Los deberes del Congreso

En este artículo, el abogado y especialista en derecho público internacional y autor de la Doctrina Espeche -que exige una opinión consultiva al Tribunal de la Haya-, Miguel Ángel Espeche Gil también apoya la posición de Fernando Pino Solanas, en el debate sobre la deuda externa, tras la decisión de la presidente Cristina de pagar deuda con reservas del Banco Central.

Que Redrado sí, que Redrado no, que la autonomía del Banco Central, que el destino real de los 6.000 millones de dólares de las reservas sea el que dice el gobierno o la piñata que prepararía para el 2011, son elementos de la actualidad que, con la suerte que a veces acarrea algunas desgracias, tal vez permitan que los argentinos veamos, finalmente, el problema de fondo del país: el endeudamiento, esa carga que crece al ritmo de un millón y medio de dólares por hora. De continuar sin ver el problema seguiremos pagando, indefinida pero concretamente con nuestros nietos y biznietos, impidiéndoles el progreso para siempre.

A veces se habla de la deuda externa, tangencialmente, como ahora, en este triste seudo sainete institucional, como si fuese un problema de la economía y de las finanzas, ajeno a los intereses de la gente. Sistemáticamente se silencian las acciones judiciales que desde 1976 buscan revelar su naturaleza delictiva. Se siguen haciendo pagos de deudas contraídas ilícitamente durante el proceso, que son “deuda odiosa” según el Derecho Internacional, con las excepciones del Ministro Grinspun y del ex Presidente Rodríguez Saa. Este último, en un gesto de sensatez, anunció que suspendería los pagos hasta tanto el Congreso de la Nación, en cumplimiento de su atribución exclusiva de arreglar su pago, le dijese el monto que correspondía abonar. Eso fue lo que los legisladores aplaudieron y no la irresponsabilidad de la que falsamente los culparon los medios de difusión.

Las deudas hay que pagarlas, las legítimas, no las fraguadas y, claro está, una sola vez, no como ocurre en nuestro país en el que se instaló un sistema perpetuo de exacción, al que se supedita toda decisión estatal desde 1976.

La deuda externa no es solamente un problema argentino, afecta a muchos países, como, por ejemplo, Ecuador. Veamos cómo hizo su gobierno con las exigencias de pago de los acreedores, muy similares a las que nosotros soportamos.

El Presidente Correa decretó una “Auditoria Integral del Crédito Público. O sea averiguar en qué se basaban los acreedores para exigir los pagos que ahogaban a su economía. ¡Qué no dijeron sus opositores! Que avasallaba el derecho de propiedad de los acreedores, que era un demagogo, etcétera, etc.

El informe final de la Auditoría, hecho con todas las reglas del arte contable, con la descripción de la documentación encontrada, el análisis de pagos realizados sin base legal por administraciones anteriores, autopréstamos, pagarés repetidos y otras pruebas de defraudaciones y estafas, asombra por su similitud con lo que sucede en la Argentina.

En Ecuador la Auditoría la realizó el Poder Ejecutivo, en la República Argentina ya se llevó a cabo, pero en el ámbito del Poder Judicial, y referida al período de la dictadura. Está documentada en la sentencia de la causa Alejandro Olmos dictada en el año 2000. Las acciones penales emergentes de esa causa se dejaron prescribir pero la sentencia está firme, tiene el valor irrevocable de la “cosa “juzgada” y por eso obliga “erga omnes” a los tres poderes del Estado.

Esa causa fue enviada por el Juez Ballesteros al Congreso de la Nación y está a la espera de ser analizada. En ella se documentan 477 actos ilícitos sobre los que se montó la estafa de la deuda externa.

Pero volvamos al Ecuador, hoy. ¿De qué le sirvió al Presidente Correa el informe de la Auditoría? Para negociar desde la posición de fuerza que le dio revelar el origen espurio de gran parte de la deuda ecuatoriana. Pudo imponer una quita enorme que redujo la deuda a una suma relativamente insignificante que correspondería a la parte lícita que se reclamaba. Los acreedores avasallantes tuvieron que rendirse sin chistar ante la evidencia de que sus pretensiones de cobro eran injustificadas.

La toma de conciencia de estas realidades debe generar la voluntad política de enfrentar el problema en el ámbito del Derecho, que es precisamente el que los acreedores quieren evitar.

El Poder Judicial está haciendo lo suyo en los procesos en trámite de las causas Olmos II y III y en la causa del Megacanje.

El Congreso tiene la oportunidad de retomar el ejercicio de su atribución constitucional de “arreglar la deuda”.

Hay que estudiar la causa Olmos I antes de que vuelva a los laberintos de su archivo de los que fue rescatada el año pasado gracias a la investigación de la Comisión de Economía del Centro Argentino de Ingenieros.

Debe difundirse la vigencia de las leyes 23.062 y 23.864 que explícitamente declararon la nulidad de las deudas contraídas por la dictadura. Esto importa especialmente para los reclamos del legalmente inexistente Club de París.

El Ministerio de Economía y el Banco Central deben suministrar la información sobre las comisiones pagadas por cada trato de renovación de deuda desde 1976 (Plan Brady, Blindaje, Megacanjes) y si en todos los casos se llamó a licitación como manda la Ley de Administración Financiera del Estado. Deberá comprobarse si es verdad lo que afirmó el “Wall Street Journal” acerca de los mil millones de dólares pagados por la Argentina en concepto de comisiones hasta el año 2004.

Sería conveniente reiterar la declaración de la H. Cámara de Diputados de la Nación, el 26 de octubre de 1996, exhortando, por unanimidad, al Poder Ejecutivo a iniciar gestiones para que la Asamblea General de las Naciones Unidas pida una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia sobre los aspectos jurídicos de la deuda externa, en particular sobre el carácter usurario del alza unilateral de las tasas de interés decidida por los acreedores en 1980, génesis del actual endeudamiento del tercer mundo.

Representantes del Pueblo de la Nación: culminen la obra emancipadora en este año del Bicentenario, escriban una nueva página de la Historia Patria.

* Titular de la Cátedra Libre de Deuda Pública Externa de la Facultad de Derecho de la UBA. Asesor del Consejo Consultivo del Parlamento Latinoamericano sobre la deuda externa. Presidente del Ecuentro del Pensamiento Nacional. Director del Instituto de Derecho Internacional del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal