Polémica: ¿El litio es de los jujeños?

“No estamos de acuerdo. El proyecto es inconstitucional y lo están haciendo sin plantear un diálogo; los recursos mineros son de las provincias y los estamos gestionando bien”, dijo a Infobae el secretario de Minería e Hidrocarburos de Jujuy, el Geólogo Miguel Soler, quien agregó que el Consejo Federal Minero ya planteó que muchas iniciativas en ese sentido “rayan lo inconstitucional”.

Claro así sería puesto que con las modificaciones de la Constitución Nacional realizadas durante el menemismo (en acuerdo con la UCR de Alfonsín, ¿se acuerdan del Pacto de Olivos?) por el artículo 124 ° resulta que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.

Esto es lo que salieron también a defender a capa y espada los legisladores de la UCR jujeña quienes hicieron votar en la Legislatura un rechazo a la “nacionalización del litio”. Si escuchaste bien, votaron por las dudas contra una declaración de intenciones puesto que del proyecto del kirchnerismo no se vio un solo papel o borrador, solo se escucharon rumores (tal vez, después del retroceso con Vicentín, no quieran volverse a quemar con leche).

Pero lo que hay que aclarar es que una nacionalización a “secas” no sería más que un cambio de manos de quien dispone de los recursos naturales volviendo de las provincias a la Nación.

¿Por qué decimos esto? Resulta que con la modificación del Código de Minería en 1997 “uno de los aspectos más importantes de este Código es que le otorga al Estado un “dominio originario” de las minas estableciendo sus “derechos soberanos y jurisdiccionales”, pero no le permite explorarlas ni disponer de ellas. En cambio, faculta a los particulares a buscar minas, aprovecharlas y disponer de ellas como sus dueños. Debemos subrayar que el Código diferencia la propiedad superficiaria y la del subsuelo, resultando la segunda propiedad del descubridor” esto lo detalla el economista Ariel Slipak en el libro Geopolítica del Litio (El Colectivo, 2015).

Sin modificar este Código de Minería una nacionalización entonces lo que haría es traspasar de las provincias a la Nación la facultad de entregar los recursos del subsuelo a grupos privados, puesto que el Estado no está facultado para explotar los recursos naturales.

Mientras tanto, la realidad hoy tiene a los Estados provinciales entregando los recursos al mejor postor y en algunos casos ocupando un lugar de socio ultra minoritario de capitales extranjeros como con la estatal JEMSE en Jujuy (8,5% de las acciones y se constituyeron en socios de Sales de Jujuy sin capital como cuenta el libro “Geopolítica del Litio”). El litio está en manos de multinacionales de origen australiano en sociedad con Toyota (Orocobre, “Sales de Jujuy”, ahora asociada a Galaxy que opera en Salta –“Sales de la Vida”- conformado el quinto grupo más grande de litio del mundo), chino-canadienses (Exar) como en Jujuy o norteamericanas (FMC) en Catamarca.

Y por el lado del Estado Nacional, encuentra en el ministro de la Producción, Matías Kulfas, un persistente lobbysta de las multinacionales quien junto al Gobernador Gerardo Morales facilitan sus nichos de inversión en el sector como la china Ganfeg Lithiyum con la cual firmaron un entendimiento para un proyecto futuro de fabricación de baterías de Litio en Jujuy.

El rol entonces de las provincias que poseen el litio en el subsuelo de los salares reproducen un esquema de otorgar el recurso a multinacionales que lo industrializan en sus países de origen acorde a las denominadas “cadenas globales de valor”. O sea, una reproducción del viejo modelo de exportación de materias primas a cambio luego de manufacturas, en este caso, exportación de litio e importación de baterías y componentes electrónicos como celulares, notebooks o tablets que poseen estas baterías.

Esta crítica es compartida por investigadores del Conicet y especialistas en el tema como Bruno Fornillo quien también desarrolla los límites de este negocio respecto al impacto ambiental de las técnicas de extracción del litio, la falta de controles independientes en la materia, la no consulta previa e informada a las comunidades originarias, la no transferencia de tecnología a las Universidades e institutos públicos. Además de las enormes facilidades fiscales al sector minero otorgadas por la Ley de Inversiones mineras N° 24196 y decretos que las eximen del pago de retenciones, a lo cual hay que sumar resoluciones del Banco Central (COMUNICACIÓN “A” 6869) muy permisivas en cuanto a la compra de dólares.

Sin dudas, el andamiaje legal heredado del menemismo es algo a cambiar de raíz en pos de cualquier proyecto que busque soberanía respecto de los recursos naturales. Pero esto solo debería ser un primer paso, puesto que como decimos no pueden quedar en manos del Estado, sea nacional o provincial, y que sean funcionarios de los gobiernos de turno los que decidan sobre el destino de estos recursos y, menos aún, cuando del otro lado están los pulpos multinacionales. Todos estos años han demostrado que la soberanía nacional es tan solo un slogan. El caso Vaca Muerta es testigo de ello. Ir más allá de los esquemas legales y productivos neoliberales (“extractivismo”), implica poner en el centro a la clase trabajadora en unidad con las comunidades originarias, en pos de controlar los recursos y disponer un plan racional resuelto democráticamente porque solo de esta forma se puede lograr una transición energética que minimice el impacto ambiental y alcance el mejor aprovechamiento de los recursos naturales. (LID) Gastón Remy