Víctima de violencia física, sexual y psicológica, una docente de nivel inicial, madre de cuatro hijos fue revictimizada una y otra vez por las instituciones que debían defenderla.
Por más de seis años, G. luchó contra un sistema judicial que, lejos de protegerla, avaló la impunidad de su agresor. Hoy, junto a sus hijos y perros, viven en su vehículo estacionado en una plaza ubicada en la zona norte de la capital salteña.
Desde el 2019, la víctima viene denunciando a su ex esposo por violencia física, sexual y psicológica, así como por el abuso de sus dos hijas, en ese entonces menores de edad “son más de 40 denuncias las que hice, y la justicia termina protegiendo a este hombre”, manifestó la mujer a InfoSalta.
Y agregó: “al principio fui al Polo de la Mujer, a la OVIF, también a pedir un defensor oficial pero nadie me apoyó, en el Poder Judicial me decían que como tenía recibo de sueldo no me podían asistir, pero no podía ni pagar un abogado, tengo a mis hijos estudiando en la UBA y de todo eso solo me hago cargo yo, él jamás pasó cuota alimentaria”.
Actualmente, estoy endeudada, todavía tengo que pagar las boletas de los servicios de esa casa, que construí con esfuerzo”, se lamentó la mujer.
Sin embargo, en lugar de encontrar protección, G. y su familia fueron desalojados de su hogar por orden de la Jueza Ada Zunino y ahora sobreviven en un auto, enfrentando el abandono institucional y el frío de la indiferencia.
“Él nunca trabajó, pero tiene amigos en el poder judicial, y un primo que es Juez de Garantias. A mí y a mis hijos nos dejaron en la calle mientras él sigue en nuestra casa”, dice la mujer, quien lucha por justicia para sus hijas y contra un sistema que protege a su agresor (58)
La violencia que comenzó durante su matrimonio de 15 años y culminó en un fin de semana de terror en 2019, cuando esta madre de 51 años sufrió tres días consecutivos de golpizas y agresión sexual. Fue entonces cuando denunció, logrando que se dictara una restricción de acercamiento que su ex marido violó más de 15 veces sin consecuencias legales.
Según la mujer, pese a las pruebas, testigos y a las denuncias, en ese entonces, la Jueza Valdéz le dijo en una audiencia: “que no lo excluyó de la casa porque ‘¡pobre hombre, no tiene dónde vivir!’”, recuerda.
Los abusos que la justicia no quiso ver y violencia institucional otra vez
El 25 de diciembre de 2022, la menor de las hijas reveló las violaciones que había sufrido desde los 13 años: su padre le suministraba somníferos en las bebidas, la llevaba a la cama y la agredía sexualmente. Su hermana mayor, quien también habría sido víctima de abuso durante su adolescencia, confesó entre lágrimas que no habló en su momento porque “prefería que fuera ella antes que su hermanita”, declaración de la joven ante la fiscalía.
La denuncia incluyó lesiones certificadas por el médico legal además detalles de la violencia ejercida contra sus hijos, de entre 16 y 20 años. Aunque los detalles fueron confirmados en Cámara Gesell, el Auxiliar Fiscal Martearena de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual N°4, se negó a ordenar la detención del abusador, argumentando que “no tiene antecedentes”.
Al ser notificada de esta situación fui a hablar con el fiscal Pablo Rivero, que me dijo que no tenía conocimiento del expediente, pero que ordenaría una nueva Camara Gesell a mi niña”, declaró a este medio G.
En una de las tantas veces que fueron al Poder Judicial la docente cuenta: “Le preguntaron a mi hija si ella lo provocaba”. Y una abogada de la UDIS 4 me dijo que “debería estar feliz porque no hubo defloración en mi hija menor”, manifestó con impotencia la víctima.
Pero, mientras G. buscaba justicia, según su testimonio “su agresor utilizaba sus influencias en el Juzgado de Garantías N.º 7 dónde el Juez es su primo, y así presentaba ‘denuncias falsas’ para evitar las consecuencias de sus actos”.
Y como si no bastara con las violencias sufridas, el 18 de diciembre de 2024 la Jueza Zunino ordenó el desalojo de la vivienda familiar porqué considera que es “usufructo vitalicio”.
A pesar de las pruebas de la donación del inmueble a sus hijos y las constantes violaciones a la perimetral, la justicia falló en contra de esta golpeada familia, dejando a las víctimas en situación de calle y al agresor ocupando la vivienda.
”Mi hija menor pasó su cumpleaños en la calle y un perro la mordió en el pie. No pudimos ni sacar los colchones de la casa; la policía los devolvió al interior por orden de mi ex marido que gritaba en pleno desalojo. Es una humillación constante”, asegura G.
“Lo único que quiero es que lo metan preso. La casa ya no me importa, pero no puedo seguir viendo cómo mis hijos sufren y cómo la justicia los abandona”, concluyó la mujer.
Este es uno de los tantos casos desgarradores que lamentablemente desde InfoSalta exponemos casi a diario, dónde las falencias de un sistema judicial que prioriza los derechos del agresor sobre los de las víctimas.
Mientras tanto G. junto sus hijos sobreviven en condiciones inhumanas, y su abusador continúa libre, y protegido por las mismas instituciones que deberían garantizarles justicia.(Infosalta)
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