El ex juez federal que criminalizo la protesta social en la provincia de Salta en la década del 90, hoy juez de la Corte Abel Cornejo, responsable de ordenar sistemáticas represiones sobre población civil en las protestas populares realizadas por excluidos en la ciudad petrolera de Gral. Mosconi, expreso en un comunicado oficial “que la justicia no debe ser sorda a los reclamos de la sociedad”.
Para Cornejo “La justicia del siglo XXI tiene que ser sorda a las presiones pero no a la sociedad”, enfatizó Cornejo quien consideró que la agenda política tiene que poner entre las prioridades revisar “qué tipo de jueces queremos”.
También dijo: “debe existir celeridad y es necesario instrumentar plazos judiciales en todas las instancias para no generar desazón en quien espera respuesta ante un problema que tiene y debe resolverlo en el ámbito judicial. Asimismo indicó que “no hay que asustarse con los cambios sociales” en momentos en que se percibe una “demanda ciudadana” que exige otro tipo de respuestas.
Ante estas declaraciones emitidas por Abel Cornejo, en un comunicado oficial desde el servicio de prensa del poder Judicial de la provincia de Salta, consideramos desde la Agencia de Noticias Copenoa, colectivo periodístico del norte argentino, que es imprescindible poner a disposición de nuestros lectores, el accionar de este magistrados contra la protesta social, de la cual participaron los sectores más débiles del sistema, en reclamo de trabajo, salud y educación, recibiendo del poder ejecutivo, y judicial a cargo de este en esos años, la opresión al grito de los excluidos con represión, tortura, detenciones y asesinatos.
La Agencia de Noticias Copenoa transcribe el pedido del pueblo de Gral. Mosconi, del cese de la cruel represión ordenada por el ex juez Abel Cornejo hoy mimbro de la Corte de Justicia, propuesto por el actual gobernador Juan Manuel Urtubey. Cornejo desoyó la desesperada petición de pasificación, prosiguiendo con las detenciones, torturas y la violencia ejercida por el estado contra la población civil, que reclamaba, trabajo, educación y salud.
Pedido formal del pueblo a cornejo para que detuviera la represión
En el atardecer del 18 de junio del 2001, mientras la gendarmería seguía disparando a los pobladores estos, en una asamblea daban a conocer una nota enviada al juez federal Cornejo, en la que le solicitaban que terminase con la represión:
“Los abajo firmantes, vecinos autocomvocados del pueblo de Gral. Mosconi, ante la grave situación reinante en la localidad nos dirigimos al Sr. Juez Federal de Salta Dr. Abel Cornejo, para solicitarle el fin de las acciones de las fuerzas de seguridad, con el compromiso similar de la otra parte hasta la presencia inmediata de las autoridades provinciales y nacionales en nuestra ciudad. A la espera de que nuestro pedido tenga en vuestra señoría el eco que toda la comunidad espera para recuperar la tranquilidad que la población en general reclama, lo saludan atentamente pobladores de Gral. Mosconi”.
Golpes, torturas y violaciones: los instrumentos del orden.
Los medios ilegales abalados por Cornejo cuando se desempeñó como juez federal contra la población civil en Gral. Mosconi en la provincia de Salta para alcanzar sus fines, determinar ante la opinión pública que los desocupados que protestaban sobre la ruta nacional 34 incurrían en los delitos de sedición, tenencia de armas y que en la zona de conflicto social se evidenciaban un estado de quebrantamiento institucional que ponía en riesgo el Estado, tal como sucediera durante la Dictadura Militar, lo que determina el pensamiento de este magistrado, siendo que los habitantes de Gral. Mosconi estaban peticionando y solicitando que el Estado garantice, el derecho al trabajo, salud y vivienda en una pueblada.
El caso del joven Edgar Cabrera, quien fuera torturado para que acusara a integrantes de la UTD por tenencia de armas, es un claro ejemplo de lo narrado aquí.
Cabrera, es un discapacitado, no sabe escribir ni firmar, y cuando lo hace utiliza su dedo, el mismo con el que supuestamente se rubrica su declaración testimonial. La misma, según denunciaran la víctima y su madre, la redactó un gendarme. Consecuentemente, su abogada la Dra. Mara Puntano pidió la nulidad del acta labrada, la que fue denegada por Cornejo. Luego La Cámara Federal Salteña, haría lugar a la presentación y los informes psiquiátricos de Cabrera presentados por Puntano, ordenando a Cornejo que desestimara la misma por ilegal
También varios integrantes de gendarmería detuvieron y golpearon a los camilleros del hospital de Mosconi, Fernández y Sergio Espinosa. Luego Espinosa reconocería al segundo comandante de gendarmería La Colina como a uno de sus verdugos.
