Alarma por el posible cierre de la Defensoría del Público: 140 familias en riesgo y preocupación por el derecho a la comunicación

Alertan sobre el impacto en la sociedad ante el aumento de la violencia en los medios y la falta de resguardo estatal.

La Defensoría del Público, organismo dedicado a garantizar el derecho a la comunicación en Argentina, enfrenta una grave crisis que podría llevar a su cierre definitivo. Según un comunicado de los trabajadores de la institución, 140 empleados están en riesgo de perder sus empleos tras una serie de modificaciones impulsadas por la interventora Soher El Sukaria, designada de manera que califican como ilegítima. Aseguran que el estatuto del organismo fue modificado sin participación de la Comisión Bicameral del Congreso ni otros entes con legitimidad institucional.

Entre los cambios más alarmantes se encuentra la eliminación de áreas fundamentales como las de capacitación, protección de derechos y pedagogía. Con estas modificaciones, la Defensoría quedaría limitada a tomar denuncias y elaborar informes, perdiendo su capacidad de acción. Los trabajadores señalan que, de concretarse el cierre, según el reglamento, el personal debería ser trasladado al Congreso Nacional, aunque esto aún no ha sido garantizado.

La Defensoría del Público fue creada como resultado de años de foros y debates en universidades públicas y medios de comunicación. Su labor ha sido clave para promover sociedades más pacíficas y mejorar la calidad de la comunicación, incluso a nivel internacional. Aunque carece de poder sancionador, sus investigaciones y recomendaciones han tenido un impacto significativo en la promoción del derecho a la comunicación y la protección de las audiencias.

Los trabajadores advierten que el desmantelamiento del organismo tiene graves implicancias sociales. «¿Quién garantizará que se respete el horario de protección al menor o que se pueda denunciar la violencia en los medios?», cuestionaron en el comunicado. En un contexto donde crece la violencia en la sociedad y los medios de comunicación, denuncian que esta decisión representa un golpe a los derechos democráticos y una renuncia al compromiso estatal con la protección de las audiencias. (Infogremiales)