Áreas (des)protegidas: el avance de la frontera extractivista

En el último tiempo se evidencia un avance paulatino, pero sostenido, de la frontera productiva sobre Áreas Naturales Protegidas (ANP). La desafección de la reserva provincial Pizarro, en Salta, para el desmonte y cultivo de soja; los proyectos mineros Pascua Lama y Veladero, en San Juan, con sus previsibles impactos sobre la Reserva de Biosfera de San Guillermo; y la exploración y explotación de hidrocarburos en inmediaciones o dentro de los parques nacionales Calilegua (Jujuy) y Nahuel Huapi (Río Negro), son sólo algunos ejemplos. Este avance se enmarca en la lógica de expandir la producción y mantener los márgenes de ganancia del capital global, cuyas consecuencias comprometen la supervivencia de numerosas comunidades.

La deliberada “primarización” -exportación de materias primas- sufrida por la economía argentina ha convertido al país en un territorio susceptible de saqueo y contaminación. Este proceso ha sido potenciado y agudizado por la provincialización de los “recursos naturales” operada con la reforma constitucional de 1994 -cuyo “federalismo” estimuló la asociación y connivencia de empresas multinacionales con élites locales- y las crecientes necesidades fiscales de las provincias -en buena medida propiciadas por el desguace y la descentralización de funciones que desde antaño eran atribución exclusiva del Estado Nacional (por ejemplo, garantizar salud y educación).
 General Roca: sin consentimiento

El paraje rionegrino Paso Córdoba se encuentra 12km al sur de General Roca, en el Alto Valle de Río Negro. A principios del siglo XX las relaciones comerciales entre el Alto Valle y la Línea Sur de Río Negro dependían del paso en bote de las mercaderías por aquel sitio, donde en 1907 se instaló la casa de comercio Antonio Córdoba y Cía. [1] Noventa años más tarde la zona fue declarada Área Natural Protegida municipal [2] por su gran valor geológico, paleontológico, fitogeográfico, faunístico e histórico; además cuenta con atractivos turísticos como el Valle de la Luna Rojo y Valle de la Luna Amarillo. Esta APN también es un espacio en disputa con el Pueblo Mapuche, la comunidad Leufuche lo reivindica territorio ancestral.

La ordenanza municipal de creación del ANP Paso Córdoba señala “la necesidad de instrumentar acciones tendientes a la protección de determinadas áreas no urbanas del ejido municipal de diversos efectos degradantes del ambiente y del avance no planificado de las actividades humanas que comprometen irreversiblemente el territorio en perjuicio del conjunto de la comunidad”. Además sostiene que “los asentamientos humanos y actividades productivas primarias verificadas y reconocidas legalmente al momento de la sanción de la presente deberán ser mantenidos con las dimensiones y características actuales, no permitiéndose nuevas adjudicaciones de tierras fiscales, subdivisiones, ni implantación de asentamientos poblacionales de ningún tipo”[3]. También prohíbe “dentro de los límites del área protegida, tanto en tierras fiscales o privadas, la instalación de industrias; la explotación de canteras […] el daño ambiental en cualquiera de sus formas”[4].

A pesar de ello los bloques Laguna de Piedra y el Cuy -que comprenden el ANP Paso Córdoba- fueron incluidos en la primera (2006) y cuarta (2007) ronda licitatoria del Plan Exploratorio Hidrocarburífero Provincial -siendo adjudicados a las empresas Golden Oil Corporation y Austrocam Petroleum Argentina S.A.–Ehrencap S.A., respectivamente. De esta manera no sólo se vulneró el carácter de APN sino también los derechos indígenas contemplados por legislación nacional y el Convenio 169 de la OIT -que prescribe el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios para el desarrollo de cualquier actividad que los afecte. La zona también fue escenario de movilizaciones en 1999, cuando los comuneros se opusieron a la instalación de la bodega mendocina Escorihuela (1999).

A causa de es estas irregularidades la comunidad Leufuche realizó diversos pedidos de informes ante el Consejo de Ecología y Medio Ambiente de la provincia (CODEMA), la Subsecretaría de Hidrocarburos y la Municipalidad de General Roca, hasta el día de hoy no han recibido respuestas satisfactorias.

 La disputa de Llancanelo

Laguna Llancanelo, considerada uno de los humedales más importantes del mundo, estuvo en la mira de la explotación petrolera en Mendoza. Ubicada 550km al sur de la capital provincial, en del departamento de Malargüe, fue reconocida en 1995 como sitio Ramsar [5] y figura como reserva desde 1980. Allí habitan flamencos rosados, cigüeñas, patos, gallaretas, taguas, garzas moras y blancas, peuquenes, teros reales y tres variedades de cisne; se estima que es hábitat natural de155 especies de aves.

En el año 2000 Repsol-YPF dio inicio al proyecto Llancanelo, cuyo objetivo era la extracción de 35 millones de barriles de crudo, a cambio Mendoza recibiría alrededor de 56 millones de dólares en concepto de regalías.[6] En esta provincia, como en otras, la liquidación de las regalías representa uno de los aportes más importantes al presupuesto, allí ronda el 11%. [7]

A pesar que en 2001 ya se habían detectado altos porcentajes de hidrocarburos en pozos de agua de la reserva, en el año 2003 la resolución 190 del gobierno provincial autorizó a Repsol-YPF a explotar en el área de Laguna Llancanelo, aprobando la declaración de impacto ambiental sobre cinco de los ocho pozos proyectados. En aquel momento, Eduardo Sosa –miembro de Oikos Red Ambiental- señaló que en la declaración de impacto ambiental no habían participado abogados ni biólogos, que se había autorizado una actividad sin disponer de planes de respuesta a emergencia contingencia y que el área no estaba delimitada. Según el ambientalista se trató de un acto deliberado, ya que si se hubiese descubierto que los pozos se encontraban dentro del área protegida, la ley provincial nº 6045 hubiese prohibido inmediatamente la exploración y explotación de hidrocarburos sin la realización de un estudio de base del acuífero. Según argumentó, de esta manera se liberaba a Repsol-YPF de responsabilidades en caso de daños, ya que era imposible determinar si los daños correspondían a la petrolera española o a antiguas operaciones de YPF estatal.

Ese mismo año un tribunal local falló a favor de un recurso de amparo colectivo interpuesto por Oikos contra el gobierno mendocino, impidiéndole otorgar la autorización a la petrolera para perforar más pozos en la laguna. El proceso legal continuó su curso y en 2005 se produjo un fallo inédito: “tras dos sentencias y un dictamen de la Procuraduría de la Corte favorables, dio lugar a la […] sentencia de la Suprema Corte provincial, que ratifica[ba] lo resuelto por la justicia mendocina en instancias previas, que había declarado inconstitucional la autorización emitida por el gobierno de Mendoza”[8]. Así, comenzó un proceso de delimitación geográfica de la reserva.

Pese a las presiones de la petrolera [9], en 2007 la Subsecretaría de Medio Ambiente presentó un proyecto de ampliación de la reserva, que pasó a tener más del doble de su superficie actual -sus 40 mil hectáreas se transformaron en 86 mil. Mediante el acuerdo se fijó que Repsol-YPF sólo puede explotar el 30% de las 12 mil hectáreas que actualmente tiene concesionadas.

 Ñirihuau, paradigma de la expansión

Como señaláramos en el Panorama Rionegrino, la licitación de la Cuenca del Ñirihuau constituye un paradigma del desplazamiento de la frontera. “El avance sobre áreas que no tienen antecedentes de explotaciones hidrocarburíferas -sí de exploración- es una decisión que avasalla territorios y pobladores que tienen su historia, cultura y economía. En todos los casos este avance no contempla otros tipos de producción -principalmente ganadería y turismo- y estilos de vida, ni las implicancias que tendrá ese desembarco de la industria petrolera”[10].

El bloque licitado en la cuarta ronda del Plan Exploratorio Hidrocarburífero Provincial, próximo al Lago Nahuel Huapi, compende parte de la Reserva de Biosfera Norpatagónica. Pero ello no significó impedimento alguno. Sólo a pedido de la Administración de Parques Nacionales fueron desafectadas del área hidrocarburífera dos fracciones a fin de “preservar” la cuenca hídrica del Ñirihuau [aguas superficales]. Sin embargo, como confirmó el titular de la Regional Andina del Departamento Provincial de Aguas (DPA), no existe un estudio hidrológico exhaustivo sobre el comportamiento de las aguas subterráneas del área licitada.[11]

Desde diversos sectores políticos, sociales y ambientalistas condenaron la licitación del área. En ese sentido los consejales barilochenses por el Frente Grande, Alfredo Martin y Silvia Paz presentaron un recurso de amparo para impugnar la licitación que fue desestimado por cuestiones de forma por la justicia de la provincia. La acción legal era para frenar la explotación del área, cuando la convocatoria pública había sido para la exploración. Finalmente en octubre de 2008 el gobierno rionegrino emitió el decreto 1071 firmando la adjudicación, la noticia se hizo pública un mes más tarde.

La licitiación renovó los viejos reclamos de vecinos del paraje Ñirihuau Arriba en torno a la remediación de cinco pozos perforados en la década del ‘30, los cuales nunca fueron puestos en producción. Al respecto lograron la promesa -hasta hoy no cumplida- del sellado definitivo de los mismos. En una reciente nota periodística se consigna: “Los pozos fueron abandonados y nunca fueron remediados, ni siquiera en la actualidad. Pasó un año desde la promesa de la Secretaría de Hidrocarburos de Río Negro de remediar el área para evitar que siga manando petróleo y afectando el curso de agua del arroyo Las Minas, que desemboca unos kilómetros más adelante en el río Ñirihuau (que muere en el lago Nahuel Huapi)”.[12]

Los trabajos de contención primaria realizados por el DPA resultaron insuficientes, sumamente precarios -en algunos casos- y discontinuos. “Uno de los vecinos del lugar señaló que desde que se instalaron los tanques (para contener los líquidos surgentes) no volvieron los operarios ni técnicos para vaciar y trasladar el contenido, que es una mezcla de agua y un espeso petróleo.”[13]. Por su parte Tamara Pérez Balda, secretaria de Hidrocarburos, señaló que el contrato con la UTE Pluspetrol-YPF, adjudicataria del bloque, recién será firmado una vez que “se culmine con la remediación de los pozos existentes” y agregó que “la empresa no puede entrar hasta que esté el estudio de impacto ambiental que deberá realizar una vez firmado el contrato y luego debe presentar un plan de trabajo”.

