SALTA: Se puede controlar la policía de esta provincia?

La historia de la Policía salteña está ligada a parte de la historia social de la Provincia. Una organización civil y vertical ya centenaria que, padece y exhibe desde varias décadas atrás, una especie de desfondamiento y retroceso institucional, el cual no condice con la evolución social y política de la sociedad circundante, como de la propia organización gubernamental; que al margen de las ideologías del Gobierno de turno, incluido el actual, la considera solo una guardia pretoriana armada para custodia y prevención del delito, en una visión lineal y limitada de su insustituible rol y, elucubran que la fuerza no necesita refuncionalizar y profesionalizar al máximo sus cuadros técnicos y operativos en forma permanente y continuada, como cualquier policía del mundo.

La desidia y desinterés de los tres poderes del Estado Provincial, en particular del Legislativo y Ejecutivo que pasaron, al despreciar abocarse alguna vez a reglamentar desde hace un cuarto de siglo la Ley 6192/83 (Ley Orgánica Policial), y como corregir las arbitrariedades y abusos de otra similar (Ley del Personal Policial 6193/83), que posibilita en pleno siglo XXI en Salta, por parte del Estado la reducción a servidumbre del personal uniformado a través del anacrónico e ilegal instituto del ARRESTO entre otros más.

Esta cuestión no resiste el análisis más simplista, a que el estado provincial, a través de la Policía imponga una sobrecarga horaria de trabajo a sus subalternos, por la razón o causa que fuere, que exceda las ocho horas de trabajo diario, consagradas en las Leyes Nacionales de orden público para todo el territorio nacional. Y lo más grave: sin contraprestación remuneratoria alguna, lo cual constituye un Abuso laboral institucionalizado.

Que existen desde siempre, complicidades múltiples para que esto ocurra, por omisión de los demás poderes estatales No hay duda alguna.

Ahora bien, desde el último auto acuartelamiento el Gobierno de Urtubey no supo, no pudo o no quiso poner en ORDEN Y CONTROL a los mandos policiales, y pasó lo que siempre se repetirá: Al no contar la institución con un soporte legal y dinámico que posibilite la auto depuración automática de sus filas de elementos que la desprestigian y que rozan al poder político, ante la opinión pública; el imaginario social creerá siempre que la organización policial, aunque pasen las administraciones, ellos seguirán actuando como un ente autónomo y al margen del todo control político- operacional.

Así parece en sus cuadros intermedios, la idea equivocada de una polifuncionalidad operativa en la búsqueda de dar respuestas efectivas y oportunas a la comunidad, que hace 30 años atrás ya no servían.

Decíamos por ello, al inicio de esta columna sobre la necesaria profesionalización y afectación específica de sus cuadros, que por otra parte son mas de una cuarentena incorporada.

Esto ya lo comentamos antes en COPENOA- Cuando asume la Jefatura en Enero de 2.008 el Abogado Licenciado Gonzalez (The Panters Black), emite la orden mediante Memorando Nº007/08 que eximía de los servicios regulares (patrullajes, etc) a todos los profesionales universitarios y, que fueran destinados a la función laboral que por incumbencia les dan sus títulos profesionales.

Esto fue así hasta que su ex Director de Seguridad, el administrativista Argañaraz, hoy titular de la fuerza, suscribe el Memo Nº6891/08 del 25/08/08, luego de la huelga policial, dejando sin efecto derechos adquiridos de sus subalternos, así nomás por la fuerza, sin RAZON y contrario a DERECHO. Curiosamente los azules a nivel de cùpula tienen esa rara habilidad de transformar un desorden y presunto desmanes de algunos integrantes que no debieran formar parte en sus filas, en una suerte de reclamo o reivindicación salarial , justa por otra parte, ante un Ministerio del área tal vez un poco presuroso ( o temeroso?) de satisfacer sus apetencias para evitar un meneado y psicológicamente anunciado levantamiento o protesta policial ( léase: autoacuertelamiento)

Hoy más que nunca y por los hechos que son de dominio público, se necesita control y saber que hace y como actúa la actual Policía de Salta, pero fundamentalmente que el Ministro de Seguridad como el Ejecutivo Provincial, faciliten el debido control social que debe tener una organización civil que pagamos todos, y no se queden únicamente con el Parte Diario Policial al Ministro KOSINER, como si fuera el Diario de Irigoyen de pretéritas y olvidables épocas que nadie quiere reeditar:

“ATENCIÓN: PARTE PARA EL MINISTRO DR. KOSINER….”