La multiplicación de imágenes, y narraciones sobre la realidad de exclusión en que viven los pueblos originarios en Salta, a fundado importantes presupuestos y fuentes de trabajo para aquellos que cuentan el relato, con la particularidad de excluir la responsabilidad estatal, repitiendo la historia, alineados en el eslogan de inclusión de voces. Mientras los narrados, siguen sobreviviendo en una realidad sin cambios, que los condena a desaparecer inmersos en bolsones de pobreza de las principales urbes del norte de Salta. Por ser expulsados de sus tierras ancestrales, ante el avance del desmonte y la frontera sojera. Expansión apuntalada en una política de estado, que prioriza la rentabilidad que genera las retenciones de la soja, sin importar la expulsión, y condena al exilio interior.
Ahora conocemos masivamente el sufrimiento de las naciones aborígenes, para el relato oficial, pueblos originarios. La condena de los quebrantamientos perpetrados hoy en Democracia no esta incluida en las narraciones, remontándose la condena pública a décadas pasadas, sobre torturas, esclavitud, explotación, masacres, y exterminio. Sin culpables ni juicio ni castigo.
Para los pueblos ancestrales, la cotidianidad los alinea en luchas continuas, que no cesan, pero que decaen en desesperanza, ante el continuo engaño de estado, renovando en nuevas generaciones de esperanza la continuidad del reclamo. La discusión sobre la cooptación, con cargos rentados, que les ofrece representación de su comunidad en el sistema, sin decisión y reconocimiento a su auto determinación, eje originario de conformación en la organización de las naciones originarias, es un problema no resuelto por estos.
Hoy las comunidades originarias, se alinean en la burocracia occidental, para peticionar deben acreditar personería jurídica, con un presidente electo, que actúa si es cooptado de forma paralela a las decisiones del Cacique figura ancestral de los originarios ostentan.
También deben elegir sus representantes para tener intervención en el reclamo al estado provincial y nacional, establecido como C.P.I. (Consejo de Participación Indígena), que plantea como recurrente discusión en las comunidades que estos luego de ser elegidos, en muchos casos, y con denuncias en la justicia, que estos representantes son cooptados por el estado, que les proporciona una renta, y que en vez de defender la voz de los pueblos y sus decisiones, estos operan en contra de sus comunidades, fundamentalmente poniendo freno a los reclamos.
Ante este panorama mencionado los C.P.I. leales que representan y ejecutan el mandato de sus comunidades, quedan excluidos, y disgregados. Perdiendo pujanza el principal y primordial reclamo ancestrales, como es la tenencia de la tierra en títulos comunitarios.
Las acciones directas en protesta realizadas por las comunidades, establecidas y votadas en asambleas, siguen siendo el camino establecido por los pobladores originarios, a pesar de la judicialización, criminalización del reclamo, persecución y detenciones, como la fragmentación y cooptación hecha por el estado, sobre las estructuras de sus representantes.
Por ello es importante saber, que luego de cada narración en TV, de la vida en exclusión y sometimiento en que viven los hermanos originarios, esta, no se modifica, solo se conoce. Que mucho de los narradores son funcionarios públicos, que viven de los originarios, que no fueron consultados sobre si esos funcionarios en el área, los deben representar, es decir no son representativos, son cargos políticos que responden a decisiones y planes políticos, que excluyen a las comunidades de las decisiones, que son arbitrarias para la totalidad de estas. Excluyendo el estado en su relato la responsabilidad presente de las violaciones sobre los derechos de las naciones originarias, que se cometen hoy tanto por el gobierno nacional como provincia.
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