 Calilegua: petróleo y Parques Nacionales

El Parque Nacional Calilegua se encuentra ubicado en el el departamento jujeño de Ledesma; creado por decreto en 1979, abarca un área de 76.306 hectáreas. Su objetivo es proteger una muestra representativa de Selva de Montaña o Yunga, también preservar una importante cuenca hídrica que abastece a una de las zonas agrícolas bajo riego más productivas de la provincia -que en su gran mayoría son tierras pertenecientes al Ingenio Ledesma- y al mismo tiempo alimenta el Río Bermejo.

Si bien en los Parques Nacionales están prohibidas las explotaciones petroleras y mineras, en Calilegua se mantiene la actividad hidrocarburífera desde finales de la década del ‘60, antes de obtener el status de área protegida. En 1992, con el desguace y privatización de YPF, la explotación del bloque fue adjudicada a la UTE Petróleos Sudamericanos-Necon y 15 años después transferida a la actual operadora: Pluspetrol S.A.

Recién en 1994, con una nueva reglamentación, la Administración de Parques Nacionales (APN) comenzó a intervenir en el control de la actividad hidrocarburífera. En entrevista con el OPS, Guillermo Nicolossi, trabajador del PN Calilegua, señaló: “En ese momento el yacimiento ya estaba concesionado a la UTE y se trata de acordar un plan de mitigación. Ese plan acordaba cosas muy groseras, como piletas de petróleo a cielo abierto, y se busca que el agua de producción se inyectara en profundidad, ya que hasta ese momento se vertía directamente en los arroyos.”[14]

El plan de mitigación transcurrió en medio de serias irregularidades -incumplimientos y falta de control- y, al momento de concretarse la transferencia con Pluspetrol, quedaron numerosos pasivos ambientales: pozos abandonados, infraestructura obsoleta que venía de la época de YPF, etc. Así, la primera exigencia de APN hacia la nueva operadora fue la remediación y el sellado correspondiente de alrededor de 20 pozos, antes de cualquier desarrollo del yacimiento. Sin embargo hasta el momento la empresa se refugió en la falta de un organismo de aplicación claro para hacer caso omiso del pedido de sellado de los pozos.

Por otro lado, como la empresa ha planteado un nuevo desarrollo del yacimiento, Parques Nacionales ha solicitado un nuevo estudio de impacto ambiental (EIA): “Como fue un traspaso de la concesión, en principio APN permitió que siga trabajando esta empresa con el desarrollo de la anterior. La empresa ha planteado un nuevo plan de desarrollo, APN entonces necesita un nuevo estudio, es una cuestión básica para poder ver los impactos. Parques no ha sido terminante en exigirle a la empresa ese estudio, ellos [Pluspetrol] han respondido con algún recurso legal, que no van a hacer el estudio, que ya lo ha hecho la operadora anterior, van a presentar una línea de base. La presentan pero ni siquiera está completa. APN tiene que determinar y exigir que este es un nuevo proyecto, que tiene que haber una nueva evaluación ambiental.”[15]

Además de afectar el sistema natural que el Parque intenta proteger, la actividad actual y los pasivos ambientales derivados del mal sellado de los pozos afectan varios cauces de ríos –entre ellos el Bermejo- y arroyos que inciden sobre poblaciones locales. En la misma entrevista, el biólogo y trabajador del Parque, Jorge Baldo decía: “El problema surge ahora cuando la empresa empieza a avanzar sobre locaciones abandonadas, caminos, sobre todo el yacimiento. Hay intenciones por parte de la empresa de evaluar por partes, evaluar cada proyecto, nuestro argumento es que necesitamos una evaluación integral, por todo lo que es impactos acumulativos, efectos sinérgicos. Y conocer el proyecto global para poder hacer una estimación adecuada de los impactos y lograr un compromiso de la empresa en calidad de declaración jurada de remediación de pasivos e impactos existentes, y es lo que no hemos logrado todavía.”[16] Cualquier tipo de mejora, señalaba, ha sido implementada en función de sus propios intereses productivos.

Que ciertas regiones sean declaradas ANPs implica el reconocimiento tácito de que muchas otras porciones de territorio han sido, o son, pasibles de cualquier tipo de explotación. En este sentido, entonces, más que velar por el cumplimiento de la normativa que rige el “funcionamiento” de las ANPs habría que cuestionar las causas que motivan su existencia.