Quieren deslegitimar el masivo reclamo: en Jujuy, PJ y UCR acusan de “violentos” a docentes y comunidades

En Jujuy, el peronismo actuó como el principal apoyo político para la reforma constitucional que impulsó Gerardo Morales. Y lo sigue haciendo. Por estas horas, elige sumarse a la furiosa campaña de estigmatización que lleva adelante el oficialismo provincial desde hace semanas.

Esa campaña ve “infiltrados” casi en cada turista que pisa la provincia. Ve “provocadores” en dirigentes, políticos, militantes o referentes de los organismos de derechos humanos, buscando estigmatizar a toda persona que ejerza su derecho a la protesta o apoye el reclamo de las multitudes jujeñas.

Una campaña de estigmatización

Este domingo, en una “reflexión” que publica su propio diario, Rubén Rivarola afirmaba que “el episodio violento que se vivió en la última medianoche en la ciudad de Humahuaca creo que debe convertirse en el punto de inflexión para este tiempo de desencuentros y agresividad que estamos pasando los jujeños”.

La agresividad, extrema, corrió por cuenta de las fuerzas policiales. Una vez más. La represión en las calles humahuaqueñas dejó a Joel Paredes sin un ojo. Es la cuarta persona que sufre la misma brutalidad en menos de dos semanas. La Policía de Morales apunta a la cabeza y dispara. Lo hizo en Purmamarca el 17 de junio, en San Salvador el 20 y en Humahuaca el viernes 30.

El peronismo avala esa represión salvaje. Rivarola, el mejor aliado de Morales en tierras jujeñas, cínicamente afirma que “hoy no sabemos de dónde partió la primera pedrada, el primer empujón, el primer bastonazo, los leños ardiendo apuntando a unos y luego las balas de goma sembrando el temor y la zozobra (…) Y si lo supiéramos, no importaría tanto, como hacernos la firme promesa, el compromiso cabal de frenar esta escalada de enfrentamientos”.

Falso. Sí sabemos. A esta altura, es indudable que la violencia explícita, abierta, empezó en Purmamarca el 17 de junio. La violencia que le arrebató un ojo a Misael Lamas, la inició el Estado, mediante la feroz represión que se lanzó contra las comunidades originarias ese día. Del otro lado, del lado del pueblo, se desplegó una fuerte resistencia. Una combatividad que logró evitar en cuatro ocasiones el intento de desalojo.

Este discurso de parte del peronismo, formalmente conciliador, se acompaña de la estigmatización de quienes reclaman en rutas, calles o mediante el paro. Este lunes, en su editorial de El Tribuno, Carlos Ferraro se lanza contra la docencia criticando la supuesta “intransigencia”, que “obstaculiza el diálogo y endurece el clima laboral”. En ese marco, ataca “los paros sin asistencia a los lugares de trabajo, a pesar de las reiteradas propuestas que el gobierno hace llegar constantemente a los dirigentes sindicales”.

Ferraro elige omitir hechos. La última “propuesta” del Gobierno a la docencia de Adep tomó la forma del maltrato. La reunión celebrada en el Ministerio de Hacienda llegó luego de horas y horas de espera a que llegaran los funcionarios. En el cónclave las cosas no prosperaron: la “oferta” hablaba de mantener los descuentos, pero haciéndolos fraccionados. Es decir, en cuotas.

No resulta sorpresivo, entonces, que este domingo nuevamente la base de Adep le haya impuesto a la conducción burocrática la continuidad de las medidas de lucha. Entrando en la quinta semana de paro, la docencia primaria muestra una enorme disposición a seguir luchando por salarios y contra la reforma. Este lunes, al mediodía, se confirmaba un 80 % de adhesión a la paralización de actividades.

Esa disposición a pelear se evidencia, también, en los cortes que ruta que se sostienen por toda la provincia. Este mismo lunes, la cuenta volvió a alcanzar la decena. El dato novedoso fue el endurecimiento de los mismos en Abra Pampa y La Quiaca, con cortes totales por 48 horas.

