Hace un año durante 30 días que fueron desde el 10 de enero al 20 de febrero, La Comunidad Las Costas sufrió duros atropellos tanto contra sus derechos en como Pueblos Originarios consagrados en la Constitución Nacional, como así también en la Ley 26.160 y su prorroga actualmente en vigencia Ley 26.554 Sobre emergencia de tierras comunales de pueblos indígenas, de los tratados internacionales a los que el estado argentino se adhiere Convenio 169 de la OIT, Declaración de los Derechos de
los Pueblos Indígenas de la ONU, etc.
En aquel entonces se violaron las garantías constitucionales, se hizo abuso de poder, discriminación, y sin descaro hubo vicios de forma, e irregularidades en el trato de las demandas judiciales de la Comunidad, favoreciendo al Jockey Club y a terceros que disponen de una Ley explicita y particular como la Ley 26.160. Sin embargo en esta lucha tan desigual, la organización de los hermanos pudo más que la persecución policiaca, y el armado de causas como mecanismo de amedrentamiento.
La criminalización de la protesta en Las Costas, no fue un hecho aislado también en el resto de la sociedad que protestaba por reclamos justos; el boletos estudiantil, el salario docente, desocupados, etc. fueron duramente reprimidos, lo cual dejaba a las claras el trato preferencial del conflicto social por parte de la Gobernación de Juan M.Urtubey, que innovó en la utilización del gas pimienta, de mecanismos de electricidad
pero continuo con la “política del garrote” hacia los sectores populares y los Pueblos Originarios, política que se mantiene, tanto en sus dichos en la prensa como en su silencio ante nuevas lesiones a los derechos humanos como lo sucedido recientemente en la Comunidad Las Pailas – Cachi.
En Las Costas y en Salta, todos sabemos que el proyecto de Urtubey y componía, no tan solo miente y golpea, sino que “no hace realidad ninguna esperanza”, y que es el Pueblo organizado quien debe hacer respetar sus derechos consagrados en las leyes que este Estado Provincial se empeña en desconocer.
En coincidencia con esta política la “administración” de la denominada “Finca Las Costas” no tan solo desconoce los derechos de los Pueblos Originarios si no que ahora, ampara y ordena usurpaciones en el territorio de la Comunidad afectando no solo los medios de subsistencia, sino de supervivencia de los hermanos. Por otro lado irónicamente tiene ambiciones de ser el nuevo intendente del Municipio de San Lorenzo, solicitando a los hermanos costeños que antes perjudico en la ocasión del Jockey Club, su apoyo a cambio de dadivas, promesas y mas espejitos de colores.
Tierra, agua, áridos y otros son nuestras riquezas que el “enunup” ve en nuestros territorios y que junto a sus colaboradores pretenden utilizar para la realización de sus objetivos electorales.
A un año de la violenta represión de la Comunidad Las Costas, solicitamos justicia,y el derecho real y efectivo para nuestro Pueblo Lule y para los todos Hermanos Originarios.
“En Política no se debe hacer lo que se quiere, o lo que se puede,
En política SE HACE LO QUE SE DEBE…”
L.N.A.
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