Infancias y adolescencias bajo sospecha: criminalización y pobreza en tiempos de ajuste

El plan del gobierno de Milei basado en el hambre, el ajuste salvaje contra los trabajadores y la eliminación de derechos necesita un chivo expiatorio: por eso criminaliza a lxs pibxs y a los barrios populares. La estigmatización no es casual: es una herramienta de disciplinamiento para naturalizar la miseria y dividir al pueblo mientras avanzan con su proyecto de exclusión.

Para entender la estrategia de punitivismo como política de Estado, dialogamos con Marcela Alejandra Val, presidenta de CHE PIBE e integrante fundadora de la Mesa de Articulación de Niñez y Adolescencia*, quien junto al Grupo Facilitador del Espacio Asambleario de la Mesa abordó temas urgentes como la crisis alimentaria, la criminalización de la pobreza y los objetivos políticos detrás de la campaña por la baja de edad de imputabilidad.

Este espacio federal y apartidario viene advirtiendo, a través de distintas acciones y actividades, sobre el grave retroceso en derechos que atraviesa la infancia bajo el gobierno de Javier Milei: desde el hambre y la falta de acceso a la salud, hasta la persecución a comedores comunitarios y el avance de discursos que buscan instalar el encierro como única respuesta estatal. En esta entrevista, desmontan los mitos del punitivismo y sostienen con firmeza que la cárcel no es la solución para lxs pibxs.

- ¿Poseen datos respecto a la situación de las infancias que concurren a los comedores? (acceso a la salud, escolaridad, situaciones de trabajo infantil, alimentación)

Hay un dato que ya viene circulando acerca de lo que ocurre, a nivel federal, en torno a la situación alimentaria en la Argentina. UNICEF dio un dato en 2024 que ahora se agravó: 7 millones de pibxs en el país viven en la pobreza y 1 millón se va a dormir sin cenar. Desde la Mesa de Articulación, junto a redes académicas y sociales, advertimos esta situación en todo el territorio, como lo venimos denunciando en lo cotidiano.

Con el aumento generalizado de precios, los salarios congelados y el avance de despidos en el sector estatal y privado, los ingresos de las familias que cuidan de las infancias no solo están lejos de gozar de soberanía alimentaria, sino que ni siquiera tienen garantizada la seguridad alimentaria.

Desde nuestra Mesa federal advertimos que la demanda en comedores comunitarios -sostenidos por mujeres de movimientos sociales- crece cada vez más, mientras estos espacios sufren criminalización y recortes en la entrega de alimentos. Esto llevó al cierre de comedores o a la reducción de días de atención. Aunque muchos intentan complementar con donaciones, hay un deterioro grave en la cantidad y calidad de nutrientes que lxs pibxs necesitan para desarrollarse. No es lo mismo comer ’lo que se pueda’ que estar alimentado. Se necesita urgentemente una política alimentaria estatal, porque esta crisis profundiza los índices de pobreza y afecta la salud, especialmente en contextos de hacinamiento urbano.

En salud, y en particular en salud mental, advertimos el cierre de dispositivos territoriales y que vacían los pocos que quedan. Allí aparecen deficiencias alimentarias -por mala calidad o falta de nutrientes- que derivan en enfermedades cada vez más frecuentes: desnutrición, anemias, diabetes, celiaquía, cáncer.

Las demoras para operaciones indispensables son moneda corriente. Hospitales como el Garrahan, que atiende a niñeces de todo el país, sufren desmantelamiento, afectando tanto a trabajadorxs como a pacientes.

Paralelamente, crece la psiquiatrización de lxs pibxs por autolesiones, depresión y ansiedad, sin abordajes comunitarios ni espacios culturales/deportivos. Esto impacta en el mal llamado ’rendimiento escolar’, pues las escuelas no tienen equipos ni formación para contener estas situaciones, más allá de la buena voluntad de lxs docentes.

Muchxs adolescentes realizan trabajos mal remunerados o no remunerados; en este último caso, principalmente niñas y adolescentes que asumen el cuidado de hermanxs, resignando su escolaridad.

Tampoco existe un abordaje a los consumos problemáticos, y esto no es una crítica a la ley de salud mental, sino por la falta de reglamentación que arrastran varios gobiernos, lo que impide crear los dispositivos territoriales necesarios.

