Tras el revés de la Corte, el Gobierno intenta obtener mayores poderes con una ley en el Congreso

Este lunes, Santiago Cafiero presentó en el Congreso un proyecto de Ley impulsado por Alberto Fernández, para dar un marco de legalidad a las últimas restricciones sanitarias que el Gobierno intentó implementar por DNU.

Se trata del segundo round del Gobierno, luego del golpe que recibió por parte de la Corte Suprema que falló en favor de Horacio Rodríguez Larreta, negando la autoridad presidencial en el territorio de la CABA y habilitando que continúen las clases presenciales. Esto a pesar de que casi un 50% de escuelas tiene burbujas aisladas y de que los docentes vienen luchando, junto a la comunidad educativa por retomar la virtualidad y garantizar la conexión a internet para todos los chicos.

Vilma Ibarra, Secretaría Legal y Técnica, lo definió como un proyecto que "atiende a un sistema federal de gobierno", que busca regular un esquema general de parámetro sanitarios para todo el país, estipulando medidas y facultades a las autoridades, según el riesgo epidemiológico sea bajo, medio y alto riesgo.

Es en los casos de Alarma, donde el Gobierno busca legitimar la autoridad cuestionada por la casta judicial. Cuando las medidas anteriores no han dado resultados, el sistema de salud empieza a colapsar y los ritmos de contagio son muy altos, "se faculta al Poder Ejecutivo a disponerlas de forma razonable y proporcionada, previa consulta con los gobernadores/as y jefe de Gobierno de la CABA y con intervención de la autoridad sanitaria nacional (conforme lineamientos del fallo de la Corte Suprema)".

Superpoderes

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se anticipó este lunes a la presentación del proyecto y acusó al Gobierno de querer buscar que el Congreso le otorgue "superpoderes" a la figura presidencial.

Los arranques "democráticos" y "republicanos" que la derecha tomó de la tradición discursiva de los radicales, contradicen su propia práctica política. El Gobierno de Mauricio Macri, dictó más de 60 DNU en sus cuatro años de mandato, a razón de 16,4 por año. Y la fraudulenta e ilegítima deuda externa con la que entregaron al país a las garras del FMI -y que el Frente de Todos persiste en honrar-, se aprobó por el Congreso sólo después de que el Ejecutivo la hubiera contraído.

Más en general, la apelación a DNU y decretos ha sido una constante en las últimas décadas, en todos los Gobiernos, más allá del signo político. Y el uso de superpoderes -votados en Congresos con mayorías propias- también. Más de conjunto, desde la menemista de Reforma constitucional de 1994, votada por funcionarios que hoy continúan en las filas de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos, los mecanismos que otorgan una fuerza enorme -con recursos de carácter cuasi monárquico- al Poder Ejecutivo se han fortalecido.

Si descascaramos el barniz discursivo, asistimos a una puja de poderes entre fracciones de los partidos tradicionales, lo que mediáticamente se llama "grieta".

La Corte Suprema, una casta de jueces con "sueldos" y vidas privilegiadas, que nada tienen que ver con la realidad ni los intereses de las mayorías populares, es todo menos imparcial. Un ejemplo de la arbitrariedad del fallo lo señaló Myriam Bregman, diputada porteña del PTS-FIT, con un mapa que muestra cómo los chicos tienen que viajar de una punta a la otra de la Ciudad, porque no tienen vacantes en los distritos donde viven.

Administrar el ajuste y la pandemia
Debilitado entre los golpes de la derecha y sus propias pujas internas, el Gobierno intenta gestionar la pandemia implementando medidas que no alteren su plan de ajuste fiscal, receta tristemente conocida del FMI y tampoco a la actividad económica. En este estrecho margen, Alberto Fernández va al Congreso en busca de una cesión de potestades, por mayores facultades para el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, no llevan a discusión medidas de fondo, como la declaración de utilidad pública de laboratorios donde se producen vacunas o la implementación de un IFE de $40.000. Estos proyectos, presentados por el Frente de Izquierda, no han querido ser siquiera debatidos ni por el albertismo, ni por el kirchnerismo, ni por la "republicana" oposición de derecha (LID) Por Carla Libertad