LESA HUMANIDAD Genocidio: en 33 años solo se condenó a dos jueces de la dictadura

Luis María Vera Candiotti era juez de menores de Santa Fe y Manlio Martínez impartía “justicia” en los tribunales de Tucumán. Ellos dos son los únicos magistrados reconocidos culpables de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

Vera Candiotti acaba de ser condenado a quince años de prisión por su participación en la apropiación de Paula Cortassa. Un nuevo caso testigo de la impunidad en materia de lesa humanidad, que se suma a los escasos 660 genocidas condenados cuando existieron casi el mismo número de centros clandestinos de detención en el país.

El dato es aberrante y se agrega a la innumerable cantidad de civiles que ni siquiera fueron imputados en más de tres décadas de gobiernos constitucionales. Civiles que cometieron delitos de los más variados durante el terrorismo de Estado.

Justamente, para perpetrar el gonocidio y el saqueo, el rol de la Justicia en aquellos años fue un engranaje fundamental en el plan de exterminio.

Los beneficios del Poder Judicial, que hoy queda evidenciado en sus elevados salarios, que ni siquiera pagan impuesto a las ganancias, que se jubilan antes que cualquier persona y que para removerlos es necesario realizar increíbles procesos, llega a puntos tan profundos como que su accionar en la dictadura está prácticamente invisibilizado.

Jueces de la impunidad

Resulta paradójico que Vera Candiotti sea el segundo juez condenado por delitos de Lesa Humanidad durante la dictadura, luego de que en junio de 2015 sea sentenciado en Tucumán Manlio Martinez. También en Santa Fe fue condenado Víctor Brusa, quien cometió estos delitos cuando era empleado judicial y ya en democracia fue “premiado” con el cargo de juez.

Pero no son los únicos magistrados puestos en el banquillo. Los exintegrantes de la Cámara Federal de Mendoza Otilio Romano y Luis Miret son hoy imputados en la causa conocida como “Juicio a los jueces”. Ellos cumplían la función de blanquear a los detenidos secuestrados por el terrorismo de Estado y hacer pasar las torturas como interrogatorios, poniendo de relieve la complicidad de este poder del Estado que durante estos 40 años ha tenido el privilegio de mantenerse al margen.

Casos emblemáticos como la condena exculpatoria al juez de Mar del Plata, Pedro Hooft, acusado de colaborar con la masacre conocida como “Noche de las corbatas”, donde secuestraron a abogados de dicha localidad, pone más énfasis en el carácter impune de la justicia.

A este caso de suman los nombres de Pedro Luis Soria, actual juez de La Plata que rechazaba Habeas Corpus en la dictadura a los familiares de desaparecidos y Horacio Piombo, quien presentó su renuncia en el 2015 por un fallo escandaloso que beneficiaba a un abusador.

En la actualidad el 36 % de los genocidas imputados están en libertad, el 13 % fallecieron y el 48 % están detenidos, de los cuales la mitad gozan de prisión domiciliaria, según informa el Ministerio Público Fiscal.

Estos números escalofriantes ponen en discusión el gran avance en materia de "Lesa Humanidad" que se arroga el kirchnerismo durante sus años de gobierno. A la vez exigen doblegar la denuncia y la lucha en las calles porque se abran todos los archivos de la dictadura, que se juzgue al conjunto de los responsables y contra un gobierno como el de Cambiemos, que no hace más que apoyar a sus amigos de la “teoría de los dos demonios”.

Esta vía libre a aquellos que saludaron el golpe de estado envalentona a los jueces para que las condenas comiencen a ser menores como en el reciente fallo de Cambiaso Pereyra o que vuelvan a tener legitimidad personajes como Cecilia Pando con una sentencia ridícula contra la revista Barcelona.

El caso de Paula Cortassa

El 11 de febrero de 1977 se produjo un ataque por parte del Ejército y la Policía en la casa santafesina de Paula Cortassa, hija de los militantes de la Juventud Peronista. Allí fue asesinada su madre, Blanca Zapata, y fue desaparecido Enrique Cortassa, padre de la niña de tan solo 13 meses.

El personal policial se presentó ante el juez Luis María Vera Candiotti con la niña envuelta en una sábana ensangrentada, quién faltando a los procesos legales correspondientes la entregó a la familia Guallane procedente de la ciudad de Venado Tuerto.

A casi 40 años de esos hechos, la Justicia brindó una resolución por la cual condena a 15 años de prisión efectiva para el magistrado que no solo nunca investigó el origen de la niña, más allá de que en su barrio era un secreto a voces que había sido secuestrada por las fuerzas de seguridad, sino que tampoco respetó la lista de familias anotadas para adoptar.

Resulta curioso que este siniestro personaje haya sido el único juez de menores que tuvo la ciudad de Santa Fe durante el período dictatorial, cargo que asumió en octubre de 1976 luego de haber formado parte de la Policía.

Paula fue la primera nieta que dudó de su identidad allá en la década de los 90 y comenzó a buscar a su familia biológica. Hizo, como muchos, su propio camino y se “autoencontró”, gracias al apoyo de los Organismos de Derechos Humanos.

Pero no es la misma suerte la que corrieron los 400 niños que aún siguen sin ser hallados, con respecto a los cuales habrá cientos de funcionarios judiciales involucrados, más allá de los militares implicados en el genocidio.

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe, impuso además de la condena al juez en concurso con el delito de prevaricato, prisión perpetua al excomisario Juan Calixto Perizzotti por este caso y por 16 homicidios, cuatro privaciones de la libertad y cinco casos de tormentos; al ex teniente coronel del Destacamento de Inteligencia 122, Domingo Morales, a 22 años de prisión y al ex teniente de artillería del Comando 121 de Santa Fe, Carlos Enrique Pavón, condenado a 13 años de prisión.