Tucumán: Manzur vetó ley para hacer denuncias telefónicas contra la Policía

A través de un decreto, el gobernador Juan Manzur vetó una ley 57/2020 que habilitaba la creación de una línea telefónica para recepcionar denuncias vinculadas a la Policía y el Servicio Penitenciario. La ley establecía que la línea de número corto se cree en el ámbito del Ministerio Público Fiscal (MPF). Sin embargo, con el decreto Nº 1389/7 alega “contradicciones de técnica legislativa y de lógica jurídica”. El decreto, publicado hoy en el Boletín Oficial, además fue firmado por Claudio Maley, ministro de Seguridad.

La ley fue aprobada en la sesión del 23 de julio, en el marco de la crisis abierta por el crimen de Luis Espinoza, y fue producto de un acuerdo entre oficialistas y opositores. "El denunciante podrá mantener su identidad reservada. Controlar a las fuerzas de seguridad es un paso importante para mejorar la institución", había declarado en aquella sesión Gerónimo Vargas Aignasse, presidente de la comisión de Seguridad y Justicia.

Tecnicismos para la impunidad
En el breve articulado de la ley vetada se establecía que “no será obligatorio que el denunciante que utilice la línea gratuita creada por la presente ley se identifique con sus datos personales” (artículo 2). Además agregaba que "el Ministerio Público Fiscal deberá poner en conocimiento inmediato al Ministerio de Seguridad de todas que se reciben y llevar un registro de cada una de ellas, de las actuaciones realizadas como consecuencia de las mismas y de sus resultados" (artículo 3).

Las objeciones de la Policía y el Ministerio de Seguridad se centraron en el artículo 2, señalando que el nuevo Código Procesal Penal de la Provincia prohíbe las denuncias anónimas. “El proyecto debió declarar expresamente la excepción a la normativa específica del nuevo Código Procesal Penal o directamente reformar el artículo 146 del cuerpo legal citado”, argumentaron desde el Ministerio de Seguridad como manera de solicitar el veto.

El decreto de veto también tomó los argumentos del secretario de Seguridad Luis Ibáñez, quien manifestó que la ley “estigmatiza el accionar policial y viola los principios de inocencia”. Aquí se encuentra la verdadera razón del veto, no porque se trate de una estigmatización sino porque se busca mantener los mecanismos actuales que favorecen la impunidad policial.

La ley frustrada era parte de los intentos de mostrar una “renovación” de la fuerza policial, además de una fantasmagórica “reforma policial”. Sin embargo, queda claro que el régimen político encabezado por Manzur no piensa moverse ni un centímetro del marco en el que actúan los asesinos de Luis Espinoza, Ceferino Nadal y muchas víctimas más. (LID) Por Maximiliano Olivera