Ajuste educativo. Sin grieta: ni CFK, ni Macri ni Alberto cumplieron con la ley de financiamiento educativo

A pocos días de comenzar un nuevo ciclo lectivo, volvió el debate sobre el financiamiento de la educación pública. Esto despierta un interés en las familias trabajadoras que ven a sus hijos asistir a escuelas desfinanciadas, docentes sobrecargados para llegar a fin de mes y una canasta escolar inalcanzable por la inflación que no para de subir.

El observatorio Argentinos por la Educación publicó un informe donde analiza y compara el presupuesto educativo en los últimos años. Informe que fue replicado por los principales diarios del país. Por su lado, Alejandro Bercovich, periodista de Radio con vos y C5N, también se refirió a este tema en una de sus editoriales radiales. Incluso el ministro Jaime Perczyk salió al cruce aduciendo que en la gestión del Frente de Todos hay inversión y en la de Juntos por el Cambio, ajuste. Insostenible. Ajustar, ajustaron todos: porque se ha achicado el PBI, entonces porcentualmente hay ajuste, por recortes directos, vía inflación, vía bajos salarios o desinversión.

Un debate sobre prioridades: deuda millonaria del Estado con la educación

Desde 2006 cuando fue sancionada la Ley de Financiamiento Educativo hasta 2020 (último año con estadísticas), solo en tres años se cumplió con la meta que llevaba a invertir 6% del PBI: 2009, 2013 y 2015.

En el resto de los años las metas no se cumplieron y el 68,4% de la desinversión ocurrió en cuatro años: en 2010 y entre 2018 y 2020. En 2019 se dejó de invertir 841 mil millones de pesos, actualizados a 2022 (el 22,6% del total de la deuda). En 2018, 751 mil millones (el 20,1%); y en 2020, 570 mil millones.

Cuando fue sancionada esta ley, desde la izquierda y sectores antiburocráticos, advertimos que se trataba de un parche que no iba a resolver la crisis educativa y que por el contrario habilitaba todo tipo de financiamiento por parte de empresas y ONG. Pero, y sobre todo, mantenía la lógica neoliberal de la desentralización, la gran política neoliberal desde la dictadura, o incluso antes, para desentender al Estado nacional de la educación pública.

Esta ley fue acompañada de una nueva Ley Nacional de Educación que lejos de revertir todos los avances del neoliberalismo en la educación, los reforzó parándose sobre ellos.

La ley Nacional de educación (26.206) mantuvo el sistema fragmentado. El Estado nacional sólo garantiza un piso salarial muy bajo y se desentendió del financiamiento de la educación pública, que sigue en manos de las provincias tal cual lo definió Menem en 1993 con la Ley Federal y la descentralizacion educativa (24.049), de 1991 con la transferencia de servicios a partir del ’92..

El desentendimiento sobre el financiamiento se traduce hoy, en que a lo largo de estos 15 años se fue acumulando una deuda del Estado con la educación que asciende al equivalente al 5% del PBI de 2020. Si se quisiera, señala el informe, el Estado debería invertir 11% del PBI en educación este año (5% que deben más 6% que corresponde). Casi dos presupuestos educativos juntos (15,3%). Algo que está muy lejos de las decisiones que viene tomando el FDT en el gobierno con Massa a la cabeza y con el apoyo de la oposición de derecha.

Para los gobiernos la prioridad viene siendo cumplir las metas del FMI, y esto es a costa de la salud, educación y beneficiando con subsidios a los grandes empresarios.

En 2022 a Massa no le tembló el pulso para sacar de un plumazo 50 mil millones del presupuesto, que iban a ser destinados, entre otras cosas, al Plan Conectar Igualdad y al programa “Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles”. Nada que envidiar a otras “falsas promesas”, como la del ex presidente Macri, cuando en 2017 anunció la construcción de 3000 jardines. Meses más tarde el ex ministro Finocchiaro anunciaba “ que no se podían construir por falta de terrenos”.

La desinversión educativa es una triste realidad a la vista: escuelas destruídas, cursos superpoblados, servicios alimentarios escolares insuficientes y poco nutritivos, becas insuficientes, falta de material didáctico y libros, personal insuficiente y de equipos interdisciplinarios que son vitales en las escuelas. Salarios de pobreza y precarización laboral completan un cuadro que miles de docentes y estudiantes a lo largo y a lo ancho del país vienen denunciando y peleando para transformarlo, como mostraron las decenas de huelgas y luchas en 2022.

El ajuste en educación se profundiza en un marco de profunda crisis social, donde más del 50 % de les niñes y adolescentes de este país son pobres.

La pandemia profundizó y expuso aún más la crisis educativa.Como es sabido, ni el gobierno nacional ni los gobiernos provinciales garantizaron el acceso universal a internet ni dispositivos para que lxs estudiantes pudieran aprender. Si analizamos los números del presupuesto educativo en el 2020 fue uno de los años donde se estuvo más lejos de cumplir la Ley de financiamiento.

Desfinanciamiento, descentralización y ajuste educativo: ¿y los sindicatos?

La Ctera es la confederación sindical más numerosa del país y es la que viene dejando pasar todos los ajustes y ataques de todos los gobiernos a la educación pública. Achiques, reformas sin debate, bajos salarios, privatización creciente de áreas y sectores, precarización laboral, calendario escolar de 190 días, etc. La novedad es la extensión horaria que, sin debate ni consenso, se empezó a aplicar de hecho.

