Caso Espinoza en Tucumán: Manzur y los intentos de ocultar la responsabilidad del Estado

Diez días después de la desaparición forzada seguida de muerte de Luis Espinoza, el gobernador Juan Manzur rompió el escandaloso silencio que venía cultivando. “Hay que caerle con todo el peso de la ley a todos aquellos que hayan cometido el delito o sido participes del asesinato. Tienen que ser juzgados y condenados”, afirmó tras el Tedeum por el 25 de Mayo. Además de cumplir con la formalidad, las palabras del gobernador buscan ponerlo fuera de la cadena de responsabilidades existente en el asesinato del trabajador rural de Simoca.

Manzur compara el asesinato de Luis Espinoza por parte de la Policía —que incluyó la desaparición de su cuerpo y un operativo de encubrimiento— con un homicidio cualquiera. Como vienen señalando organismos de derechos humanos, el caso Espinoza se trata de una desaparición forzada seguida muerte. Varios organismos internacionales plantean que la desaparición forzada está constituida, exista o no un plan sistemático, por la privación de la libertad; la intervención directa de agentes del Estado o el consentimiento de éstos; y la negativa de reconocer la detención o de revelar la suerte o paradero de la persona. Aunque la investigación está en curso, todo estos elementos se cumplen en este caso.

Incluso el juez de instrucción Mario Velázquez afirmó en una entrevista en Página 12 que el caso Espinoza “tiene todos los condimentos de la época más atroz de nuestra historia en manos del terrorismo de Estado”. Y hasta el momento, la causa sigue caratulada como desaparición forzoza agravada.

“Siempre es por parte del Estado. Es inútil que las autoridades quieran distorsionar o negar lo que es evidente”, afirmó Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora) enuna entrevista en Alerta Spoiler. “En un primer momento la noticia era una desaparición más, como si fuera natural. Terrible. Además lo que lamento es que el presidente Fernández fue (a Tucumán) a los dos días que estaba desaparecido Luis y no dijo media palabra”, agregó.

El comandante tiene quien le crea

Hoy al mediodía el ministro de Seguridad provincial, Claudio Maley, se presentó en la Legislatura para informar al vicegobernador Osvaldo Jaldo y a un grupo de legisladores sobre el caso. Maley viene siendo señalado como responsable político —con organismos de derechos humanos y partidos políticos que exigen su renuncia— pero de la Legislatura salió airoso. La reunión fue a puertas cerradas y, luego de ella, Maley y Jaldo coincidieron en las valoraciones, con declaraciones similares a Manzur.

“Tenemos policías buenos y también tenemos algunos que no son tan buenos”, planteó Jaldo. Para el titular del poder Legislativo, no se debe generalizar y hay que distinguir entre la institución y los individuos. Idea que repitió Maley, quien pidió no generalizar. Con un cinismo brutal, el comandante mayor (R) de Gendarmería dijo que el crimen de Espinoza “lastimó a la institución policial”.

Pero ambos no pudieron responder sobre la práctica sistemática de la Policía ni tampoco por qué los policías que asesinaron a jóvenes como Facundo Ferreira o Miguel Reyes siguen perteneciendo a la fuerza (la mayoría, libres). Tampoco sobre las denuncias previas que ya tenían dos de los nueve policías actualmente detenidos. Además, a pesar de los cuestionamientos hacia la Policía, el oficialista Gerónimo Vargas Aignasse (presidente de la comisión de Seguridad y Justicia) afirmó que la Legislatura aprobará esta semana una ley “anti motoarrebato” que le da mayor atribuciones a la Policía.

Tras la interpelación, Maley recibió el espaldarazo de Manzur. “Es una persona de bien, que trabaja. No creo que deba renunciar. No he pensando en cambiarlo”, le dijo a La Gaceta.

Aunque digan que son casos aislados, esta práctica sistemática no ocurre sin el amparo del poder político y judicial. Las atribuciones dadas a la Policía durante la cuarentena mostraron nuevamente esta dinámica. Una fuerza “dueña” de las calles, con vía libre para decidir a quién detiene o no, con razzias a los tiros en los barrios -y pidiendo permiso en los countries-, denuncias por golpes, coimas y el verdugueo. El poder político calló y dejó hacer. Mientras el juez penal Facundo Maggio, que en sus tiempos de abogado fue defensor de genocidas, falló dos veces negando un sesgo contra los sectores populares durante los operativos de la cuarentena. Estos fallos fueron utilizados por el Ministerio Público Fiscal para demostrar el éxito de los operativos. Mientras más detenidos, más exitosos. ¿Quién se fortaleció?

Los policías involucrados en el asesinato de Luis Espinoza habían ido a "hacer cumplir la cuarentena" ante el dato de que en la zona se iba a desarrollar una carrera cuadrera. Pero los vecinos comentan que muchas veces la Policía va a las carreras a pedir coimas. Como parte del encubrimiento, los uniformados habían deslizado la posibilidad de que Espinoza se haya fugado hacia el monte con la recaudación de la carrera. Una completa mentira. Lo cierto es que no se encontraron los $ 16.000 que el obrero rural había juntado para ayudar a unos familiares.

Una defensa cerrada

Para algunos, las acciones de Jaldo en la Legislatura son un reflejo de su interna con Manzur, a quien busca desgastar. A esta puja le atribuyen que la semana pasada haya afirmado que no se podía tolerar un desaparecido en democracia, como si fuese un testigo lejano. También que se haya reunido con la familia Espinoza y la interpelación a Maley.

Pero la interna, que ya comienza a ser mencionada en portales nacionales, pasó a un segundo plano cuando hay una crisis política en la puerta. Tanto Manzur como Jaldo cierran filas para defender a un pilar del régimen en la provincia. Se mencionaron separaciones, inicios de sumarios, cambios de cùpulas, depuraciones y hasta de la posibilidad de una reforma de la Ley Orgánica de la Policía. Anuncios previsibles del "si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie".

Las palabras de Manzur y Jaldo, así como el silencio presidencial, buscan desligar al Estado de su responsabilidad. Frente a esto, es necesario seguir denunciando la desaparición forzada seguida de muerte de Luis Espinoza, reclamando castigo para los responsables materiales y políticos, comenzando con la renuncia de Maley. (LID) Por Maximiliano Olivera