Si a través de un sólo banco la salida ilegal de fondos habría evadido impuestos por unos 10.000 millones de dólares, según la AFIP, ¿qué cabe esperar de la fuga de capitales considerada en su conjunto? El ahorro nacional, que alcanza los 100.000 millones de dólares anuales, ha sido en buena parte embuchado y sacado clandestinamente del país por parte de la propia burguesía nacional. En la lista de los autores del desfalco, que la AFIP difundió a cuentagotas el pasado viernes, están algunos de los mayores próceres de esa clase social, desde el grupo Clarín y Deutsche Bank hasta los ex amigos
k Midlin (Pampa Holding) o Ezquenazi, y también los emblemas de la patria sojera, como el grupo Grobo.
Según algunas estimaciones, los capitales argentinos en el exterior alcanzan los 200.000 millones de dólares, una cifra similar a la deuda pública en dólares que está en manos de acreedores “externos”. La comparación entre una y otra cifra no es casual, porque una parte de los capitales fugados han ido a parar a la compra de deuda pública argentina. Por esta vía, la burguesía nacional se ha convertido en la principal acreedora del país, explotando los réditos de la bancarrota económica que ellos mismos han provocado. El kirchnerismo ha tolerado este desfalco durante más de una década, sin chistar. Nunca hay que olvidar, en este punto, que la piedra basal del kirchnerismo es la fuga de los 1000 millones de dólares que el Estado de Santa Cruz recibió de la privatización de YPF, y que los Kirchner apoyaron calurosamente.
Extorsiones recíprocas
Pero incluso en el caso del HSBC, el gobierno ni siquiera ha destapado un caso novedoso. Las revelaciones sobre las maniobras internacionales de este banco en torno a la apertura de cuentas no declaradas estallaron en 2006-2008, cuando un ex empleado de la entidad le entregó a la justicia francesa los datos de miles de depositantes clandestinos en Suiza. Los fiscales galos compartieron esta información con varios países afectados, entre ellos, Argentina. Echegaray dijo haberse reunido con el informante
a comienzos de este año, y contar con la información desde hace varios meses.
La tardía revelación de estas cuentas es la réplica de la camarilla oficial a la escalada del juez Bonadío, que acaba de reclamarle a la AFIP las declaraciones de bienes de la familia Kirchner. El deschave de las 4000 cuentas, por lo tanto, está condicionado a un juego de extorsiones. Por lo pronto, Echegaray sólo reveló un puñado de titulares de cuentas, y postergó la difusión de la lista integral. Antes de ello, tendrán que filtrar los nombres de los amigos
. Del otro lado, “Clarín” anuncia que “puede haber más –ya hay más- malas noticias para Cristina”. (28.11), en materia de investigaciones sobre lavado de dinero. La “guerra de carpetazos” refuerza otra disputa, la del destino de la justicia.
Transición convulsiva
Los carpetazos demuestran que la transición política no será pacífica ni ordenada. Días atrás, los popes empresariales de la UIA emplazaron al gobierno a un arreglo con los holdouts, el primer paso para un rescate financiero del cual dependerá, según ellos, “la liberación de dólares para la industria en 2015”. Pero los jefes de la burguesía y el gobierno saben que el arreglo con los buitres sólo sería el primer paso de un socorro financiero internacional. En el pliego de reclamos de los rescatistas, están la devaluación de la moneda y un ajuste fiscal en regla. Los K temen que la puesta en marcha de este paquete complete su demolición política, y no renuncian a pasarle el fardo al próximo gobierno. Esta posibilidad exaspera a la burguesía, que exige que el desmantelamiento político y económico del kirchnerismo comience ahora. Para ello, extorsiona a la camarilla oficial con la mugre de sus abundantes corruptelas. Los K, por su parte, defienden su supervivencia política. Pero hasta la candidatura oficial de Scioli se sostiene en la promesa de terminar con el ^modelo. Para sortear esa contradicción y condicionar a Scioli, los K piensan meter a Cristina en la boleta presidencial, candidateándola a
parlamentaria del Mercosur`.
Entre el HSBC y Hotesur, lo que campea es el agotamiento completo del régimen político y económico que rigió desde el 2002 hasta hoy. La transición política es una lucha respecto de quién se hace cargo de las consecuencias convulsivas del derrumbe, que los bloques que se disputan la sucesión quieren trasladarle a los trabajadores. Este es el telón de fondo de los carpetazos.
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