Primer avance en el Hábeas corpus colectivo contra el Operativo Roca

Se conoció un paso significativo en el ámbito judicial en torno a la resistencia legal frente a la militarización de la frontera norte de Salta.

El Juzgado Federal de San Ramón de la Nueva Orán emitió una primera respuesta a la acción de hábeas corpus colectivo preventivo impulsada por organizaciones de derechos humanos de la provincia, que busca frenar la implementación del operativo “Julio Argentino Roca”. La medida judicial apunta a proteger a las comunidades fronterizas frente a una posible afectación de derechos fundamentales por la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior.

Con fecha 31 de mayo de 2025, el Juzgado Federal de Orán emitió una resolución que constituye el primer avance concreto en la causa. En ella, no solo toma conocimiento de la acción judicial presentada, sino que da curso formal al trámite. Esto implica que la demanda no fue rechazada in límine, sino que ha sido considerada lo suficientemente sólida como para iniciar una investigación. El juez, tras recibir el dictamen del Fiscal Federal Dr. José Luis Bruno Romero —quien avaló la competencia del Juzgado de Orán para entender en el caso—, ordenó requerir al Ministerio de Defensa de la Nación información detallada sobre aspectos clave del operativo militar. Esta solicitud de informes marca un hito: la justicia exige respuestas sobre procedimientos hasta ahora reservados, cuestionados por su opacidad y su potencial impacto sobre derechos ciudadanos.

Los tres puntos requeridos al Ministerio que encabeza Luis Petri son:

1. Estado de implementación del operativo “Julio Argentino Roca”: se solicita especificar si el operativo está en marcha, y en qué localidades concretas se están desplegando efectivos militares.

2. Contenido de las “Reglas de Empeñamiento”: este documento, clasificado hasta la fecha, establece los lineamientos bajo los cuales las Fuerzas Armadas pueden hacer uso de la fuerza. Las organizaciones denunciantes advierten que estas reglas podrían legitimar detenciones sin control judicial.

3. Protocolo ante detenciones de civiles por militares: el juzgado exige claridad sobre cómo se procederá si las Fuerzas Armadas detienen personas, teniendo en cuenta que rige en la jurisdicción un nuevo sistema acusatorio que impone estrictos controles judiciales en toda aprehensión.

Un gran avance”, según el abogado Martín Plaza

El abogado patrocinante de la acción judicial dialogó con Nuevo Diario y valoró el paso judicial como un logro significativo: “Por suerte ya dictaminó la Fiscalía Federal a cargo del doctor Romero. Dictaminó que es competente el Juzgado de Orán para atender la acción. Y respecto a la procedencia, previo a emitir opinión definitiva, el juez pidió que el Ministerio de Defensa informe si ya está vigente el operativo y en qué localidades; cuál sería el procedimiento ante detenciones de civiles, y el contenido de las reglas de empeñamiento, que hasta ahora están bajo reserva. Ya es un gran avance”, afirmó Plaza. El abogado también sostuvo que esperan que el juzgado declare la inconstitucionalidad del DNU 1.112 y la Resolución 347: “Son manifiestamente violatorios de garantías constitucionales básicas del sistema republicano. Poseemos argumentos jurídicos sólidos para impedir que se habilite a las Fuerzas Armadas a intervenir en seguridad interior y detener civiles, algo que no contempla la Ley de Defensa Nacional ni la Constitución”.

Un freno legal ante una amenaza inminente

La acción judicial cobra fuerza frente a lo que las organizaciones describen como una amenaza cierta, real e inminente contra derechos fundamentales como la libertad ambulatoria, la integridad física y el debido proceso legal. La presentación no sólo exige suspender la aplicación del artículo 11 del DNU 1.112/2024 —que menciona la posibilidad de detenciones en flagrancia por parte de militares— sino también que se declare inconstitucional cualquier normativa que implique que las Fuerzas Armadas asuman roles policiales. “Esta normativa habilita a los militares a detener personas sin intervención judicial. Es una grave violación al principio de legalidad y al derecho a la defensa”, expresó Plaza.

La acción también denuncia el riesgo de que, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, el gobierno esté aplicando una política de seguridad orientada al control social sobre poblaciones vulnerables, tales como bagayeros, migrantes, comunidades indígenas y pequeños contrabandistas de subsistencia.

La presentación fue realizada por organismos como Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales de Salta, H.I.J.O.S., la Asociación Coca Gallardo y la Asociación Miguel Ragone, patrocinados por el abogado Martín Plaza. (n.d.)