Estado genocida. Masacre de Napalpí: se cumplen 100 años de este atroz crimen de lesa humanidad

Un siglo atrás, el 19 de julio de 1924, bajo las órdenes del presidente radical Marcelo T. de Alvear y del gobernador del Chaco, Fernando Centeno, alrededor de 400 integrantes de las comunidades originarias Qom y Moqoit, entre los que había niñas, niños y ancianos, fueron asesinados a manos de gendarmes, policías y hacendados.

La Masacre de Napalpí constituye una de las más brutales matanzas contra poblaciones originarias y fue la respuesta del Estado al servicio de los terratenientes frente al rechazo por parte de los indígenas de ser despojados de su principal producción: el algodón y el reclamo por las inhumanas condiciones de vida.

El 19 de julio de 1924 los indígenas estaban reunidos, hacía meses que la policía rondaba la zona de El Aguará en la Reducción Napalpí. Ese día, el Regimiento de Gendarmería de Línea y la Policía Montada arremeten contra la población. Los relatos orales sobre lo que allí ocurrió son escalofriantes. Además, se utilizó por primera vez como instrumento represivo, un avión que pertenecía al Aero Club Chaco. “Fue la primera vez que en Argentina se utilizaba el artefacto avión con armamento de guerra sobre civiles indefensos, se abrió la puerta para Rincón Bomba, el bombardeo a la Plaza de Mayo y los vuelos de la muerte durante la dictadura”, declaró durante el juicio por la Verdad por la Masacre de Napalpí en 2022 en Chaco el piloto e investigador Alejandro Covello.

El testimonio de Rosa Grilo, sobreviviente de la masacre, fue clave para declarar los hechos ocurridos como delitos de lesa humanidad. Rosa falleció el 5 de abril de 2023 a los 115 años en Colonia Aborigen (nombre actual del sitio donde sucedió la masacre de Napalpí). Ella fue quien relató que “Un avión de arriba tiraba bolsas y caían al piso y ahí los mataban. No sé por qué mataron a muchos niños y grandes, fue mucho el sufrimiento. Yo era niña, pero no tan chica, por eso recuerdo. Es muy triste para mí porque mataron a mi papá y casi no me quiero acordar, me hace doler el corazón. Mi abuelo y mi mamá gritaban que corramos, nosotros creímos que eran caramelos lo que había en las bolsas, era para que vayan los chicos a agarrar”.
Una treintena de niños y niñas logró escapar, pero luego al menos la mitad fue entregada como sirvientes en las localidades de Quitilipi y Machagai, mientras que el resto murió en el camino. Pocos adultos y adultas lograron sobrevivir escondidos en el monte.

La brutalidad ejercida sobre los cuerpos mostró también la saña y el odio hacia la población originaria. La reconstrucción de lo ocurrido indica que en cerca de 45 minutos, fueron disparadas más de cinco mil balas de fusil sobre la población de Napalpí.

“La matanza continuó los días siguientes con la policía persiguiendo a la gente por el monte. Los relatos de las personas sobrevivientes son el espanto y la crueldad. Asesinatos de niño/as y anciano/as, violaciones, mutilaciones y cuerpos quemados en fosas comunes. Quienes pudieron sobrevivir y luego contar la masacre lo hicieron escondidos en el monte durante varios días”, señala el sociólogo e investigador de la UBA Marcelo Musante en esta nota.

Las razones de este crimen de lesa humanidad

El origen de esta masacre debe buscarse en el modo de producción agrícola, particularmente del algodón en la zona del Chaco central donde, producto del encarecimiento de esta materia prima a nivel mundial, los terratenientes vieron la “oportunidad” de producirlo localmente a bajo costo sometiendo a condiciones de esclavitud y mano de obra barata a los pobladores originarios que habitaban en la Reducción Napalpí. Allí, eran obligados y obligadas a trabajar extensas jornadas para la reducción, sin educación, ni paga y en paupérrimas condiciones de salud y alimentación. Estos padecimientos fueron el caldo de cultivo para la protesta, cuyos detonantes fueron, por un lado, la prohibición a las familias trabajadoras, por parte del gobernador Fernando Centeno a pedido de los hacendados, de emigrar a ingenios de Jujuy y Salta, y por el otro, el hecho de que se les descontara el 15 % de la producción del algodón que les correspondía y otras medidas que no les permitía siquiera sobrevivir.

A su vez se encuadra en el desarrollo capitalista de la nación argentina, que se inicia con las campañas contra los pueblos originarios en el siglo XVIII, con el objetivo de la apropiación de territorios e instalación de latifundios, y la explotación de mano de obra barata. La última campaña de exterminio y expulsión de indígenas se llevó adelante en 1911 y tomó prisioneros a 8 mil, de los cuales 1500 fueron llevados a la reducción de Napalpí, que se crea por decreto el 27 de octubre de ese año. El objetivo central allí era convertirlos en trabajadores rurales carentes de todo derecho, para extender la frontera agropecuaria, principalmente del algodón.