El terrible caso de violación a un poblador con un bastón
antidisturbios, además de los numerosos testimonios de torturas, simulación de ejecuciones y aplicación de descargas eléctricas, fue registrado por la abogada de Derechos Humanos no gubernamental Mara Puntano, quien envió un informe a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. (El posterior informe anual 2002 de Amnesty Internacional daría cuenta de la preocupación de la organización por las violaciones a los derechos humanos en General Mosconi, provincia de Salta).
Violación a la Convención contra la Tortura
El ex juez Federal Abel Cornejo con jurisdicción Federal en la provincia de Salta, hoy miembro de la Corte de Justicia de esta provincia, violó la ley 23.338, que ratifica la Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, firmada el 4 de febrero de 1985 por el gobierno argentino.
Dicha convención detalla en su artículo 15: "todo Estado parte se asegurará de que ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura puede ser invocada como prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de una persona acusada de tortura como prueba de que se ha formulado la declaración."
Durante la represión de mayo de 2001, donde fueron asesinados los civiles Barrios y Santillán, Cornejo y Gendarmería nacional, vulneraron todos los derechos garantizados por la constitución, tanto nacional como provincial, y por los pactos internacionales de los cuales Argentina es firmante. Destacándose como hecho flagrante la aplicación de la tortura como método para forzar declaraciones falaces.
Torturas a menores de edad.
Los siguientes testimonios, recogidos el 17 de junio de 2001 en Gral. Mosconi, dan cuenta de estas aberrantes violaciones a los Derechos Humanos.
Ariel Cuellar, de dieciocho años, cuenta lo que le sucedió a él y sus compañeros:
“A mí me detuvieron el miércoles a la madrugada. Cuando me agarraron me tiraron al suelo y me patearon, mientras me preguntaban dónde estaban los cabecillas; cuando les contestaba que no sabía me pegan nuevamente. Luego me pasaron a un camión, me picanearon y me seguían preguntando por los líderes. Ahí me tuvieron toda la noche. “Después nos pasaron a otro vehículo, un camión con celdas en el que me pusieron nuevamente la picana. Éramos cuatro, un chango de Tartagal y los otros, que eran menores.
Los gendarmes me decían que yo tenía un padrino que era gendarme, y yo les contestaba que no, entonces remontaban el arma y me apuntaban; me decían que me iban a meter un tiro si no les decía dónde estaban Piquete y Pepino y las armas. Yo les contestaba que habían hondas pero no armas; luego vino otro gendarme y me repetía dónde está Pepino y me golpeaba la cabeza contra la chapa y me repetía la pregunta: ’¿dónde están?, contestá, hijo de puta, decí la verdad, ¿dónde están?’, mientras mis manos estaban atadas y yo estaba en una celda del camión.
“Después vino otro gendarme, me escupió la cara y me pego piñas en todo el cuerpo y en el rostro. ’Te vas a quedar unos cuantos años preso si no hablás’, me decía.
“La picana me la aplicaron en la cintura, junto al otro chango de Tartagal; uno nos picaneaba, y para que no salte con la electricidad me golpeaban en los tobillos y en las piernas. Entonces ya no me podía parar, y en el suelo de chapa del camión me picaneaban en la cintura. Quería verles las caras, pero me golpeaban amenazándome que si los miraba a la cara me iban a matar de un tiro. Estaba sangrando mucho, me rompieron la cara y la nariz, y por la boca también perdía sangre.
“Los gendarmes que me golpeaban eran jóvenes de veinte a treinta años, con tonada santiagueña, del litoral; uno me parece que era cordobés. Éstos después nos ordenaron que nos bajáramos los pantalones: ahí me golpearon nuevamente y ya no me podía parar. Los menores de edad tenían uno trece y el otro quince; a ellos también los golpearon. Recuerdo que vi un portón blanco, unos eucaliptos y una ambulancia… en ese lugar estaba el camión en donde nos torturaban. Estuvimos todo el día sin atención médica y yo todo ensangrentado.
Falsa acusación a un discapacitado.
Edgar Cabrera, de veintidós años, es discapacitado. A pesar de su difícil situación y su limitada movilidad, los gendarmes no tuvieron inconvenientes en culparlo absurdamente de francotirador. Este es su testimonio:
“Me preguntaban ‘¿Conque vos sos piquetero?’, y me decían ’vos andas con el FAL, sos un francotirador’. Yo les contestaba que no, pero ellos seguían insistiendo. La verdad es que no tengo antecedentes, nunca caí en la policía.
“Cuando me detuvieron recuerdo que arrancaron una manguera para pegarme y me llevaban ahorcándome con un pañuelo; con una honda me tiraban piedras que me golpeaban el cuerpo, y después me pegaban piñas y patadas. Luego me dicen que suba al jeep, y les contesto que no puedo, entonces otro gendarme me dice ’¿querés que te ayude?’; cuando veo que tenía un palo trato de subir, y los milicos que estaban arriba me recibieron a patadas en la cabeza, en las costillas, en todas partes. Estaba tan mal que ya no sentía mi boca.
