Día de la Diversidad Cultural: 12 de octubre con nuevo nombre, pero con viejas realidades

Hace 13 años en Argentina, el “Día de la raza” pasó a ser el “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”. La represión este año en Jujuy a las comunidades originarias en el marco de la reforma constitucional de Morales y el PJ, junto a la que sufre hace años el pueblo mapuche en la Patagonia muestran que a pesar del cambio de nombre del feriado, el Estado argentino sigue sin respetar los derechos más elementales de los Pueblos Originarios.

Hace ya 13 años que el “Día de la raza” de nuestra infancia se convirtió en el “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, en nuestro país, a instancias del INADI.

En muchos países de América, la llegada de Colón al continente se recuerda de diversas formas, desde “Día de la descolonización” o “Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural”. En otros “Día para repudiar el Colonialismo”, pasando por el “Día de la Resistencia Indígena”, hasta llegar a otros donde se conoce como “Día del Encuentro de Dos Mundos” o “Día del Descubrimiento de América”, e incluso “Día de Colón” o “Día de la Hispanidad”. También, en algunos lugares se conmemora el 11 de octubre como el "Último día de libertad y soberanía de los pueblos originarios de América".

Sin embargo, pese a que los derechos de los pueblos originarios son reconocidos en la Constitución Nacional y en múltiples tratados internacionales, el trato recibido por parte del Estado no se distingue demasiado del dado por los colonizadores europeos hace más de cinco siglos.

El Estado Nación Argentino, se consolidó gracias al genocidio Indígena

Mediante la apropiación de la Patagonia, el Estado Argentino aumentó enormemente su territorio. Hasta 1871, en los manuales escolares donde se representaban a los países de América, se veía claramente que la Patagonia era considerada un país diferente, limítrofe con la Argentina. Sin embargo, “campaña del desierto” mediante, Julio Argentino Roca anexionó con el uso del Ejército este territorio, para lo cual cometió un auténtico genocidio de los pueblos que vivían allí. Durante el siglo XIX la “la lucha contra el indio” fue la base para la conformación de la gran propiedad terrateniente, clave del modelo primario-exportador.

Como se argumenta concisamente en “Historia de la crueldad argentina”, libro coordinado por Osvaldo Bayer, las acciones del Estado buscaron eliminar físicamente a grupos enteros de población originaria, se controló la natalidad de la población al separar a las mujeres de los hombres, se los utilizó como siervos o como esclavos, en la producción de la zafra azucarera en Tucumán y se los dio a diferentes familias para que trabajaran en el servicio doméstico.

Con discursos que hablaban de llevar la “civilización” a estos pueblos, se despejó la Patagonia, dejando las tierras libres para el acaparamiento en pocas manos, conformando monopolios terratenientes que siguen vigentes hasta nuestros días, como veremos más abajo.

Represión y desalojos al servicio de las multinacionales y los terratenientes

Este año en Jujuy las comunidades originarias fueron las principales protagonistas de los cortes de ruta en San Pedro, Abra Pampa y Purmamarca, como parte de una lucha que sacudió a la provincia al grito de “Arriba los salarios, abajo la reforma” de Gerardo Morales, votada en conjunto con el peronismo jujeño.
Con cortes y movilizaciones junto a sectores de trabajadores, rechazan la aprobación exprés de la Reforma que profundiza el régimen represivo y prohíbe la protesta.

Las comunidades originarias de Jujuy enfrentan el avance de los negocios de grandes multinacionales sobre sus territorios desde hace años. La reforma de Morales avanzó en la entrega de esos recursos a las Cámaras Mineras, Tabacales y grandes productores como Ledesma. A la par criminaliza el derecho a la protesta con el que las comunidades pelean históricamente en defensa de sus territorios, contra la contaminación de sus tierras, del agua y el aire.

A la par, con el foco en el sur del país, durante 2022 se desarrolló una campaña mediática impulsada desde diversos medios con centenares de notas que hablaban de la supuesta “ocupación” de territorios en Villa Mascardi (a 30 km de Bariloche) por la comunidad mapuche. De ambos lados de la grieta, estuvieron unidos en propósito Patricia Bullrich, presidenta del PRO, y el gobierno "nacional y popular" del ya extinto Frente de Todos, quienes en un operativo conjunto pusieron cuatro fuerzas federales.

Cientos de efectivos ingresaron a ese territorio y con gases lacrimógenos y balazos reprimieron a la comunidad, sin importarles que hubieran niños, niñas y mujeres embarazadas. Siete mujeres mapuche fueron detenidas en ese entonces.

En las campañas mediáticas contra las comunidades se repite hasta el cansancio que éstas son de origen extranjero o usurpadoras de propiedad privada. Pero lo cierto es que los verdaderos usurpadores son los empresarios imperialistas que cuentan en su haber con millones y millones de hectáreas en el Sur, mientras que en el Norte buscan acceder a nuevos territorios con recursos naturales como el litio para expotarlos y saquearlos, destruyendo el ambiente.

Los "usurpadores de la Patagonia"

Además de los 1843 terratenientes que se vieron beneficiados con 41.787.023 hectáreas en la "conquista del desierto", el gobierno neoliberal de Menem también se lució al regalar una extensa cantidad de territorio a módico precio. El grupo Benetton se hizo con 900.000 hectáreas, subyugando los derechos del Estado, ya que además de lana se encuentran en estas tierras los yacimientos petrolíferos de Vaca Muerta. Pero también los de cualquier ciudadano que quiera conocer el territorio, al punto de que lugares como el Lago Escondido quedan inaccesibles para cualquier persona residente o turista, porque la firma de Joe Lewis cerró el acceso, convirtiéndolo en un lago privado.

Al reprimir a la comunidades originarias, como las de la Patagonia o del norte argentino, el Estado protege la gran propiedad de los terratenientes y las grandes corporaciones, al costo de vulnerar sistemáticamente los derechos de los pueblos originarios.

El estado argentino habla de los derechos humanos pero sigue reprimiendo

La Constitución Nacional reconoce en su artículo 75, inciso 17, la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto a su identidad, y entre otros, “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano”.

Además, en la escuela cada estudiante aprende sobre el exterminio a los pueblos originarios por parte de la conquista europea, se estudia cómo se los trataba como animales, cómo se los exhibía en “zoológicos humanos”. Sin embargo, pocas veces se habla de las políticas estatales de exterminio y marginalización más recientes.

Incluso, en una mirada desatenta, podría parecer que el Estado argentino acepta y respeta a los pobladores originarios de estas tierras. En diferentes municipios e instituciones públicas la “bandera” Wiphala flamea junto a la argentina.

Pero las políticas públicas para hacer cumplir el mencionado artículo de la Constitución, no sólo dejan mucho que desear, sino que parecen ignorarlo por completo: desde la Plaza de Mayo ocupada durante meses en 2022 por el acampe qom, pilagá, wichí y nivaclé durante el gobierno de Cristina, pasando por las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel durante el gobierno macrista, para llegar a una actualidad donde luego de la persecución contra los grupos mapuches en 2022, este año dejó la brutal represión a manos del gobernador Gerardo Morales a las comunidades originarias jujeñas, para hacer pasar su reforma constitucional para avanzar con el saqueo del litio.

En estos temas, al interior del Estado entre sus fuerzas políticas mayoritarias no existen grietas, siempre ha defendido a los sojeros, los dueños de las tierras -los ladrones de las tierras-, defendiendo su ganancia privada y dejando pasar la destrucción del ambiente y la contaminación de la tierra, los ríos y el aire. (LID)