Extractivismo. Alerta Litio: saqueo y estafa a cielo abierto

El precio del litio subió un 420% en lo que va del año respecto al 2021.Las cotizaciones del litio grado batería superan los 70.000 dólares por tonelada. Sin embargo, la multinacional Allkem que opera en Jujuy declara ventas con precios de 41.033 dólares en el segundo trimestre del año. Y no satisfecha con subfacturar ya adelanta una subfacturación mayor para todo el año proyectando un precio de 23.393 dólares.

Allkem, la segunda minera de litio operando del país, declara que en el segundo semestre el 45% del litio producido y exportado fue carbonato en grado batería. Con su proyección de ventas totales para el año por 12.512 toneladas, los ingresos con estos precios, alcanzarían los U$S 394 millones. No obstante, la minera proyecta ingresos que alcanzan los U$S 293 millones. La diferencia en contra del país rondaría los U$S 101 millones. La estafa está en marcha y es pública.

Regulando el robo

En mayo la DGA (Dirección General de Aduana) aplicó una multa de $ 6.700 millones a la primera minera de litio en el país: Livent Lithium que opera en Catamarca. La investigación oficial detectó que entre 2018 y 2019 la minera subfacturó la venta del mineral por U$S 8 millones. Los precios declarados de exportación eran menores entre un 103 % y 122% respecto de los precios de venta real. Livent comenzó su actividad en 1997, ¿Recién ahora el Estado se dio cuenta del robo?

Pero el delito no se detiene ahí. La AFIP fijó en mayo un precio mínimo de exportación de 53.000 dólares por tonelada. Muy lejos del precio de mercado. Pero también del precio que el propio ministerio de Desarrollo Productivo informa para el primer semestre: U$S 65.574. ¿Así se pretende controlar? Evidentemente es una legitimación del robo, aunque en menor proporción. Con el precio hoy en 71.400 dólares la tonelada, el precio fijado le permite a las mineras subfacturar un 25%. Eso sí, ahora bajo el amparo estatal.

El otro perjuicio autoinflingido por el gobierno es renunciar a la recaudación por retenciones que el sector de litio paga por 4,5% del valor del total de sus exportaciones.

Sin embargo, en Jujuy estos delincuentes de guante blanco no son allanados, infiltrados ni investigados. Solo se les exige robar un poco menos. Lo opuesto ocurre con las organizaciones sociales que reciben todo el peso de la persecución estatal por enfrentar las políticas de hambre de los gobiernos. Una Justicia adicta y de clase.

Generalas y barones del litio

El negocio está encantador, a tal punto, que la generala Laura Richardson refiriéndose a los intereses de Estados Unidos en América Latina sostuvo semanas atrás que “El ‘triángulo del litio’ está en esta región. Hay muchas cosas que esta región tiene para ofrecer”. La amenaza de los capitales de China, principal productor de baterías de litio del mundo, es una preocupación para la primera potencia imperialista.

Detrás de los funcionarios de Estado, aparecen los dueños del mundo, Elon Musk, impulsado por los millones de dólares de sus autos eléctricos Tesla, pero también se anotan las automotrices Ford, General Motors, ante sus competidores, BMW o Toyota.

De este lado, lo esperan de brazos abiertos para hacer el saqueo. Es más le tendieron una “Mesa del Litio” entre gobernadores del NOA con el mantel puesto por el gobierno nacional. El ascendido Sergio Massa ratificó el rumbo de ofrecer el litio al mejor postor.

Estos negocios en puerta también los advierte el periodista Carlos Pagni explicando los vínculos carnales entre Massa, los gobernadores Morales y Saenz, y por detrás el grupo empresario de los socios Daniel Vila y José Luis Manzano. El Grupo Integra que lidera Manzano ya desembarcó en Jujuy adquiriendo la minera Aguilar de manos del gigante Glencore. Con apoyo de los gobiernos en 2020 despidieron a 700 mineros. Ahora estarían Interesados por el litio, hoy en manos de fuertes jugadoras multinacionales norteamericanas, chinas, canadienses, australianas y la japonesa Toyota.

Estas venas abiertas por el Estado en América Latina no puedan dar lugar a ningún festejo. Aunque haya quienes olvidan los efectos del extractivismo en la esfera económica, ambiental y social, con tal de abonar el Plan Massa y llegar al 2023. “Si quieren venir a saquear que vengan” les falta decir desde el FdT.

Frenar el saqueo

El control de las mineras no puede quedar en manos del Estado. No solo por los gobernadores y funcionarios amigos de las multinacionales. También rigen leyes y códigos que están hechos a la medida de las empresas. Todo freno al saqueo para ser efectivo solo puede venir de poner en pie el control de los mineros y comunidades sobre la producción y exportación de las mineras de litio. No se puede dejar esto en manos de los funcionarios que dejan pasar todo o las ayudan quitándole impuestos provinciales.

Si en Jujuy se le cobraran ingresos brutos por las ventas solo de Allkem se podrían recaudar según lo proyectado para este año el equivalente a construir 9.450 viviendas sociales por valor de $ 5,5 millones cada una. El gobierno provincial estima construir 1568 entre 2021 y 2023 con fondos nacionales. Evidentemente, recursos hay, pero se los quieren regalar a las mineras.

Un control de esta clase debería permitir empezar a discutir el conjunto de la actividad. Donde hoy los recursos del suelo que son propiedad de los Estados provinciales termina siendo objeto de apropiación de un selecto grupo de multinacionales. Bajo su conducción y en acuerdo con los gobiernos se replica un esquema de tipo colonial. Países ricos en recursos que dejan al capital extranjero llevarse los minerales casi sin valor agregado alguno para luego importar los bienes finales que incluyen estas materias primas como es el caso de las baterías de litio. Además del pasivo ambiental que dejan sobre el territorio pasando por alto los derechos de las comunidades originarias.

El control obrero y de comunidades sobre el litio tiene que ser el primer paso hacia la provincialización del litio como parte del objetivo de reorganizar la actividad, apuntando a su industrialización local, por parte de una empresa estatal administrada por los trabajadores y comunidades. Poniendo en pie así, una producción en función de las necesidades sociales y no del lucro capitalista, definiendo los niveles de producción adecuados a preservar los salares como también la implementación de tecnologías de extracción que minimicen el impacto ambiental. (LID) Por Gastón Remy