Una “paz social” que avasalla derechos

Esos comentarios del peronismo empalman, como dijimos, con la campaña que viene haciendo el propio gobierno provincial contra las manifestaciones. A la brutal represión y persecución policial, se suman los discursos contra “la violencia”. Este domingo, la senadora radical Silvia Giacoppo llegó a decir que “el gobierno de Gerardo Morales buscó mantener siempre abiertos los canales de diálogo”, pero que “la presencia de infiltrados y violentos alteró ese proceso”.

Nada más falso. Lo verdaderamente violento fue el trato de Gerardo Morales tanto hacia las comunidades como hacia la docencia. Las denuncias de las propias comunidades originarias ilustran el grado de prepotencia desplegado por el Ejecutivo provincial. Nunca hubo una real consulta sobre la reforma. Hubo, sí, engaños y mentiras. De esa frustración emergió la combativa respuesta en las rutas.

La reforma constitucional y el discurso del oficialismo trabajan sobre un registro discursivo: lograr la “paz social” en la provincia. Es la misma argumentación propuesta por las cámaras patronales que han venido avalando el accionar político de peronistas y radicales.

Para el poder político y económico esa “paz” supone la sumisión por parte de los explotados y oprimidos. Se presenta bajo la forma de una aceptación pasiva de las imposiciones que llegan desde arriba. Equivale, en términos más concretos a aceptar mansamente salarios de miseria y el avasallamiento de los derechos de las comunidades originarias.

La respuesta a esa demanda está en las calles y en las rutas. Al presentar como “violencia” esa combativa resistencia a la reforma, la clase dominante y sus voceros políticos confirman que reclaman una “paz” nacida de la rendición incondicional del pueblo trabajador.

Enfrentar el consenso extractivista

A pesar de los discursos, radicales y peronistas comparten un consenso global. Es la apuesta a garantizar los negociados de las grandes multinacionales ligadas a la explotación del litio. Votada por ambos espacios, la reforma sintetiza un programa: entrega de la riqueza nacional, habilitación del saqueo y la famosa “paz social” que se reduce a impedirle a las comunidades y al pueblo jujeño el derecho a reclamar.

Ese consenso no es solo provincial. Lo comparten todas las fracciones políticas capitalistas. El mismo Sergio Massa lo graficó de manera obscena, al afirmar que la Cordillera podía ser contemplada como “una torta”.

En las rutas y calles jujeñas se despliega un masivo proceso de lucha; una rebelión extendida en el tiempo, donde múltiples sectores sociales unen sus reclamos a la pelea contra la reforma. Esa lucha puede triunfar. Pero es necesario construir una instancia que permita unir esas múltiples fuerzas.

Está planteado seguir peleando poner en pie una gran Asamblea Provincial de trabajadores, trabajadoras, comunidades originarias, estudiantes y otros sectores de lucha. Una instancia que una todas las demandas y discuta democráticamente medidas de lucha en común. Una de ellas, fundamental, es un paro provincial activo hasta que caiga la reforma.

Ese paro debe ser impuesto a las conducciones sindicales. Brazos gremiales del peronismo jujeño, tanto la CGT como la CTA vienen actuando para intentar desmovilizar. Junto al SEOM y los gremios que convergen en la Multisectorial, apuestan a una política que concentre el reclamo contra la reforma en una pelea judicial. La convocatoria a marchas de antorchas acompaña esa estrategia. Sin embargo, ese camino tiene enormes límites. Supone esperar favores de instituciones completamente reaccionarias como la Suprema Corte de Jujuy o su par nacional, atada casi abiertamente a Juntos por el Cambio.

La fuerza para derrotar la reforma está en las calles. Es la fuerza unida de docentes, trabajadores, comunidades, estudiantes y muchos más. Una fuerza que se apoya en el masivo rechazo a un régimen político profundamente racista y desigual. Las operaciones de deslegitimación buscan opacar esa realidad. Es imperativo combatirlas y denunciarlas. (LID) Por Eduardo Castilla