Salta: En Audiencia Pública negaron el ingreso a comunidades de la Nación Diaguita

Fue durante la Audiencia Pública por el proyecto de reforma y unificación del Código Civil y Comercial de la Nación, realizada en la Legislatura de la provincial de Salta.

La Nación Diaguita contó con presencia orgánica de las comunidades Diaguitas Kallchakí de La Paya, El Algarrobal, El Divisadero, Cholonka de Campo Belgrano, Juan Kallchakí, Potrero de Díaz, Las Pailas, Molinos (Base Hualfín, Tacuil), La Laguna, La Puerta, Tolombón del valle de Choromoros (Tucumán), entre otras.

“váyanse porque vamos a traer más gente para que los saquen”
Una vez más se evidenció el intento de negación al reconocimiento y la participación como Pueblos Originarios por parte de las autoridades provinciales cuando intentaron frenar el ingreso de las autoridades indígenas al recinto legislativo, bajando la orden de cerrar las puertas de ingreso, “son órdenes de arriba” gritaba uno de los responsables de apellido Figueroa, agregando, “váyanse porque vamos a traer más gente para que los saquen” en referencia a la fuerza policial que custodiaban e impedían el ingreso. En el recinto se comenzaba con las ponencias y nuestros hermanos inscriptos sin poder ingresar a las salas, mientras el gobernador de la provincia, Dr. Juan Manuel Urtubey asistía a la apertura de la misma. Ante las denuncias de las autoridades indígenas que pudieron ingresar al recinto, los responsables de la Bicameral pusieron orden a la convocatoria y bajaron para explicarles a los “porteros” responsables de la guardia de ingreso, “esto es una audiencia pública señores”.

Esto evidencia en la provincia, el poco ejercicio de la vida democrática y el marco del derecho ciudadano ya que los inconvenientes se siguieron suscitando principalmente en el ingreso de la sala C, donde estaban la mayoría de nuestros hermanos expositores.

La participación como Pueblo Nación

El Pueblo Diaguita a partir de cada uno de sus voceros, fue dejando en claro el acompañamiento, la participación activa, propositiva y movilizada, para garantizar el Derecho Indígena en este hecho histórico que implica la Reforma y Unificación del Código Civil y Comercial – Inclusión de la Propiedad Comunitaria Indígena como Derecho de incidencia Colectiva. Fue momento también para comunicar a las autoridades de la Bicameral la situación de emergencia Territorial que se vive en cada valle y la falta de aplicación en la provincia de la legislación en materia Indígena.

Personería Jurídicas

Una de las denuncias centrales fue la negación e inacción respecto al registro de las personerías jurídicas. La provincia desde el 2007 tiene la responsabilidad de registrar las solicitudes de inscripción presentadas por los Pueblos Originarios, el convenio firmado con el Instituto de Asuntos Indígenas – INAI, el cuál pretendía flexibilizar el trámite, dicho convenio solo ha generado más demoras y acrecentó la deuda del Estado con los Pueblos Originarios, tensando la relación de dialogo y de convivencia armónica.

La Justicia y el Derecho Indígena

Las audiencias permitieron a las autoridades Diaguitas denunciar las persecuciones Judiciales sistemáticas que se viven en los Territorios, con la visible connivencia de los sectores de poder en desmedro de los Pueblos Originarios, con la complicidad e inoperancia de las autoridades locales, responsables de brindar seguridad territorial y las garantías constitucionales de vivir en paz en nuestros Territorios.

La persecución de los jueces que violan la Constitución Nacional

Se dejo en claro la persecución de los jueces como-. MónicaFaber, responsable de emitir la orden de desalojo en la Comunidad OriginariaDiaguita Kallchakí “Las Pailas”, que provocó el ataque más violento y “bárbaro” sucedido en Territorio de Cachi, en clara violación de la Constitución Nacional, a la 26.160 y su prorroga 26.554 - ley de orden público, este ataque lo llevo adelante la fuerza pública, violentando las viviendas, sacando las pertenecías de los comuneros para cargar en móviles y vehículos contratados retirándolos fuera de territorio comunitario, mientras una topadora arrasaba con las viviendas y los sembradíos, al mando de Alancay tractorista de Carlos Robles, agente inmobiliario al cuál pretendió favorecer la jueza.

Las autoridades de El Divisadero, pusieron en evidencia la clara y manifiesta intención de desconocer el marco del Derecho Indígena por parte de la jueza Toranzo al firmar sistemáticamente ordenes en contra del derecho colectivo, y donde el pueblo Diaguita debe librar la lucha por vivir en paz en propio territorio, arriesgando la integridad física en defensa del patrimonio identitario y ancestral.

La comunidad El Algarrobal denuncio a Roberto Duran terrateniente de la zona, quien dice ser el dueño del territorio que habita desde siempre el Pueblo Diaguita, sosteniendo la posesión ancestral y actual del territorio. Duran, mediante aprietes, amenazas, persecución, hostigamiento, trabas jurídicas y amenazas de desalojos, impide la instalación de la Toma de agua que va a proveer de la misma a todo el resto de las comunidades y vecinos de la zona, este proyecto de agua potable a sido gestionado por la comunidad a través del área de Agricultura Familiar. “el agua es un derecho básico para la vida humana, es deber del Estado generar las condiciones para el acceso al mismo, por la tanto exigimos a las instituciones responsables la inmediata intervención para resolver esta grave situación”.
Dejando en claro además, “que existe un sector social al cual responden profesionales vinculados al sistema jurídico, quienes pretenden considerar como meras expresiones de deseos a los Derechos Indígenas reconocidos en la Constitución Nacional y los Tratados internacionales”.

Las vocerías Diaguitas refrendaron el derecho como pueblo Nación Preexistente, con organización institucional y voz propia, hermanados a un irreversible proceso de autoreconocimiento y organización, que viven los Pueblos Originarios a nivel continental.