“Me llevaron hasta la Gendarmería de Mosconi. Cuando llegué, un gendarme dijo que yo era un francotirador, y ahí me agarran nuevamente a las patadas: me salía mucha sangre. Quería levantarme, pero de los golpes que me daban no podía. Un gendarme de tonada porteña me decía ‘¿conque no te vas a levantar?’, y me pateaba.
“Después me llevaron a la Gendarmería de Tartagal. En ese lugar me dijeron que me bañara; cuando estaba en el baño comenzaron a torturarme con dos cables pelados. Ellos me decían que con eso me iban a dar corriente, y comenzaron a golpearme de nuevo; a uno de los que me pegaba le decían comandante. Después vino una doctora para verme, pero uno de los gendarmes le dijo que se retire y me volvieron a encerrar. Estaba esposado, y así estuve tres días en el calabozo.
“En Gendarmería me querían obligar a declarar y firmar en un papel en blanco. Tenía que decir que Pepino Fernández, Chiqui Peralta, Piquete Ruiz y Aldo Fernández tenían armas, y que Pe¬pino Fernández me había amenazado con un arma. Yo me negué a firmar, entonces me preguntaron si sabía firmar, y no, no sé firmar, tampoco sé leer ni escribir. Entonces vino un gendarme y firmó por mí.
Gendarmería usó balas de guerra con la autorización de Cornejo
Iván Dorado Durante la feroz represión Iván Dorado recibió un disparo de arma de fuego con un proyectil de cono truncado o bala mota con orificio de entrada en la región del omóplato izquierdo, lo que provocó la fractura del mismo y una lesión medular en la columna dorsal, que al impactar con su estructura ósea explotó y originó la diseminación de las esquirlas del proyectil.
En el informe médico se destacan “múltiples esquirlas metálicas y óseas en hemitorax izquierdo en región dorsal del tórax y en columna dorsal, fractura del omóplato izquierdo y arcos costales izquierdos sexto, séptimo y octavo”.
En la columna dorsal se observaron múltiples esquirlas óseas y metálicas. Al consultarse a los facultativos del nosocomio y a especialistas en balística, éstos lo atribuyeron a que el proyectil era de los denominados dun-dun, preparados y utilizados especialmente en estado de guerra.
El 4 de julio se ordena la detención de Dorado, acusado de ser uno de los supuestos francotiradores civiles que disparó a los efectivos de Gendarmería Nacional; se agrega en el escrito correspondiente que debía ser trasladado al juzgado en carácter de incomunicado. Iván Dorado aquel día seguía internado en el Hospital San Bernardo con la mitad de su cuerpo paralizado, con diagnóstico de paraplejia por lesión de columna y médula. En ese momento se le realizaba una fisioterapia psicomotora con apoyo psicológico, según el informe médico firmado por los doctores Raúl Montivero, M.P. 1507, y la licenciada en fisioterapia Alicia Pilas, M.P. 139.
La presencia de los francotiradores pertenecientes al grupo de elite de gendarmería fue negado por autoridades del estado provincial como federal y por las fuerzas intervinientes (gendarmería), hecho desmentido por las imágenes tomadas por el periodistas Marco Díaz Muñoz que luego serán emitidas por los canales América, CVN y Canal 9 de TV, en donde se ve claramente a los francotiradores con sus rostros encapuchados disparándole a los pobladores desde los tanques de combustibles.
Las pericias balísticas confirman que Barrios y Santillán fueron asesinados balas disparadas por Gendarmería
Las pericias demuestran que las balas que asesinaron a Barrios y Santillán durante la represión ordenada por el juez federal Abel Cornejo el 17 de junio del 2001 fueron producidas por una misma arma de un integrante del cuerpo especial de Gendarmería Nacional. El magistrado había ordenado el cambio de postas de gomas por balas de plomo según consta en el expediente.
Del análisis de los fragmentos de balas extraídos a los cadáveres de Oscar Barrios y Carlos Santillán la pericia balística realizada concluyo que corresponden a dos o más proyectiles disparados por una misma arma de fuego, que se encuentra dentro de los parámetros del calibre utilizados por parte de Gendarmería Nacional de armas que guardan relación con el resultado de la pericia médica y las filmaciones aportadas durante los incidentes y del informe de Gendarmería Nacional donde se da cuenta que el personal a cargo de la recuperación de la ruta estuvo asistido el 17 de junio del 2001 por un grupo que poseía mayor capacidad de maniobra e instrucción, y provisto de armas especiales.
Asesinos sueltos en una fuerza nacional y la responsabilidad del Juez
El 15 de diciembre del 2005 se solicitó en la causa donde se investigan los asesinatos de Barrios y Santillán por vía judicial que Gendarmería Nacional informe “él o los nombres de los integrantes del grupo de apoyo especial que opero el 17 de junio de 2001 en la localidad de General Mosconi en el desalojo de la ruta nacional Nº 34 y oportunamente se les reciba declaración indagatoria”. La que esta la fecha nunca se informó en la causa.
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