San Carlos Salta: Intento de desalojo a anciano vallisto

El desalojo de familias y ancianos hace estragos en San Carlos, dejando al desnudo una red de poder e influencias que concentra la tierra y despoja a los salteños más débiles.

La región más extranjerizada de la provincia ahora es foco de interés por parte de la alta suciedad criolla de cara a negocios eco-inmobiliarios (countrys), y pequeñas producciones rurales de políticos y abogados. La alta cotización de las tierras impulsa los procesos. Si bien la escena se repite en los seis departamentos del valle Calchaquí, ahora es el turno de El barrial, donde desalojos e intentos de LANZAMIENTO, según rezan los escritos jurídicos, son motivo de angustia entre personas ancianas y vulnerables, que dedicaron su vida a “agarrar la pala” y “cultivar el suelo para servir a la Patria”, cual mandamiento de la Sociedad Rural.

Hace apenas horas que la cúpula del poder salteño se reunió a firmar un Pacto para Vivir, en forma pública y convocando a las fuerzas vivas, lo que inicialmente es muy loable. Mientras tanto, en el territorio, el precio de la tierra y la expectativa de enriquecimiento no tienen ley ni freno. En esta misma semana fue noticia la Orden de Lanzamiento que emitió el Juez de Paz, Francisco Brabo, en contra de un anciano de 78 años analfabeto (Justo Guanca) quien vive hace medio siglo en el mismo rancho de adobe, del cual ahora ordenan “lanzarlo” al mejor estilo del lejano oeste norteamericano. Por el momento el desalojo pudo ser evitado, pero se estima que tanto el juez de paz como los demandantes (esposo de la intendenta de San Carlos) volverán a la carga sobre las cinco hectáreas reclamadas. La crueldad de la situación se convirtió en noticia viral, porque a nadie con sentido común escapa tamaña brutalidad. Sin embargo, la realidad excede el caso particular de este trabajador octogenario, porque sus vecinos están sufriendo los mismos avances, desde diferentes grupos de poder. Desde el ex diputado Miguel Nanni y hermano, negando (Informatesalta 4/5/23) la orquesta de un corroído sistema judicial, hasta un particular identificado como Carlos Brabo (mismo apellido del juez), todos quieren un pedazo de esta tierra bendecida por el sol y el clima.

El caso de Guanca es solo el conocido en los medios, porque hasta la misma orden fue puesta en duda por la familia damnificada. A partir de este caso, salió a la luz la ausencia total de un catastro general para el mencionado municipio, y por ende el descontrol sobre la nomenclatura de los terrenos, con consecuentes conflictos que van desde la usurpación, hasta la alteración de extensiones de terrenos y documentos. Este caso se conoció por el atropello manifiesto sobre una persona vulnerable, cuando existe iniciado un proceso judicial de Posesión Veinteañal, por medio del cual la familia del anciano reclama la propiedad ante el temor de los desalojos, teniendo en cuenta que algunos de sus vecinos viven la misma situación. Esto incluiría a una anciana, quien habría sido despojada de su vivienda rural sin posibilidad de reclamo, ni defensa.
En el caso Guanca el reclamante de la tierra es Marcelo Tula, esposo de la intendenta de San Carlos, María del Carmen Vargas. Una pelea muy despareja. Por el momento otros se defienden en tribunales, como pueden, sobre todo buscando ayuda legal en Salta, dado que el reducido círculo de profesionales vallistos no representa confianza alguna. En ambos lados del mostrador de la Justicia sureña aparecen los mismos intereses, y su consiguiente poder económico. En el mejor de los casos, las débiles familias demandadas logran la asistencia casi solidaria de algún abogado de la Capital. Caso contrario, aparece al final la calle y la indignidad. La familia de Guanca, hija y nieto, lograron sostenerlo en su casa resistiendo ante la Policía de Salta, para luego denunciar a través de las redes sociales, la existencia de un “supuesto tráfico de influencias o connivencia, entre la justicia y quienes se arrogan propiedad de estos terrenos”.

En este sentido, los colegas de Nuevo Diario de Salta dieron a conocer desde su punto de vista la realidad: “El caso que por estas horas conmociona a San Carlos, comenzó a despertar la atención de otros vecinos y vecinas que denunciaron casos similares, y la imposibilidad de acceder a los planos de sus terrenos en la Dirección de Inmuebles de la provincia de Salta, que a la fecha carece de un plano general, a partir del cual se pueda establecer la correspondiente subdivisión, atendiendo a que este tipo de terrenos presentan cada vez mayor valor, por su ubicación estratégica y turística, situación que podría conducir a cualquier tipo de negociaciones y estafas inmobiliarias”. Una verdadera postal de la otra Salta.

Al menos en otro hecho, que asiste legalmente el abogado radical Humberto Vázquez, se denota claramente un procedimiento de Estafa Procesal en contra de los habitantes rurales, que no es otra cosa que engañar a la justicia para que falle injustamente. Para este fin debieron incluso cometerse otros delitos, como Falsa Denuncia y Falsedad Ideológica. Hasta se presentan Certificados Policiales de Residencia absolutamente imposibles de comprobar, dando que el supuesto residente es el mismo que reclama la expulsión de los verdaderos moradores. Total la justicia es ciega. Por lo menos ante esto. De esta forma se va armando el expediente en los tribunales, sin siquiera conocimiento de los demandados. Luego reciben a la policía en sus ranchos con las ordenes de lanzamiento. El precio de la tierra bien vale ser ruin y desalmado. Ya lo decía hace dos mil años Aristóteles, La única verdad es la realidad. En una pared de zona sur el movimiento literario VEA (viva el arte), lo ratificó a su modo: “Hay hambre en estos valles, mi amor”.

Es evidente que hay hambre de todo, incluso de enriquecimiento a cualquier precio.(el tintero de salta)