El debate sobre este tema cobró relevancia desde el pasado domingo, con los resultados del sondeo Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2011, el cual mostró que el promedio de la pobreza en el país disminuyó a 14,4 por ciento frente a 2009; sin embargo, la población infantil pobre aumentó a 1,7 millones.
Otro problema que gravita en la población infantil es la obesidad, la cual aumentó 49 por ciento en los últimos seis años.
El sobrepeso en niños menores de cinco años alcanzó 14 por ciento, según la encuesta.
El director ejecutivo de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (Achnu), Osvaldo Torres, promotor de la protección de los derechos de niños y jóvenes en situación de pobreza y exclusión, dijo, sin embargo, que las estadísticas "no son una novedad".
Torres consideró necesaria una reforma tributaria que corrija la inequidad y el acceso a mejores puestos de trabajo para los hombres y, sobre todo, para las mujeres más pobres, con lo cual se puede ayudar de manera indirecta a disminuir la pobreza entre los menores de edad.
"No hay que olvidar que Chile tiene una de las tasas más bajas de empleabilidad de mujeres. El esfuerzo principal que habría que hacer es mejorar las condiciones de negociación de la fuerza de trabajo respecto al sector empresarial, para dotar así de salarios decentes a las familias que no tienen acceso a ingresos", indicó.
Por su parte, la profesora María Emilia Tijoux, de la Universidad de Chile, cuestionó la forma en que el gobierno dio a conocer las cifras en el Día del Niño, y que luego desaparecieron de manera paulatina.
Señaló que las políticas públicas deben poner atención con urgencia en los niños de la calle.
"Es necesario que las instituciones del Estado no sólo acojan a esos niños, sino que también haya una formación particular a los profesionales que trabajan con niños, a los especialistas, porque ahí también hay una tremenda falla", planteó Tijoux.
Las autoridades deben garantizar que no existan más niños en la calle, donde se prostituyen para intentar sobrevivir, agregó.
Por su parte, el director ejecutivo de la Corporación Programa Poblacional La Caleta, David Ordenes, enfatizó que las políticas no pueden centrarse simplemente en el Ministerio de Desarrollo Social, sino que deben involucrar a todos los órganos del Estado.
Se debe "garantizar una intersectorialidad de todos los ministerios para que los niños y niñas tengan salud, vivienda, educación, jardines infantiles como se merecen, y sus madres y padres tengan realmente un trabajo digno", ya que sólo son atendidos a través de un bono anual de 40.000 pesos (unos 84 dólares), indicó.
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