Ajuste. Presupuesto 2023: el Gobierno prevé recortar más de un 10 % de los fondos para las universidades

El ajuste del presupuesto que va a las universidades sufrirá un recorte de al menos 10 % en términos reales respecto al del año 2022. Esto resulta de considerar la proyección de inflación de 60 % que fijó Sergio Massa en el proyecto de ley para el año que viene. Pero el ajuste del presupuesto universitario llegaría hasta un 22 % si la inflación esperada alcanza efectivamente al 84,1 %, tal como releva el Banco Central de las estimaciones de analistas.

El artículo 12 del proyecto de Ley de Presupuesto 2023 que presentó el Poder Ejecutivo al Congreso determina una asignación de $ 752.482.394.720 a Universidades Nacionales. En el detalle de la planilla anexa al artículo 12 se ve cuánto corresponde a cada universidad.

En comparación con el presupuesto que se ejecutará este año, que según el mismo proyecto es de $ 521.122,3 millones, esta asignación a universidades tendrá un incremento nominal del 44 %. Sin embargo, la inflación proyectada es del 60 % anual para 2023, lo que implica un recorte real (del poder adquisitivo) del 10 %.

Pero si se confirma la hipótesis de una inflación esperada en torno al 84 % (REM-BCRA), el recorte proyectado alcanzará al 22 % en términos reales. Un ajuste brutal para cumplir con las metas de ajuste fiscal del Programa acordado con el Fondo Monetario Internacional.

La mayor parte de esos fondos se destinan a salarios, lo cual advierte dos grandes problemas. En primer lugar, que el ajuste recae directamente sobre el personal docente y no docente que sostiene la educación superior universitaria. El segundo problema, es que se sigue manifestando una desinversión en infraestructura y otros gastos corrientes y de capital fundamentales para garantizar una adecuada enseñanza, herramientas de trabajo, becas, conectividad, etc, como se mostró en la pandemia totalmente insuficientes.

Las y los docentes universitarios vienen llevando adelante una importante pelea contra el deterioro salarial, a pesar incluso de las direcciones sindicales que firmaron paritarias muy marcadamente a la baja (Conadu, Fedun, Fagdut, Ctera y Uda). Con un acuerdo salarial cerrado en un 62 % de aumento anual (en cuotas) para este año, la pérdida del poder adquisitivo del salario supera el 30 %.

No sorprende entonces que, al conocerse los datos oficiales del presupuesto, el ajuste del presupuesto universitario en 2022 sea el más fuerte de los últimos 10 años. Con una inflación anual de 95 % en diciembre, el recorte real superará el 15 % este año, ya que el Gobierno reconoce que sólo lo aumentará un 65 % a $ 521.122,3 millones frente a una inflación del 95%.

Últimos cinco años de ajuste: de Macri a Fernández

De esta forma, de consumarse este fuerte ajuste en 2022, el Presupuesto Universitario terminará en diciembre un 36 % por debajo del nivel de 2017. Hacia fines de 2023, aún si se cumpliera la inflación de 60 % de Massa en el Presupuesto, la pérdida sería de 42 % en los últimos 6 años.

Pero si se cumpliera el panorama más probable de una inflación mayor para 2023, en torno al 84 % (REM-BCRA), y el Gobierno no modificara la asignación inicial, el recorte acumulado ascendería al 50 %. Es decir, en sólo seis años entre Macri y Ferández se habrá ajustado el presupuesto universitario a la mitad.

La caja de los rectores

A ello debe agregarse una inconsistencia en el propio Presupuesto 2023 que ya hemos denunciado en anteriores oportunidades en este medio: hay más de un número para la misma partida presupuestaria. Si bien el artículo 12 del proyecto de ley establece que las transferencias a Universidades alcanzarán a $ 752.482 millones, en el mensaje del proyecto figura una asignación mayor: $ 805.438,5 millones. ¿Por qué esta discrepancia de casi $ 50.000 millones?

De dónde surge ese monto no está detallado en ningún otro lado. Se trata de una confusión deliberada, para guardarse un margen de negociación con los rectores radicales -aliados al PRO- y del PJ. Todos los años surgen estas inconsistencias -no casuales- lo que vuelve a poner sobre la mesa la distribución arbitraria de fondos que se terminan discutiendo a espaldas de docentes, no docentes y estudiantes.

Usualmente la argumentación para la existencia de estas grandes diferencias de asignaciones es que el presupuesto se realiza previamente a las negociaciones salariales, es decir, ¡que se elabora sin tener en cuenta los aumentos a los docentes universitarios y a los no docentes! Insólito, precisamente, se trata de una proyección y una herramienta de planificación que debería incorporarlos, como sí se hace por ejemplo, en el caso de los salarios de la administración pública nacional.

Pero aún considerando estas diferencias, ni en el mejor escenario se logra recomponer los más de 35 puntos de recorte de los años anteriores.

No se puede seguir tolerando este grado de ajuste explícito para satisfacer los intereses del capital financiero, personificado y representado por el Fondo Monetario Internacional. Cada dólar destinado al FMI y a los acreedores externos, y cada punto del déficit fiscal que se baja a partir de un mayor gasto o una suba de impuestos y tarifazos a las familias trabajadoras tiene consecuencias directas sobre las mayorías populares.

La educación pública y gratuita, y en particular la enseñanza universitaria pública, laica y gratuita, es una conquista del movimiento obrero argentino que hay que defender. Con este ajuste tendremos cada vez peores condiciones para el desarrollo del ejercicio docente, para la formación de estudiantes, peores condiciones de estudio, y miles de jóvenes sin poder acceder a la educación superior.

Es fundamental dar una pelea conjunta, entre docentes, no docentes y estudiantes, por un aumento del presupuesto universitario inmediatamente, destinado a salarios, infraestructura y becas integrales en base al no pago de la deuda, y por una universidad al servicio de las necesidades de las mayorías populares y no de los negocios privados. (LID) Por Lucía Ortega