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Vivitos y coleando. Discursos y realidad.

El 21 de mayo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró el nuevo edificio de la biblioteca del Colegio Nacional de La Plata, y aprovechó para dar un discurso atravesado por el énfasis para defender la política económica de su gobierno. Pero también aprovecho para decir: "Hoy, afortunadamente, nadie puede desaparecer de ningún lado; al contrario, estamos todos vivitos y coleando, diciendo lo que pensamos, cantando nuestras consignas, aceptando hasta la injuria, el insulto, el agravio, la descalificación de los que dicen que nos tienen miedo."

No pueden decir lo mismo las 210 personas que están desaparecidas en este país por las fuerzas de seguridad del Estado desde 1983, 78 de ellas bajo el gobierno de los Kirchner, incluyendo los casos más conocidos, como Julio López o Luciano Arruga. La presidenta quiere hacernos creer que la palabra "desaparecido" corresponde a un pasado lejano, que tuvo un punto final el día de la restauración democrática.

Sin embargo, la modalidad de detener, torturar y desaparecer personas nunca fue dejada de lado por las fuerzas de seguridad. Aun sin centros clandestinos de detención o aviones para tirar cuerpos al mar, el estado, a través de los sucesivos gobiernos, sigue desapareciendo personas, que fueron vistas por última vez en el momento de su detención o en una comisaría, y cuyos cuerpos nunca aparecen, o, tiempo después, son encontrados en un río cercano o un baldío, cuando no los entierran como NN o los dejan cerca de las vías del tren para simular un accidente.

En un anterior discurso, el 15 de mayo, en la localidad bonaerense de Ituzaingó, Cristina Fernández también dijo "No va a haber buena Policía si no hay buena Justicia. No va a haber seguridad si no hay buena Justicia." Lo cierto es que no se trata de "buenos y malos", sino del rol que cumplen las fuerzas de seguridad en nuestra sociedad. Su rol es llevar adelante la tarea represiva contra la parte de la población que debe ser disciplinada.

¿Hubo algún momento de nuestra historia en el que no haya sido así, en el que la policía o el uniforme de turno no se dedicaran a reprimir? ¿Existe algún país capitalista donde la policía no reprima? Tenemos que coincidir en algo con la presidenta: es verdad, la justicia y la policía forman parte del mismo aparato y uno sin el otro no pueden existir, porque es la justicia quien avala el accionar represivo, como lo hace cada vez que encarcela a luchadores sociales y cada vez que absuelve a un policía que fusiló a un pibe, como pudimos verlo una vez más el viernes 17 en el Tribunal 3 de Lomas de Zamora, cuando el policía federal Maximiliano Ledezma fue absuelto a pesar de haber fusilado por la espalda a Walter Robles y Leandro Pérez. Pueden tomar una y mil medidas para "democratizar" la justicia, pero los jueces pasan y las leyes contra los que menos tienen y los que luchan, se mantienen.

Para terminar, en el festejo por los 10 años de gobierno kirchnerista, la presidenta volvió a decir: "…somos un gobierno que también nos hemos hecho cargo del costo político que muchas significa no reprimir a un solo argentino porque corta una calle o porque piensa distinto. (…) Yo no voy a ser una presidenta que le de palos a nadie, eso se los puedo asegurar…".

La realidad, una vez más, nos indica lo contrario. Este gobierno, como los anteriores, ha reprimido la protesta social innumerables veces. Muestra de esto son los 21 asesinados en manifestaciones desde 2003, ya sea a través de las fuerzas represivas oficiales como la policía o la gendarmería o tercerizando la represión a través de patotas que se encargan de reprimir sin que esto conlleve un costo político significativo para el gobierno.

Diez años, cientos de discursos y una realidad: 2.224 casos de gatillo fácil entre mayo de 2003 y noviembre de 2012; 21 asesinados por luchar, 78 desaparecidos, más de 100 presos políticos y 4.000 procesados por luchar. Los gobiernos pueden cambiar (o no), pero la forma de hacerle frente a la represión sigue siendo la misma: ¡ORGANIZACIÓN Y LUCHA!.

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Diario de la criminalización de la protesta social en Salta - Marco Diaz Muñoz

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