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Crisis social.Ajuste a las jubilaciones y la AUH: se hundieron entre un 10 % y 15 % en el último año

La nueva ley de movilidad (Ley 27.609) votada el año pasado fue acompañada de declaraciones del Gobierno que negaban se trate de un ajuste, pero los números publicados por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) sobre el primer trimestre del año, dejan claro el ataque sobre los jubilados, pensionados y aquellos que cobran asignaciones. Además los empleados estatales también se vieron perjudicados como parte del ajuste para poder cumplir con las exigencias del FMI.

20 de abril

En el informe presentado afirman que las asignaciones familiares y por hijo (a las cuales se destinó $ 125.855 millones) presentaron una disminución de 15,5 % en el primer trimestre, en comparación al mismo período del año pasado, teniendo en cuenta la inflación. La suba de precios que llegó al 13 %, en los primeros tres meses del año, fue superior al de las jubilaciones y pensiones que tuvieron un incremento de sólo 8,07 %, en marzo. Por esto el Estado destinó un 10,5 % menos, en términos reales, para los jubilados y pensionados (en el primer trimestre) que en 2020.

Como denunciaba el diputado del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño, en la sesión que votó el cambio de la fórmula por la cual aumentan las jubilaciones y la AUH: “Una vez más asistimos a un ajuste a millones de jubiladas y jubilados que trabajaron toda su vida y a quienes reciben la AUH. Acá no hay grieta. Los que gobiernan siempre se la agarran con ellos.” Desde el Frente de Todos le replicaban que la nueva fórmula iba permitir aumentar los ingresos, pero a sólo tres meses de su votación se puede ver con claridad que no fue así.

Eugenio Semino, el Defensor de la Tercera Edad en CABA, en declaraciones a La Izquierda Diario fue contundente: “a pocos meses de haberse cambiado la forma de cálculo de la movilidad vemos como los jubilados entre el trimestre octubre, noviembre y diciembre del año pasado, enero, febrero y marzo, vieron cómo perdieron respecto a la inflación general doce puntos más de poder adquisitivo de su haber”.

Desde el Gobierno afirman que la baja en el gasto en prestaciones sociales, que alcanzó un total $ 958.224 millones y tuvo una caída real de 8,3% en relación a igual período de 2020, fue compensado por la ampliación del Repro y el ATP, pero estas partidas representan una pequeña parte de lo recortado. Al programa Potenciar Trabajo se destinó $ 31.912 millones y a las Políticas Alimentarias $ 29.251 millones, al REPRO II $14.012 millones y al Salario Complementario en el marco del AETP $ 10.296 millones. Los cuatro sumados no llegan a igualar una sola de las rondas del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgadas durante el 2020 y que fue eliminado para 2021.

Por su parte, los recursos provenientes de la Seguridad Social sumaron $ 448.913 millones, lo que implicó una caída de 8,4% interanual. El informe señala que: ”se verificaron caídas en la comparación interanual de la cantidad de aportantes al sistema y de la remuneración imponible" y agrega: "Por la baja en el empleo registrado y el atraso en los salarios nominales, desde junio de 2018 la masa salarial se ubica sistemáticamente por debajo del Índice de Precios al Consumidor". Además en comparación con el 2020, lo destinado a los salarios de los empleados estatales cayó un 6,5 % (siempre teniendo en cuenta la inflación). Esto refleja el grave empeoramiento del empleo tanto privado como público.

Pese a la crisis económica, el alza de los precios internacionales de los alimentos, como la soja (que este lunes llegó US$ 530 dólares la tonelada) o la carne, generaron un crecimiento importante en lo recaudado por los derechos de exportación; pasaron de implicar el 12 % de los ingresos tributarios al 20 %. La suba podría haber sido mayor si el Gobierno no hubiese otorgado una serie de beneficios a las grandes multinacionales exportadoras. Pero estos recursos no están siendo puesto en función de las necesidades de las grandes mayorías, cuando más del 42 % de la población se encuentra en la pobreza.

Alberto Fernández sólo anunció un bono de $ 15.000 para las familias del AMBA que cobran la AUH y los que integran las categorías más bajas del monotributo como paliativo ante las nuevas medidas de restricción a la circulación. Si el IFE que totalizó $ 30.000 en seis meses no puedo evitar la profundización de la crisis social, mucho menos lo hará esta limitada medida.

Hay fondos suficientes para financiar un IFE de $ 40.000 para todos aquellos que lo necesiten, pero el Gobierno elige recortar las ayudas sociales para seguir ajustando el Presupuesto en función de las exigencias del FMI. Una deuda fraudulenta que no ha dejado de crecer a un ritmo acelerado en las últimas cuatro décadas y provocando un saqueo constante de los recursos del país. Las familias trabajadoras y los jubilados no pueden seguir pagándola a costa de pasar hambre, es urgente declarar el desconocimiento soberano de la deuda externa y poner en primer lugar combatir la pandemia y la pobreza. (LID) Por Matías Hof

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Diario de la criminalización de la protesta social en Salta - Marco Diaz Muñoz

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