YPF: ¿quién es el Fondo Burford Capital, el buitre que quiere quedarse con la petrolera?

Burford Capital es el fondo que podría quedarse con el control mayoritario de YPF tras el reciente fallo de la Justicia estadounidense por la nacionalización parcial de YPF concretada en 2012.

El fondo buitre es liderado por Christopher Bogart, quien fundó su empresa en 2009. Su negocio es comprar los derechos de litigar de compañías quebradas o sin capacidad financiera para afrontar procesos judiciales, y comienza causas por sumas mucho mayores, y contrata abogados para litigar. Sus tentáculos se extienden a nivel global y tiene oficinas en Nueva York, Londres, Chicago, Washington D.C., Singapur, Dubai y Hong Kong. Dispone de un ejército de más de 350 abogados.

Christopher Bogart fue vicepresidente de Asuntos Legales del conglomerado de medios Time Warner. Según reconoció Bogart, su fondo generó U$S 2.200 millones en retornos de inversión por la realización de sentencias, equivalentes a una tasa del 88% promedio por juicio y tiene U$S 4.600 millones de casos en marcha.

En el caso de YPF en 2015 se quedó con 70% de los derechos de juicio de Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, dos empresas de la familia Eskenazi y radicadas en España, que se presentaron en quiebra en Madrid y tenían 25% de las acciones de YPF. Fueron las consecuencias de la fallida argentinización de YPF con la familia Eskenazi, los banqueros santacruceños, amigos de los Kirchner, quienes abrieron el camino a un litigio, a través de la venta de sus “derechos” al fondo buitre Burford. En 2008 el kirchnerismo promovió la compra del 25% de las acciones por parte de la familia Eskenazi, que no tenían antecedentes en el mundo del petróleo. Fueron dos operaciones, financiadas por bancos internacionales y la propia Repsol, que sumaron U$S 3.540 millones, a pagar en cuotas y con las ganancias que generase, es decir ingresaron al negocio sin poner un dólar. Un negocio redondo. Es la misma familia que está asociada a los buitres que hoy le reclaman a la Argentina. La familia Eskenazi primero negoció con Repsol y luego con este fondo. Burford pagó U$S 17 millones por los derechos de juicio de los Eskenazi y al mes comenzó la demanda. Ahora exige U$S 16.100 millones más el cobro de intereses.

Su conducta de buitre la describió el año pasado el diario Financial Times, quien publicó que el fondo buitre Burford Capital pretendía embargar activos de Aerolíneas Argentinas para tratar de cobrar el fallo judicial por la estatización de YPF. Incluso, el medio británico sostuvo que con el argumento legal del "alter ego", esto es, que firmas como Aerolíneas e YPF y organismos como el Banco Central y Arsat, y también el Banco Nación, son en realidad prolongaciones del Estado argentino, y por lo tanto sus activos en el exterior podrían ser sujetos de embargo a favor del litigante, Burford Capital.

Otro cliente clave de Burford fue el grupo español Marsans, que inicialmente demandó al país ante el CIADI (tribunal imperialista dependiente del Banco Mundial) por la nacionalización de Aerolíneas Argentinas en 2008. Vale recordar que Marsans dejó una deuda de casi mil millones de dólares y una estructura vaciada que perdía un millón de dólares por día a pesar de haber recibido millones del Estado Español y de la Secretaría de Transporte que en ese momento la dirigía Jaime. Burford Capital financió este litigio y el país recibió un fallo adverso que lo obliga a pagar aproximadamente U$S 390 millones (incluidos intereses). Burford Capital luego vendió estos derechos de cobro a Titan Consortium, que es ahora el fondo que busca la ejecución de esa sentencia contra el país.

Los buitres celebran el fallo de la jueza de Estados Unidos, otro fondo que lucra con la dependencia y saqueo, y el gobierno está a disposición de esta entrega nacional. Como señaló Myriam Bregman, referente del PTS en el Frente de Izquierda, “el fallo de la jueza Preska es una injerencia inaceptable sobre la soberanía nacional”. “Más bien REPSOL, los involucrados en la llamada renacionalización (los empresarios, los bancos, los fondos buitre y quienes hicieron todo tipo de chanchullos) son los que deberían indemnizar al país y no al revés. No se les tendría que haber dado un peso y, en cambio, nacionalizarse para que YPF sea una empresa 100% pública gestionada por sus trabajadores y técnicos”, concluyó Bregman. (LID)