Apuntes policiales: ¿Se debe reformar el sistema policial?

Han pasado 183 años desde la creación de la Provincia de Salta. Por la dinámica propia de los tiempos , hoy corren vientos de cambio y renovación que deben llegar a la fuerza, dejando atrás una estructura organizacional antifuncional, rígida, obsoleta y, sobre todo incomunicada entre sí.

Estas prácticas se contraponen y ,porque no, llegan a impedir la accesibilidad eficaz y oportuna, de sus servicios hacia la comunidad en aras de la preservación del orden público.

Tampoco se concibe que todavía, se mantenga la rémora feudal del recargo de servicio al personal policial que agotó su carga horaria normal de trabajo, afectando no solo su salud psicofísica y por alejamiento prolongado a su núcleo familiar.

El peor agravante sería que esta sobrecarga horaria, se prestaría sin remuneración alguna. Ello equivale a sostener que el propio Estado, a través de una de sus dependencias públicas configuraría una suerte de reducción a servidumbre, contraria a toda legislación laboral vigente en el País.

Lo más urticante, desigual y arbitrario son las que se denominan sanciones disciplinarias, categorizadas como arresto.

Esto implica una prestación de servicios fuera de su horario normal de trabajo, el que se rutiniza a través de un Reglamento Orgánico Policial, dicen.

Ahora bien, como la sanción o castigo es absolutamente discrecional, y queda al criterio del jerárquico de turno, el subordinado está impedido de ejercer su defensa y poder de discernir si la pena es justa o no. Esto patentiza una conducta antijurídica y disvaliosa en perjuicio del servidor público, quien queda en estado de indefensión laboral.

En contrario sensu, el trabajador público o privado que es sancionado, se le prohibe prestar servicio sin goce de haberes. Esa es la naturaleza y fin de la sanción impuesta por la Ley.

Por otra parte, en otra columna anterior se mencionó un caso puntual: La policía de Salta en plena etapa de profesionalización de sus cuadros no puede ni debe darse el lujo de hacer dispendio del recurso humano, mantener segregado como un “ apartheid “ impropio de la institución, a 30 ó 40 profesionales de grado universitario sin reubicarlos en el Cuerpo Profesional y Escalafón correspondiente. Además se debe asignarles el grado de iniciación como Oficiales Principales tal como lo dispone la normativa legal en vigencia.

Si alguna vez, por decisión de las autoridades políticas de la Provincia, llegan a saldarse de una vez y para siempre estas y otras tantas asignaturas ( muy malas) pendientes , se repotenciaría su crecimiento favorable de imagen., respeto y credibilidad pública como sistema de seguridad e institucional . Veremos que pasa.