Pueblos originarios: siempre víctimas del Estado, gobierne quien gobierne

Los pueblos originarios que habitan el actual territorio argentino, sufrieron distintos genocidios. Desde la conquista de los españoles, hasta la “campaña del desierto”, llegando hasta la actualidad, donde los distintos gobiernos sostienen la expulsión de las comunidades indígenas de sus territorios ancestrales.

Los recientes dichos de Alberto Fernández, afirmando que los argentinos descendemos de los barcos, no solo tiene un carácter racista y negacionista del genocidio que sufrieron los pueblos originarios, sino que además, son una muestra que continúa, por acción u omisión, sosteniendo la criminalización que sufren en manos del Estado argentino.

Dos días después de sus dichos asesinaron a otro niño de la comunidad qom en la provincia gobernada por su amigo Jorge Capitanich. Así lo había presentado en un reciente acto oficial Alberto Fernández al gobernador chaqueño: “Gracias querido amigo Coqui… somos amigos hace muchos años”.

Y a pesar de que pidió disculpas (“si alguien ofendí con mis palabras”), el presidente no repudió el crimen policial contra el niño qom.

En la mañana de este viernes la comunidad qom en San Martín, denunció que la Policía asesinó “a sangre fría” a José Lagos de 14 años de edad. Luego el barrio Los Silos se movilizó pidiendo justicia y la represión fue generalizada. Se encuentran entre los heridos menores de edad.

No es el primer hecho de violencia estatal, y mucho menos de impunidad que sufren la comunidad qom, en la provincia gobernada por tercera vez por Jorge Capitanich. Tanto las fuerzas policiales como las bandas armadas de los terratenientes de la provincia de Chaco, ejercen violencia contra este pueblo.

Hernán Andrada, un joven wichí de 26 años, oriundo del Paraje Nueva Población (a 15 kilómetros de Nueva Pompeya), salió de su casa el 10 de diciembre 2020 y no se supo más nada de él.

En junio de 2020, la Policía ingresó a la vivienda de una familia qom. Fueron torturados, y abusadas sexualmente las menores de edad por parte uniformados de la comisaría 3ª de la localidad de Fontana, cercana a Resistencia.

Chaco no es una excepción. Otro gobernador peronista, Gildo Insfrán, y uno de los principales aliados de Cristina Kirchner, que gobierna Formosa desde 1995, es parte de esta campaña de expulsión y criminalización de los pueblos originarios.

En el año 2010, durante la presidencia de Cristina Kirchner, en Formosa la Policía asesinaba a dos integrantes de la comunidad qom, Roberto López y Eber Falcón.

Otras víctimas indígenas fueron asesinadas por patotas que defienden el feudo peronista de Insfrán y al agronegocio.

Aquel año la comunidad reclamaba no ser desalojadas de las 600 hectáreas que ocupaban en la provincia de Formosa. Pedían, además, tener acceso al agua potable, entre otras cuestiones elementales.

Por este reclamo, la comunidad realizaba una protesta sobre la Ruta Nacional 86, que fue reprimida violentamente por la Gendarmería Nacional y la Policía provincial el 23 de noviembre de ese año. Ese día sus viviendas serían quemadas y allí asesinan a Roberto López, miembro de la comunidad Qom Potae Napocna Navog. La Policía, llevó adelante el crimen.

Durante el gobierno de la expresidenta, la comunidad qom sufrió el hostigamiento estatal de múltiples modos. A la represión y crímenes se sumaba el desprecio a las demandas de los representantes indígenas.

En ese mismo año, 2010, la comunidad qom había llevado su protesta a la Ciudad de Buenos Aires, a pocas cuadras de la Casa Rosada. Querían visibilizar su reclamo. Exigían la devolución de su territorio, el cese de la persecución y de la represión bajo el Gobierno de Insfrán.

Mientras el asesinato de Roberto López seguía impune, 24 miembros de la comunidad La Primavera eran judicializados. Fueron procesados por instigación al delito y atentado a la autoridad.

La entonces presidenta de la Nación nunca recibió a los referentes de la comunidad, a pesar que uno de ellos, Félix Díaz se lo reclamó con insistencia. Luego de acampar durante meses en la 9 de Julio, a muy pocas cuadras de la Casa Rosada, fueron desalojados por una patota de La Cámpora. Ocurrió en mayo de 2011. Al frente de la misma estaba el entonces diputado Andrés “Cuervo” Larroque. El mismo que comandó políticamente, luego de montar distintos engaños a las familias que, a falta de viviendas, ocuparon un terreno en la localidad bonaerense de Guernica.

En febrero del 2015, las comunidades qom, pilagá, wichí y nivaclé instalaron nuevamente un acampe en el centro porteño, en las esquinas de la 9 de Julio y Avenida de Mayo. Nuevamente el gobierno de Cristina Kirchner no los recibió.

A tal punto fue el ninguneo, que le hicieron el juego a la derecha. Mauricio Macri, que meses más tarde desató una cacería contra el pueblo mapuche en la Patagonia, se presentó en el acampe y prometió soluciones. Estas promesas duraron algunos meses hasta que asumió la presidencia. Los pueblos originarios bajo su gobierno, fueron perseguidos, criminalizados y considerados dentro “de las nuevas amenazas”.

Para defender los territorios usurpados por los Benetton, el gobierno de Cambiemos envió a funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional, para dirigir la represión al pueblo mapuche que defiende sus tierras ancestrales.

Santiago Maldonado estuvo presente en Pu Lof en Resistencia el 31 de julio de 2017, cuando la Gendarmería, bajo las órdenes de Patricia Bullrich, que contaba con el apoyo de Mauricio Macri, reprimió la manifestación. Durante 78 días Santiago estuvo desaparecido, hasta que apareció sin vida. Fue un crimen de Estado.

No solo los funcionarios del gobierno de Cambiemos fueron responsables del encubrimiento y la impunidad, sino también el juez Guido Otranto y la fiscal Silvina Ávila.

Meses más tarde asesinan a Rafael Nahuel. En esta oportunidad le tocó a la Prefectura llevar adelante las órdenes de Patricia Bullrich. El crimen de Nahuel es subproducto de la criminalización al pueblo mapuche. No comenzó con el Gobierno de Cambiemos, hace décadas los diferentes gobiernos vienen permitiendo que los "conquistadores" desalojan de sus tierras a este pueblo.

Estos pocos ejemplos son la muestra de que la criminalización de los pueblos originarios, son parte de una política del Estado al servicio de usurpar las tierras ancestrales a sus dueños, y ponerlas en manos de los grupos capitalistas, nacionales y extranjeros.

La izquierda, como siempre lo hizo, acompaña la lucha y el reclamo de los pueblos originarios, históricamente oprimidos y reprimidos por el Estado, gobierne quien gobierne. La alianza entre esas comunidades sojuzgadas y la clase trabajadora es fundamental para combatir con más fuerza contra todas las injusticias perpetradas por terratenientes, poderes judiciales, gobiernos, obispos y policías. La lucha de cada población originaria debe ser patrimonio de cada organismo de derechos humanos y de cada organización que se reclame popular. Así como el repudio a cada Gobierno que siga atacando los derechos ancestrales de esas miles de personas en todo el país. (LID) Por Rosa D’Alesio