En otra parte de los testimonios se establecen las relaciones en la intención del estado, como representación de la clase dominante, de escarmiento y sometimiento de la clase trabajadora, y, en particular en el caso de la masacre de Napalpí, mano de obra esclava, que diera mayores ganancias a la producción del algodón. Estas relaciones se establecen en la historia en un ciclo de fuertes represiones desde 1918, que incluyen La Forestal (Santa Fe), el Ingenio Las Palmas (Chaco), en la Patagonia, hasta la represión en la fábrica Krieger-Vasena, en Buenos Aires.

Al respecto, Natalia Morales, exdiputada del Frente de Izquierda en Jujuy y referente del PTS, señala en diálogo con La Izquierda Diario: “Pensando en la relación entre el pasado y el presente hay aspectos y similitudes que tienen que ver no solamente el rol de gobiernos como el de Alvear, o la masacre de Rincón Bomba durante el gobierno de Perón, sino que son la respuesta a los reclamos que hacen los pueblos originarios a reclamos fundamentalmente por condiciones laborales que son de esclavitud. En el caso de Napalpí está vinculado con la producción de algodón en el Chaco, en el caso de Rincón Bomba, a los enclaves azucareros de esas patronales genocidas que se enriquecieron con el sudor y la sangre de las familias indígenas que eran reclutadas para ese trabajo en condiciones de esclavitud”.

Ayer y hoy, hilos de continuidad

En mayo de 2022 concluyó en Chaco, el Juicio por la Verdad de la Masacre de Napalpí de carácter histórico por ser el primer juicio por la verdad por crímenes contra una comunidad originaria en el país. A lo largo de seis extensas jornadas que fueron cubiertas por este diario, tuvo el mérito de exponer abierta y públicamente las atrocidades cometidas contra los pueblos originarios y las condiciones de vida inhumanas a las que eran sometidos.

En su sentencia, la titular del Juzgado Federal Nº1 de Resistencia, Zunilda Nirempreger, junto a intérpretes de las lenguas qom, moqoit y wichi dio por probado que “existió responsabilidad del Estado nacional en los delitos de homicidio agravado y reducción a la servidumbre como crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas”.

A pesar de no tener un correlato en condenas a los responsables políticos y materiales de la Masacre de Napalpí, la sentencia tiene un carácter histórico por ser el primer juicio por la verdad por crímenes contra una comunidad originaria en el país. Este Juicio fue producto de décadas de investigación con el objetivo de denunciar lo ocurrido el 19 de julio de 2024 y de obtener justicia por esos crímenes de Estado. En 2014, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Chaco impulsó una investigación preliminar mediante la cual, a través de los años, se pudieron recoger las voces de sobrevivientes Qom y Moqoit, como Pedro Balquinta y Rosa Grilo, y a través de los relatos de algunos de sus descendientes. Se tuvieron en cuenta trabajos de investigación científica y en muchos casos los testimonios de historiadores e investigadores. También se incorporaron trabajos de investigación del contexto histórico como el de Reconstrucción Histórica del Genocidio Indígena de los investigadores Mariano Nagy, Héctor Hugo Trinchero, Diana Lenton, Marcelo Walko, Darío Aranda y Nicolás Iñigo Carrera, entre otros. En 2019 se realizaron en Colonia Aborigen excavaciones y exhumaciones, que estuvieron a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense.

Finalmente, en 2021 fue elevado a juicio y en abril del año siguiente comenzó el juicio.

Los testimonios reunidos a lo largo del juicio dejaron en evidencia que la Masacre de Napalpí no fue un hecho aislado, sino que se inscribe en una trama histórica de explotación y represión sistemáticas a las comunidades originarias por parte del Estado y del poder económico. En ello se inscriben por ejemplo la llamada Campaña del Desierto, la masacre de Rincón Bomba.

Marcelo Musante fue uno de los investigadores que declaró durante el juicio. Integra la Red de Investigadorxs en Genocidio y Política Indígena en Argentina y escribió sobre Napalpí y Reducciones Estatales en los libros colectivos En el país de nomeacuerdo (Universidad Nacional de Río Negro) y en Historia de la Crueldad Argentina (Ediciones El Tugurio). Entrevistado para La Izquierda Diario, nos dijo que “el juicio por la verdad por la masacre de Napalpí fue un hecho muy importante, simbólicamente el poder hablar de la masacre, que haya sido oral y público el juicio que se haya transmitido por Youtube, que hayan podido hablar familiares de sobrevivientes indígenas y que la gente los pueda ver es fundamental, pero hay que pensarlo como un punto de partida y no un punto de llegada porque todas las reparaciones que permite el juicio son simbólicas pero las condiciones prácticas, fácticas y materiales de las comunidades siguen siendo espantosas y esto va a ir empeorando, por ejemplo en la posibilidad de acceso a los trabajos, la discriminación, el racismo. No olvidemos que hace muy poquito, en pandemia, la policía entró a una casa en Fontana, cerca de Resistencia violentando a una familia gritando ‘indios de mierda’. Es decir, muchas de las condiciones que ocurrieron en aquel momento en términos de racismo y de posibilidades de represión son posibilidades que hoy también siguen existiendo”.

