El 22 de febrero, en la estación terminal de Once del ferrocarril Sarmiento, se desató el horror que muchos venían denunciando que iba a ocurrir. El choque del tren que dejó como saldo 51 muertos y más de 700 heridos. Los medios caracterizaron como “Tragedia de Once” lo que fue otro crimen social, perpetrado por la triple alianza antiobrera de la patronal, el Estado y la burocracia sindical, con la actuación especial, que nunca falta, de la policía. Mostrando su desprecio por el pueblo, ni siquiera se preocuparon en revisar el tren completamente para constatar que no hubiera más víctimas atrapadas, lo que, de todos modos, no impidió que la ministra de seguridad Nilda Garré los felicitara por las tareas de rescate.
Cuando se desencadenó la furia popular, luego de que finalmente se encontrara el cuerpo sin vida de Lucas Menghini Rey, desaparecido por casi tres días, la represión no se hizo esperar, ya que para ello sí son expertos. Desalojaron con gases lacrimógenos y palazos a todos los que estaban en la estación expresando su bronca, la bronca que siente el pueblo, que es el que siempre pone los muertos.
Cualquiera que viaje regularmente en los trenes urbanos de Buenos Aires, sobre todo los de la línea Sarmiento, puede dar fe del estrado desastroso en el que están las formaciones, donde millones de personas todos los días viajan hacinadas. La empresa que tiene la concesión, TBA, hoy intervenida, recibe desde hace años subsidios millonarios. Nada invierten, los trenes son el material sobrante y obsoleto que descarta Europa y acá el grupo Cirigliano los presenta como si fueran el lujo y el confort.
Las denuncias de los trabajadores ferroviarios sobre el estado de las formaciones, las vías, la mala señalización y un largo etcétera, sólo tienen como respuestas la persecución y la represión, como el caso del Pollo Sobrero, encarcelado por orden del gobierno, o los tercerizados de la línea Roca, reprimidos por la burocracia asesina de Pedraza, hoy procesado por el asesinato de Mariano Ferreyra.
El actor infaltable en esto que parece una película de terror, pero que es la realidad que padece el pueblo, es el Estado. Lo primero que hubo que tolerar fue la bochornosa conferencia de prensa del secretario de transporte, Juan Pablo Schiavi, que pretendió echarle la culpa a los trabajadores que viajaban en el tren por estar en los primeros vagones, y banalizó el asunto, asegurando que si hubiese ocurrido el día anterior, que fue feriado, no hubiese sido tan grave. Luego le tocó el turno a Nilda Garré, a quien parece que el destino le jugó una mala pasada al día siguiente que felicitara a la policía y los bomberos por las tareas de rescate.
Ninguno se hace cargo, y no sólo eso, sino que el Estado se presentó pretendiendo ser querellante en la causa, como si fuera otra víctima, y no uno de los victimarios, con la clara intención de entorpecer la investigación, que, de todos modos, sabemos que no va a llegar hasta todos los culpables, sino que, como siempre, tratará de cortar el hilo por lo más delgado. Se cambiará algún engranaje prescindible y la maquinaria seguirá andando, como los trenes de la línea Sarmiento.
No debemos confundirnos y debemos llamar a las cosas por su nombre: este fue un crimen social. La empresa se dedica a robar sistemáticamente al pueblo, en asociación con el Estado, que no controla y participa del reparto del botín, junto con la burocracia sindical, que en lugar de representar a los trabajadores, aplican la represión que el Estado terceriza a través de ellos. Total, la vida de los trabajadores que viajan y de los trabajadores del tren, es prescindible para este sistema.
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