A esto se suman los discursos de odio desde el gobierno y medios hegemónicos, que afectan especialmente a infancias y adolescencias racializadas, LGBTIQ+, migrantes y con otras condiciones personales.

- ¿Cuál es su opinión respecto a las políticas públicas destinadas a los pibes?

El sistema de promoción y protección de derechos de niñez y adolescencia requiere políticas públicas integrales, territoriales y adaptadas a las familias. Sin embargo, hoy vemos un retroceso: se recortan recursos y se niegan derechos, como los de las infancias trans, la ESI y la participación política. A esto se suma la violencia institucional, con casos graves como la niña gaseada en su rostro en una de las movilizaciones de los jubilados, o el adolescente herido con balas de goma por la policía bonaerense mientras hacía fila en un comedor en Quilmes.

Asimismo, se advierte mayor hostilidad con niñeces en situación de calle, a la par que se incentiva una mirada de la infancia y adolescencia meramente consumidora cuando se habilita a preadolescentes de 13 años a realizar inversiones destinadas a la especulación financiera.

- ¿Conocen de otros hechos, como el sucedido en Quilmes, en otros comedores?

En caso de que sucedan, ¿consideran que es contra algunas organizaciones en particular?
Hay persecución y criminalización de quienes trabajan en comedores comunitarios de movimientos sociales que no se alinean con el gobierno, incluyendo allanamientos, causas penales e inhabilitaciones de los espacios por cuestiones menores. Estas organizaciones son fundamentales para el cuidado y crianza colectiva de las infancias y adolescencias, brindando alimentación, contención, espacios seguros de esparcimiento y organización política de las adolescencias y redes de apoyo frente a las violencias.

- ¿Por qué creen que se naturaliza la criminalización en los barrios pobres? ¿Ven alguna diferencia entre los diferentes gobiernos, más allá de las políticas de contención?

La criminalización de la pobreza es una constante y prácticamente constitutiva del derecho penal mismo que, como sabemos, nutre sus prisiones de pobres y difícilmente hace recaer su peso sobre quienes cometen delitos a escala o el llamado delito de cuello blanco.

Aunque la criminalización de la pobreza ha sido común a varios gobiernos, el actual profundiza esta lógica con un estado de excepción: el presidente promueve discursos de odio, amenaza opositores, difunde mentiras, alienta el machismo y la libre tenencia de armas, mientras minimiza e invisibiliza los conflictos sociales reales.

Todas las medidas del gobierno son regresivas en materia de derechos. Desde la Mesa de Articulación alertamos a legisladores sobre el impacto del mega DNU y la Ley Bases, que afectan gravemente los derechos de la infancia y comprometen el futuro, incluso el derecho a un ambiente sano.

Este gobierno se ha destacado por una política de desguace sin precedentes. A diferencia de gestiones anteriores, donde por distintas razones —ya sea por presión social, decisión política o afinidad con agendas progresistas— se lograron ciertos avances en derechos, hoy se ha retirado todo. Si bien la movilización popular, aplastada por la represión, estuvo presente desde el primer momento en que asumió el gobierno, la expectativa está puesta más en resistir que en conquistar nuevos derechos, que ni siquiera figuran en la agenda política. Esta situación también expone la falta de una estrategia clara por parte de la oposición frente a una política de extrema derecha.

A la par, emergen nuevas expresiones populares de resistencia que se desmarcan de los reclamos sectoriales y, en algunos casos, prescinden de las estructuras organizadas de partidos políticos o sindicatos, resistiendo a la extrema violencia y transversalizando el conflicto. Hemos visto a lxs jubiladxs y los apoyos inéditos que generaron (aunque de forma no sostenida), así como la masiva marcha universitaria, la marcha antifascista antirracista LGBTIQ+ y otras formas novedosas de resistencia.

En esta línea inscribimos también la lucha por los derechos de las infancias y adolescencias, con el protagonismo de lxs propixs pibxs. Por eso, nuestros escritos políticos y técnicos van acompañados de lo que escriben o dibujan lxs pibxs. Entendemos que, en este momento, la maniobra política los ha puesto en el centro de su estrategia de ataque y por eso apelamos al significado que tiene para nosotrxs como sociedad aceptar sin cuestionarnos que el gran problema de este país son lxs más jóvenes, incluso lxs niñxs, y que frente a eso, lo único en lo que podemos pensar es en la cárcel como respuesta.

