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Noche del apagón.Juicio de Lesa Humanidad: Blaquier a un paso de la impunidad

La Justicia Federal de Jujuy convocó para el día de hoy a los integrantes del Cuerpo Médico Forense que ya dijeron que el empresario, cercano a cumplir 95 años, no está en condiciones de afrontar un proceso penal.

28 de marzo

Recordemos que el Gobierno, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, es querellante en la causa contra el empresario Carlos Pedro Tadeo Blaquier y quien fuera en ese momento administrador de la empresa Ledesma SAAC, Alberto Enrique Lemos. Pero frente a la presentación de un informe adulterado, que presentó en diciembre de 2021 la defensa del empresario, la Secretaría de Derechos Humanos informó que sus peritos coincidían con el diagnóstico de los integrantes del Cuerpo Médico que determinaba que Blaquier no podría seguir en el proceso “por problemas de salud mental”.

Frente a este hecho, peritos del Ministerio Público y de la querella del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (Codesedh) afirmaron que Blaquier simulaba no comprender qué le preguntaban y que incluso había rechazado colaborar con el peritaje. Y tras una pericia realizada por médicos consultores de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) presentaron ante la Justicia Federal jujeña un informe que sostiene que el empresario “está en condiciones de estar en juicio” ya que “el diagnóstico clínico de Carlos Pedro Tadeo Blaquier es el de simulación” según los facultativos Claudio Capuano y Luis Ohman.

La fiscalía entonces pidió que se realizaran nuevos estudios sobre Blaquier en una institución pública, lo que fue aceptado por la presidenta del tribunal, Alejandra Cataldi. Sin embargo, la defensa de Blaquier impugnó esa resolución y logró que el tribunal le diera la razón.

La decisión de los jueces fue dejar sin efecto la realización de nuevos estudios y en lugar de ellos convocar a los expertos del CMF a que expliquen sus conclusiones ante el tribunal. Esta es la audiencia que se llevará a cabo mañana a las 9 de la mañana. Están citados Marcelo Rudelir, psiquiatra forense que habló del deterioro cognitivo de Blaquier, y la psicóloga Mónica Herrán, que también se expresó en la misma línea.
Tras este nuevo escenario queda claro que los jueces juegan un rol clave en la dilación del proceso judicial. Es el caso de Abel Fleming que expresó públicamente que para él se ha acreditado en grado suficiente la inhabilidad de Blaquier para estar en juicio oral y público y catalogo el pedido de nuevos estudios médicos diciendo como un “atentado a los derechos humanos” del imputado. También Gabriela Catalano sostuvo que el planteo de la fiscalía era genérico y no se entendían cuáles eran las falencias que sus peritos observaban.

Más definiciones se conocerán luego de la audiencia del lunes.

Un relato sobre la impunidad

La denuncia sobre el rol de Ledesma en la represión lleva décadas y es un emblema de la responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad. EN particular se puede nombrar lo que se conoce como “la noche del apagón” una serie de cortes del suministro eléctrico a través de la usina de Libertador General San Martín, ocasionados intencionalmente por la dictadura cívico militar. Estos sucedieron entre el 20 y 27 de julio y tuvo como objetivo facilitar el secuestro de unas cuatrocientas personas en Ledesma, las cuales eran estudiantes, militantes políticos o sociales, sindicalistas y obreros. Muchos de los secuestros se realizaron con vehículos del ingenio Ledesma y los secuestrados pasaron por el centro clandestino de detención que funcionó en la hostería de Guerrero. Algunos desaparecieron, otros fueron liberados y otros incluso pasaron a prisiones remotas del lugar, como la Unidad 9 de La Plata. Al día de hoy, treinta y cinco víctimas aún se mantienen “desaparecidas”.

El proceso de judicialización en el ámbito penal fue una conquista de la lucha de organismos de Derechos Humanos, familiares y un arco de organizaciones políticas y sociales que sostuvieron las banderas de la lucha por Memoria, Verdad y Justicia en Jujuy, como en todo el país. Recién en noviembre de 2012 Carlos Pedro Blaquier, dueño del ingenio Ledesma, y Alberto Lemos, el administrador general de la empresa en la etapa en que se cometieron las violaciones a los derechos humanos fueron procesados; las causas fueron privación ilegítima de la libertad en dos causas y el secuestro de 29 trabajadores y referentes sociales ocurridos entre marzo y julio de 1976. El procesamiento fue confirmado en forma parcial en 2013 por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.

La defensa apeló ante la Sala IV de Casación, integrada por Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi, quienes tomaron el expediente en diciembre de 2013, un año más tarde. A los jueces les tomó hasta marzo de 2015 para pronunciarse y dictaron la falta de mérito en beneficio de Blaquier y Lemos. Al mismo tiempo que consideraron probado que la empresa aportó vehículos para los secuestros, negaron en el fallo que pudiera considerarse probado que el dueño y administrador del ingenio hubieran conocido los fines para los que se usaron estas camionetas (!).

El 8 de julio de 2021 y tras de seis años más de demora, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó por mayoría el fallo de Casación que había beneficiado con una falta de mérito a los responsables empresariales, considerando “arbitrario” el pronunciamiento de la Sala IV de Casación. El fallo tuvo los votos mayoritarios de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, quienes sostuvieron que la decisión se “apartó en forma manifiesta de la solución normativa prevista para el caso, obstaculizando indebidamente el avance del proceso”. El presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, votó en disidencia al considerar que se debía dejar firme la falta de mérito, y Ricardo Lorenzetti no votó. En agosto de 2021 además fue elevada la causa Aredez, en la que son investigados por tres secuestros.

Sin embargo, en diciembre de 2021, a raíz del dictamen del Cuerpo Médico se determinó que Blaquier que no podrá seguir en el proceso “por problemas de salud mental”, y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación avaló este informe, que posteriormente fue apelado dando lugar a más demoras en el proceso que derivan en esta situación, y sobre todo que sostienen la impunidad.

Esto llevó a que la actuación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación sea cuestionada; pero sobre todo pone sobre la mesa los límites que tienen los sectores progresistas dentro de un Estado que constitutivamente garantiza la reproducción de los negocios de los grandes empresarios. Estos negocios no se puede lograr sin garantizarles impunidad en diferentes aspectos, limitándonos solo Ledesma podemos ver, por ejemplo, la impunidad con la que cuenta frente a las leyes laborales en el reclamo de los obreros rurales despedidos por denunciar accidentes laborales, esta misma impunidad es la que goza incluso frente a los juicios de lesa humanidad.

Por eso, a días del 46 aniversario del golpe genicida es imprescindible redoblar el compromiso con la lucha independiente del Estado y de los partidos tradicionales en defensa de los derechos humanos y contra la impunidad de los genocidas. La cárcel a Blaquier y a todos los de su clase solo podrá venir por este lado.

LID. Por Andrea Gutiérrez

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