El gobierno de Javier Milei ha implementado una serie de medidas que atentan contra la integridad de nuestros Parques Nacionales La desregulación oficializada por decreto permite que cualquier persona o empresa pueda operar servicios turísticos dentro de áreas protegidas sin ningún tipo de requisito técnico, sin habilitación profesional, ni control estatal alguno. Ya no se exige formación específica ni guías habilitados, eliminando décadas de construcción de saberes y cuidados en territorios de altísima sensibilidad ambiental.
En nombre de la “libre competencia”, se habilita el ingreso irrestricto de intereses privados a territorios donde lo que debería primar es la conservación. Es una entrega directa a las lógicas del mercado de espacios que deberían estar protegidos del extractivismo y la explotación comercial.
Esta política se enmarca en una visión empresarial que considera a la naturaleza como una mercancía y no como un patrimonio a preservar. La flexibilización de requisitos para operadores privados y la eliminación de la obligatoriedad de contar con guías habilitados son ejemplos claros de cómo se priorizan los intereses económicos por sobre la conservación ambiental.
Además, el ajuste en la Administración de Parques Nacionales ha resultado en despidos masivos de trabajadores esenciales para la protección y mantenimiento de estas áreas. Esta reducción de personal no solo afecta a las familias de los despedidos, sino que también deja en estado de vulnerabilidad a los parques frente a amenazas como incendios forestales y actividades ilegales.
Incluso sectores del turismo, históricamente integrados al negocio de estas actividades, expresaron su preocupación frente a la medida. La improvisación y falta de regulación despierta malestar, porque arrasa con años de trabajo. No hay grieta cuando se trata de poner en riesgo los parques: operadores, guías, trabajadores estatales y comunidades están empezando a alzar la voz.
Desde distintas zonas del país ya se están convocando movilizaciones para frenar esta avanzada. La indignación se multiplica porque lo que está en juego no es solo el empleo, sino la integridad misma de los ecosistemas y la soberanía sobre nuestros bienes comunes. La política de Milei busca desmantelar el Estado para entregar el país al capital privado. Es urgente enfrentar este rumbo con la fuerza de una movilización coordinada.
No es casualidad que Milei haya puesto al frente de la Dirección de Conservación de Parques Nacionales a Leonardo Sarquís, ex CEO de Monsanto. Una figura vinculada al agronegocio y a una de las empresas más cuestionadas por el uso de agrotóxicos. Esta designación es una provocación directa a quienes luchamos por el ambiente y confirma que este gobierno está del lado de los contaminadores.
Estas decisiones políticas tienen consecuencias directas en el ecosistema. La desregulación y el desmantelamiento de estructuras de control y conservación aumentan el riesgo de desastres ambientales, como los incendios forestales que año tras año arrasan con miles de hectáreas en nuestro país.
Frente a este panorama desolador, es imperativo que los trabajadores, las comunidades locales y todos aquellos comprometidos con la defensa del ambiente nos organicemos. La lucha por la preservación de nuestros bienes comunes no puede quedar en manos de quienes solo buscan el lucro a corto plazo.
Es necesario construir un movimiento combativo que enfrente estas políticas de despojo y destrucción. No podemos permitir que el gobierno de Milei continúe con el desguace de nuestros Parques Nacionales.
La defensa del ambiente es también la defensa de la vida de la clase trabajadora y de las futuras generaciones. Es hora de alzar la voz y movilizarnos en contra de este avance neoliberal que pretende mercantilizar la naturaleza y precarizar a quienes la protegen.
Desde Alerta Roja, agrupación ambiental del PTS e independientes, sostenemos que no alcanza con resistir: necesitamos una salida de fondo. La administración de los Parques Nacionales debe estar en manos de sus trabajadores y de las comunidades que habitan y defienden esos territorios. Solo así podremos garantizar una gestión verdaderamente comprometida con la conservación y el conocimiento territorial, en función de las necesidades socioambientales. (LID) Por Ariana Díaz
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