carlos Romero, La petición lleva las firmas de Miguel Rojo, Secretario General y Sergio Ibarra, Secretario de Organización. De la ATAP.