Hoy, su conducción profundiza la integración al Frente de Todos, como lo viene expresando Roberto Baradel en su campaña por la reelección de Axel Kicillof como gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Pero no es tal o cual dirigente. Es su política y en cada provincia adopta posturas más o menos similares, acorde a la línea política del Frente de Todos en cada una: más o menos oficialista, más o menos es parte del cogobierno con Juntos por el Cambio.

En abril de 2021 las conducciones sindicales acompañaron la presentación de un proyecto de una nueva ley de financiamiento educativo, que entre otros puntos planteaba llevar del 6% al 8 % del PBI lo destinado al presupuesto para educación. Más de lo mismo, para que nada cambie.

En 1991, bajo el auge del neoliberalismo, se sancionó la Ley 24.049 de Transferencia de los servicios de la Educación de Nación a las provincias. Así se concretaba la descentralización del Gasto en Educación. Ningún gobierno puso esto en cuestión. La Ley de Financiamiento no revirtió esta avanzada, sino que puso un parche, que ni siquiera, como se ve en los números y realidad de las escuelas, termina siendo tal.

Esto tuvo como efecto que el gasto para educación se financiara con las cajas provinciales, dispares entre sí, siendo los salarios docentes un 80 % del destino del gasto en educación en la mayoría de las provincias. Este proceso de descentralización del gasto que se corona bajo el menemismo tuvo varios intentos y antecedentes durante la dictadura militar. Desde entonces no se ha cuestionado esta lógica neoliberal ni por parte de los gobiernos peronistas, radicales, PRO, y menos aún por los liberales/libertarios que opinan que el estado ni siquiera debería poner un peso en la educación pública.

Luego de las jornadas revolucionarias de 2001 y en los comienzos de una recuperación de la economía nacional, con viento de cola internacional a favor principalmente por el precio de las materias primas, el kirchnerismo sancionó en 2006 la Ley de Financiamiento Educativo (LFE), que entre otras cosas “establece un aumento gradual y progresivo del gasto en Educación, Ciencia y Tecnología durante el período 2006-2010, hasta alcanzar el 6% del PIB. Tanto el Gobierno Nacional como los Gobiernos Jurisdiccionales se han comprometido financieramente para alcanzar dicho objetivo.”

A 15 años de la sanción de la Ley, esta casi no se cumple y tampoco ningún gobierno cuestiona la herencia de las leyes de Menem con la descentralización por provincia.

Las distintas conducciones peronistas de la Ctera y los sindicatos de base provinciales solo se han adaptado, una y otra vez, a las reformas neoliberales y sus parches. Por eso, los salarios de los y las trabajadoras de la educación se discuten en cada provincia y la paritaria nacional solo fija un monto.

¡Plata para educación, NO para la deuda!

Como venimos planteando en todo el país desde la 9 de abril, Lista Marrón Nacional en el Frente de Izquierda Unidad, para empezar a revertir el atraso y la dependencia, en educación se debe volver a un sistema educativo nacional y que el Estado nacional no sea un “ministerio sin escuelas” y financie la educación de todo el país, con un salario único para las y los docentes de Ushuaia a la Quiaca y un presupuesto acorde a las necesidades, con una base del 10% del PBI.

Pero bien sabemos que es imposible revertir la decadencia, el atraso y los altos niveles de pobreza, invertir en educación, salud y trabajo, sin un desconocimiento soberano de una deuda ilegal e ilegítima y la ruptura con el FMI y sus planes de sometimiento.

Son indispensables medidas como la nacionalización de la banca, el comercio exterior o la expropiación de los grandes terratenientes y los servicios estratégicos, para poner los recursos en función de un plan que sea favorable a las grandes mayorías y no de la ganancia de unos pocos.

Es en las escuelas donde se concentra el conjunto de las penurias sociales. Las consecuencias de las políticas que dejan a las familias en la calle, el hambre, la desocupación en las familias o la desaparición de una joven, etc. Para la crisis educativa no alcanza con un reclamo parcial.

Sabemos que en esta pelea no sólo tenemos que enfrentar la política del gobierno nacional y de los gobernadores provinciales, sino también de los que se preparan para gobernar y aplicar con más crudeza el plan acordado con el FMI.

Hay que desarrollar y ampliar la unidad de la docencia con el resto de los trabajadores, para pelear juntos. Hay que unir lo que la burocracia sindical divide en realidades tan disímiles como Buenos Aires, Salta, Chubut o Mendoza. Tenemos que prepararnos para derrotar esta nueva ofensiva del gobierno nacional y la oposición patronal, que pretenden imponer ajuste y saqueo, como ya lo vemos en muchos puntos del continente.

Por eso, desde nuestras agrupaciones y desde las seccionales opositoras a las conducciones burocráticas de nuestros sindicatos de las que somos parte, peleamos en las escuelas para unir nuestras demandas a la comunidad educativa, a otros trabajadores y desde abajo imponer la lucha por una salida a la crisis en favor de las mayorías populares.

Empecemos por organizar asambleas en todas las escuelas, junto a la comunidad. Nuestra perspectiva es la construcción de un congreso educativo democrático, donde los verdaderos interesados en defender la escuela pública podamos discutir un verdadero plan, en base al aumento del presupuesto en forma inmediata y la pelea por la nacionalización del sistema educativo.

Un congreso construído desde abajo, que pueda no sólo llegar a una visión común sobre esta realidad, sino debatir y votar las medidas necesarias para luchar por transformarla a favor de las mayorías. (LID) Por Virginia Pescarmona / María Díaz Reck