- ¿Por qué creen que se está dando esta avanzada de la policía en contra de las infancias y adolescencias de barrios vulnerables? ¿Hubo un incremento del gatillo fácil?

No advertimos mayor incremento de casos de gatillo fácil, pero sí prácticas de abuso policial o el armado de causas, que ahora apuntan a pibxs de menor edad como consecuencia de este agite punitivista contra ellxs. También vemos hostilidad policial, el uso generalizado de balas de goma para disipar cualquier situación que se considere tumultuosa, no solo en las movilizaciones, sino también en los barrios populares. Dentro de esta hostilidad, advertimos la omisión en la intervención frente a las manifestaciones de violencia en estos barrios, donde la policía se limita a armar un cerco en torno a personas que se agreden físicamente, pero sin intervenir para detener el delito, sino más bien, mejorando el escenario para que continúe el enfrentamiento.

También hay un recrudecimiento de otra forma de violencia policial: la complicidad con el avance del narcotráfico. Bajo el discurso mediático de "se matan entre ellos", se encubren formas sofisticadas de violencia institucional que disciplinan los barrios con lógicas narco, funcionales a políticas de sobrevigilancia y subvigilancia selectiva en territorios populares.

Esta avanzada responde a lineamientos políticos claros. La policía actúa bajo órdenes ministeriales y también por señales del contexto, donde el poder y los medios legitiman la represión como forma de hacer bien su trabajo. Para este gobierno, seguridad es sinónimo de represión.

Para nosotrxs, la seguridad implica justicia social, acceso real a la justicia y cuidado. Incluye los derechos de las víctimas, que no se limita al castigo del ofensor,, sino también a través de la escucha, el acompañamiento y la reparación simbólica, emocional y material. Se trata de abordar los conflictos en toda su complejidad, evitando respuestas punitivas que no resuelven el daño y muchas veces dejan a las víctimas expuestas al temor de un posible reencuentro con el ofensor.

- ¿Qué objetivos ven en la actual campaña del gobierno y la derecha por la baja de edad de imputabilidad?

Los objetivos son los mismos que en otras iniciativas de otros gobiernos, y en eso, prácticamente todos los gobiernos desde el retorno democrático han agitado en algún momento la baja de edad, aunque no todos acompañaron sus declaraciones con iniciativas concretas. Y eso no es un dato menor.

El objetivo es crear una "cortina de humo", un enemigo inexistente, en este caso lxs adolescentes, inventando estadísticas sobre el crecimiento del delito en edades más tempranas (lo cual es falso).

Así, distraer la atención de otros problemas en general vinculados a lo socioeconómico, el desguace del Estado, el cercenamiento de derechos, los alimentos pudriéndose en galpones gubernamentales, las denuncias nacionales e internacionales contra el presidente por el escándalo de la criptomoneda.

El discurso positivista es efectivo porque recurre a la sensibilidad que genera la idea de vulnerabilidad ante la agresión, promueve el individualismo y debilita la fraternidad y solidaridad. Focaliza el odio en colectivos históricamente vulnerabilizados (niñxs, adolescentes, jóvenes, subversivxs, migrantes) y ataca las agendas progresistas que promueven garantías, facilitando el avasallamiento de derechos civiles y políticos y la criminalización de la oposición. Así, se neutraliza la crítica al desmantelamiento del Estado social y al retroceso en derechos de lxs trabajadorxs.

Un rasgo común es que estas iniciativas surgen en contextos electorales. El discurso punitivista es efectista y amplifica conflictos individuales para ocultar lo colectivo. A veces se basan en casos excepcionales que reciben cobertura mediática, pero no reflejan tendencias reales. Estudios incluso señalan que las noticias que criminalizan a infancias y adolescencias aumentan en periodos de receso vacacional, cuando baja la actividad política y buscan entretener.

Este discurso reúne prácticas de crueldad que acompañan el contexto desde los centros de decisión, mediante un despliegue sistemático de extrema violencia contra personas en situación de vulnerabilidad, como quienes están en situación de calle, migrantxs y vendedorxs ambulantes. La estrategia parece buscar acostumbrarnos a la respuesta violenta del Estado ante casi cualquier manifestación de disidencia.

