La Asociación de Comunidades aborígenes de Nazareno (OCAN) reclaman al estado provincial, así como a todos los actores y sectores involucrados en la implementación forzosa de una hostería en Nazareno, la plena aplicación del Convenio 169 de la O.I.T., en particular a las cláusulas a los derechos de los pueblos, a ser consultados, ya que no se realizó una consulta a todos los sectores de las comunidad y por lo consiguiente no hay un consentimiento por parte de la comuna. Afirman en un documento desde la (OCAN).
La Asociación de Comunidades aborígenes de Nazareno señala que para la construcción de ese inmueble, - hostería- “entendemos que se realizó una expropiación indebida e ilegal de los terrenos de una comunidad aborigen”. Manifestando preocupación en la falta de consulta desde el estado sobre planificaciones ante el avance del turismo en la zona.
También reclaman la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, como el Art. 3 que establece que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación y en virtud de ese derecho persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. El Art. 4, que instituye que los pueblos indígenas, en su ejercicio de su derecho a la libre determinación tienen derecho a la autonomía en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales.
Hostería indebida e ilegal
Desde la (OCAN) exigen la aplicación del Art. 75 Inc.17 de la Constitución Nacional que dispone: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan”. Por cuanto, agregan desde la Asociación de Comunidades aborígenes de Nazareno que para la construcción de ese inmueble, - hostería – “entendemos que se realizó una expropiación indebida e ilegal de los terrenos de una comunidad aborigen”.
Por último, manifiestan la preocupación “por los eventos de público conocimiento en relación a la actividad turística y la carencia de instancias de participación adecuadas, así como nuestro deseo de que se abra una nueva etapa de planificación y gestión de las políticas públicas, que implica la apertura de un debate amplio y genuinamente participativo”.
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