Jujuy: Pueblos envenenados con plomo denuncian el avance minero

Integrantes del pueblo kolla nucleados en la Departamental de Cochinoca denuncian el avance del proyecto Mina Kaia 31 en territorios indígenas.

Afirmaron que afectaría el agua que es escasa pero también generaría más contaminación en un pueblo que ya tiene un grave antecedente con la fundidora Metalhuasi. La diputada de la izquierda Natalia Morales cuestionó en la sesión de la Legislatura el accionar ilegal del Gobierno de Jujuy que motoriza los proyectos violando derechos de las comunidades.

Desde la organización afirman que no se conoce los proyectos existentes a nivel de cuenca, y el estado actual de los mismos. “Nos aflige de sobremanera la gravedad que este tipo de proyectos que conllevan en cuanto a la escasez del recurso hídrico vital en la puna y la contaminación ambiental/humana en una zona que cuenta con el grave antecedente de Metal Huasi en Abra Pampa, población cabecera del departamento", sostuvieron.

La legisladora del PTS FIT, Natalia Morales, apuntó en la última sesión contra el accionar del Gobierno de Jujuy y el Estado provincial que se contradice con la limitada información provista y solicitada por el bloque de izquierda.

"Llama la atención que los únicos procesos de consulta previa a las comunidades indígenas que la Secretaria de Pueblos Indígenas del Gobierno de Jujuy, Yolanda Cruz, acompañó, son las comunidades de Lipán y Rinconadillas, que justamente dieron el aval a las mineras", sostuvo. "Como plantean desde las comunidades, los avales se llevan adelante de forma irregular, sin contemplar de conjunto a las comunidades que viven en una misma cuenca, sin informar, a espaldas de quienes pueden verse afectados".

También sostuvo que la misma Secretaria de Pueblos Indígenas reconoce que el territorio que abarca la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc incluye una demarcación, anexada con un mapa, de parte del departamento de Yavi, centro, este, sur, como también casi la totalidad del departamento de Cochinoca, norte, este, centro, sur, y suroeste, incluido la zona de demarcación del Proyecto “Mina Kaia 31”, Expediente 1409-CH-2010, que cuenta incluso con un Estudio de Impacto Ambiental para la Etapa de Exploración conocido recientemente.

"El Estudio de Impacto Ambiental de la empresa para el proyecto de exploración, que consiguieron desde las comunidades informalmente, carece de un análisis acumulativo y a nivel de cuenca con participación real de las personas que habitan y viven en el territorio, que además de derechos ciudadanos, tienen derechos de preexistencia como pueblos originarios, reconocidos por la Constitución Nacional, que debe reconocer la provincia, y que expresan su desconocimiento y rechazo ante el avance inconsulto", apuntó la diputada.

Comentó que desde el bloque del PTS FIT presentarán proyectos de pedidos de informes y de suspensión de la actividad por todas las irregularidades planteadas. "Fue el mismo Secretario de Minería e Hidrocarburos de la provincia, Ing. José Gomez, que responde una nota solicitada por el bloque donde afirma que no figura ningún proyecto de exploración en la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, departamento Cochinoca, para litio, boratos y minerales críticos, que coincidan con los datos que figuran en el Estudio de Impacto Ambiental, del Proyecto Kaia 31".

"Queda en evidencia entonces que el Estado provincial no viene garantizando el derecho a la Consulta previa, libre e informada, de todas las comunidades afectadas ante un proyecto de exploración que afecta una cuenca endorreica, y por ende a todas las comunidades que viven en ese territorio, como también el derecho y el acceso a la información ambiental, establecido en el Acuerdo de Escazú, pero también acciona contra los fallos reconocidos, donde se obliga al Estado a llevar adelantes estudios hidrogeológicos a nivel de cuenca, ligados a una línea de base, que implica Estudios de Impactos Ambientales acumulativos, para tener elementos previos de la incidencia que puede tener un proyecto, con la información y el consentimiento de las comunidades indígenas". (L.I.D)