SALTA: Comunidades originarias reclaman una política seria y de compromiso sobre Derechos Humanos al gobierno de Urtubey.

Distintas organizaciones originarias manifestaron su preocupación por la conformación de entes considerados burocráticos en la práctica ante los ataques a los derechos humanos como el anunciado Observatorio sobre Derechos Humanos.

Las Comunidades Kollas de Santa Victoria Oeste, que viven al norte de la provincia de Salta en la frontera con la República de Bolivia mantienen una postura autónoma ante las imposiciones y decisiones no consultadas por el estado tanto provincial como nacional. Para la Unión de Comunidades Victoreñas los funcionarios deben comprender que la plena participación en un proceso debe tenerlos en la consulta y que las medidas tomadas arbitrariamente como la mencionada son signos de autoritarismo similares al gobierno saliente. Y que este Observatorio se podrían convertir en un ente burocrático con finalidades solo financieras.

Las comunidades fundamentan su molestia ante el anuncio sobre cuales serán los casos a seguir y observar cuando a diario el estado quebranta los derechos humanos, derechos sociales y económicos. Como la falta de médicos, equipamientos en el hospital, falta de medicamentos, caminos, erradicación de escuelas ranchos, desocupación en alza de jóvenes que no tienen donde trabajar debiendo emigrar a zonas marginales de los centros urbanos de las principales capitales del país.

La política sobre derechos humanos deberá incluir la ingerencia del estado provincial en los procesos judiciales, criminalización de la protesta social sobre las comunidades originarias por reclamar derechos sociales en la provincia de Salta, iniciadas y acentuadas en el pasado gobierno de Juan Carlos Romero, opinaron integrantes de la Comunidad Kolla del Departamento Santa Victoria Oeste.

Dirigentes originarios consultados por Copenoa, ante el enuncio de La secretaria de Derechos Humanos, María Pacce sobre la conformación del denominado Observatorio sobre Derechos Humanos y la participación de del Ministerio de Justicia salteño, el Poder Judicial y Colegio de Abogados y que el mismo funcionaría en la Universidad Nacional de Salta, manifestaron su preocupación ante la falta de compromiso de la justicia salteñas en los innumerables casos denunciados de atropello sobre los pueblos originarios que permaneces cajoneados, sin justicia, como la inacción de los que participaran en este nuevo ente.

También criticaron la financiación procedente de la Unión Europea por experiencias narradas en encuentros originarios donde se denuncia la intromisión de estos en la autonomía de los pueblos originarios para acceder a estos dineros. Como los controles y el destino que se ejercerán sobre los mismos.