En esta política de crueldad se observa una intención de eliminar al colectivo de infancia y adolescencia, que nuestra cultura asocia al cuidado, la protección, las oportunidades de crecimiento, el juego y la educación. Mostrar a lxs pibxs como delincuentes peligrosxs y adultizarlxs permite eludir las obligaciones del Estado, lo que se refleja en el desmantelamiento de políticas públicas destinadas a proteger sus derechos y justifica el desguace.

En este gobierno hay una clara estrategia de constituir una pedagogía de la crueldad como mecanismo de disciplinamiento. La ministra de Seguridad lleva más de 20 años intentando sin éxito bajar la edad de punibilidad. Sin embargo, el contexto actual es otro, ya que el proyecto cuenta con dictamen favorable en cuatro comisiones de la Cámara de Diputados.

Muchxs legisladorxs desconocen que el delito juvenil es bajo y está en descenso, y que el sistema penal vigente ya permite sanciones antes de los 16 años, incluso con antecedentes de penas perpetuas criticadas internacionalmente.

Actualmente, se piensa en las cárceles como política para la pobreza, profundizando la criminalización de lxs pobres. Se promueven penas crueles y condiciones deshumanizadas, tomando como modelo las cárceles de Bukele, incluso agravando el proceso penal para lxs pibxs. Se afirma que las bandas criminales usan a lxs niñxs para delinquir, pero en lugar de evitar su captación y victimización, se lxs equipara con adultxs, criminalizando a las víctimas ante la incapacidad estatal para frenar la trata.

Se sigue creyendo que los institutos de menores son escuelas, pero en realidad son cárceles con rejas donde trasladan a lxs pibxs con esposas, donde la circulación es libre. Ofrecen pocas oportunidades, mantienen o incluso inician consumos problemáticos, y si se fugan, se libra orden de captura. Ya ni siquiera se recurre a la idea, discutible, de la cárcel como factor de resocialización, lo que dificulta a las organizaciones exigir mejores condiciones cuando algún vecinx o pibx está presx.

Para nosotrxs, esxs pibxs, esas personas, siguen siendo miembros de familias que viven en los barrios, jóvenes a los que vimos crecer y conocemos sus historias y los contextos en los que crecieron, acechados por las pautas de la vida precaria mientras que, de todas partes, se promueve el consumo. A veces, mujeres empujadas al narcomenudeo como única estrategia de supervivencia para procurar -al mismo tiempo- ingresos y el cuidado de sus hijxs. Varones que tienen la carga de ser "proveedores", pero son sobreexplotados en sus trabajos por un salario mínimo.

Los objetivos en proponer bajar la edad de punibilidad son muchos; como intentamos describirlo, tienen múltiples implicaciones que sobrepasan lo estrictamente penal y la infracción penal que pueda cometer unx pibx. Dicho sea de paso -según UNICEF- sólo el 0,45% de adolescentes comete delitos, y de ese porcentaje el 84% son robos (no homicidios, no abusos, no delitos violentos). El gobierno de Milei explícitamente trata de refundar las bases de la nación y con eso pretende echar por tierra una máxima de nuestra cultura popular: “lxs niñxs primero”, para eludir las consecuencias políticas que esto implica.

*La Mesa de Articulación de Niñez y Adolescencia es un espacio federal, plurinacional y apartidario, integrado por organizaciones sociales, académicas, sindicales y de derechos humanos. La Mesa surgió hace casi una década para defender los derechos de niñxs y adolescentes frente a los intentos de bajar la edad de punibilidad y otras políticas regresivas del Estado. Sostienen que el castigo penal a niñez y adolescentes es ilegítimo: "Está demostrado que aumenta la reincidencia y no reduce la violencia". Y subrayan que es falso que lxs pibxs menores de 16 años sean responsables de la inseguridad; de hecho, ya hay menores presxs ilegalmente y que bajar la edad de imputabilidad no solo viola la Convención de los Derechos del Niño, sino que profundiza el fracaso del sistema. (LID) Por Rosa D’Alesio / Violeta Lavinia