Avión contra levantamiento indígena en Napalpí, foto Robert Lehmann-Nitsche, Instituto Iberoamericano de Berlin

Por su parte, Natalia Morales agrega: “a 100 años de la masacre de Napalpí tenemos que exigir memoria, verdad y justicia por el genocidio que ha llevado el estado argentino contra los pueblos originarios desde su conformación y que parte de esos hilos de continuidad y de la historia es dar cuenta de distintas masacres que vivieron los pueblos originarios. En la masacre de Napalpí, bajo el gobierno radical de Alvear hay un hilo de continuidad con la masacre de Rincón Bomba en Formosa y otras masacres que vivieron pueblos originarios en el norte y también en el sur”.

“La situación hoy de las comunidades indígenas en el Chaco y más aún si incluimos a Formosa sigue siendo una situación muy compleja, muy crítica de profundas desigualdades y violencia estatal”, aporta Musante. “Por ejemplo uno de los temas centrales que plantean las organizaciones indígenas y que el Estado no quiere reconocer y no se quiere involucrar es con la propiedad de la tierra y con la propiedad comunitaria indígena en particular. Los relevamientos territoriales que era obligación hacer por la ley 26160 no se terminan de hacer en la zona y esto hace que todos los conflictos en general se resuelvan a favor de empresarios, criollos, que las comunidades sigan siendo corridas de los territorios para la práctica ganadera o para el monocultivo, es una problemática muy seria que no forma parte del debate actual, no lo formó en las décadas anteriores y muchísimo menos lo va a ser ahora, sino que va a empeorar. En los territorios incluso en los que hay conflictos territoriales en el Chaco existen organizaciones de criollos que andan en 4x4 persiguiendo y corriendo a las comunidades indígenas, en Formosa son constantes las denuncias contra la Gendarmería que los quiere sacar de las tierras comunitarias. Por otra parte siguen los indígenas sin poder formar parte efectiva de lugares de decisión política, no son pensados como pares a la hora de involucrarse en cargos públicos, las diferencias para la práctica docente de las y los docentes indígenas no pueden acceder a los mismos cargos que los docentes blancos. Además está el tema del chineo, que en realidad son prácticas de abuso sexual, mal llamadas chineo, esto sigue siendo un problema sin resolver y que sucedes muy frecuentemente en el Chaco, con chicos blancos de mucho dinero que secuestran y violan a mujeres indígenas”.

Agrega que “en el caso de la colonia aborigen en particular dónde ocurrió la masacre de Napalpí por ejemplo desde el año pasado las comunidades indígenas siguen reclamando que exista agua potable y esto el estado no lo está resolviendo las condiciones de vida en la Colonia siguen siendo realmente muy complejas”.

En el mismo sentido, Natalia Morales denuncia que “los pueblos originarios no tienen garantizados sus derechos civiles y democráticos, aun siendo reconocidos por la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos indígenas, sigue existiendo esa continuidad de un Estado que sigue oprimiendo a los mismos y no duda en utilizar la represión cuando lo ve necesario, por eso hay distintos hechos y asesinatos que se vienen denunciado en esos lugares. Pero también es un Estado que garantiza las ganancias de esos sectores empresariales que siguen estando a modo de enclave y que en la actualidad, no solo se beneficiaron con los distintos gobiernos de turno sino que en la actualidad van a verse mucho más beneficiados con el RIGI que permite que sectores agroexportadores tengan mayores y mejores condiciones impositivas, aduaneras y cambiarias para fortalecer sus negocios”.

“En el caso del norte de la Argentina en Jujuy y en Salta con las mineras y con el agronegocio del azúcar y en estas provincias donde avanza la frontera agroganadera (soja y ganado) también son esos sectores los que se vienen beneficiando a costa del saqueo a esos pueblos a quienes los despojan de sus territorio y que junto al Estado los tienen sometidos, recluidos en determinados lugares donde viven en condiciones de pobreza y situaciones infrahumanas”, señala Morales y concluye que “hoy dar cuenta y traer a la memoria esas voces, incluso los juicios que se llevaron adelante son un acto de memoria por esa historia que tiene continuidad en la lucha de esos pueblos y comunidades que a pesar y con esas historia sobre sus espaldas son protagonistas, alzan la voz, se ponen de pie contra esas patronales y contra gobierno de turno y autoritarios para dar cuenta de siglos de resistencia y pero también para traer a colación sus agendas y sus derechos”. (LID) Por Gloria Pagés