La sentencia Lhaka Honhat como salvavidas para evitar los desalojos de originarios

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Lhaka Honhat contra Argentina, emitida en 2020, constituye un hito histórico en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

Este precedente adquiere una relevancia renovada en el actual contexto político, marcado por la derogación de la prórroga de la emergencia en materia de tierras por parte del presidente Javier Milei, lo que expone a las comunidades originarias a desalojos inminentes.

Las comunidades originarias se encuentran en alerta.

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Lhaka Honhat contra Argentina, emitida en 2020, constituye un hito histórico en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

Este precedente adquiere una relevancia renovada en el actual contexto político, marcado por la derogación de la prórroga de la emergencia en materia de tierras por parte del presidente Javier Milei, lo que expone a las comunidades originarias a desalojos inminentes.

Cabe recordar que este fallo reconoció el derecho al territorio ancestral de más de 130 comunidades indígenas en Salta, pertenecientes a los pueblos Wichí, Chorote, Chulupí, Tapiete y Nivaclé.

El fallo Lhaka Honhat es la primera ocasión en que la CIDH reconoce expresamente la propiedad comunitaria de un territorio indígena en Argentina, basándose en normas internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este tratado, ratificado por Argentina en 1992, garantiza derechos fundamentales, entre ellos el reconocimiento de la propiedad tradicional, la consulta previa ante proyectos que puedan afectar sus territorios y la protección de los recursos naturales esenciales para su subsistencia.

El caso tuvo origen en el departamento de Rivadavia, provincia de Salta, donde comunidades indígenas lucharon durante décadas por la titularidad de sus tierras frente a intereses privados y estatales. Por años estas comunidades fueron víctimas de despojos, deforestación y falta de acceso a bienes esenciales. En 1998, la Asociación Lhaka Honhat presentó una demanda ante la CIDH, denunciando un patrón de vulneraciones sistemáticas, incluidas la ausencia de consulta previa y la destrucción de su entorno natural. Tras más de dos décadas de litigio, la Corte dictó su sentencia en 2020, ordenando al Estado argentino garantizar la entrega del título de propiedad comunitaria y adoptar medidas para garantizar el acceso a agua potable, alimentos y servicios básicos.

Frente a la amenaza de Milei

Sin embargo, a pesar de la importancia del fallo, su implementación sigue siendo incompleta. La decisión de Milei de derogar la emergencia en tierras indígenas, establecida en 2006 y prorrogada varias veces desde entonces, agrava la situación. Esta emergencia había sido una herramienta clave para frenar desalojos en territorios ocupados tradicionalmente por comunidades originarias. Ahora, estas comunidades enfrentan nuevamente la amenaza de ser expulsadas de sus lugares ancestrales.

El fallo Lhaka Honhat es más que un reconocimiento de derechos; es un escudo legal frente al avance del extractivismo y las violaciones territoriales. En un contexto político que prioriza intereses económicos neoliberales sobre los derechos colectivos, este precedente reafirma que las comunidades indígenas están protegidas por el derecho internacional.

Los gobiernos tienen la obligación de cumplir con estos mandatos, garantizando que la justicia no sea subyugada por el mercado. (n.d.)