NEGOCIOS CON LA PANDEMIA: ¿Quiénes son los dueños del alcohol en Argentina?

El alcohol de uso medicinal en Argentina proviene en su vasta mayoría (84%) de la fermentación de los residuos de la caña de azúcar durante el proceso de elaboración del azúcar en los ingenios. El resto proviene esencialmente de los cereales, el maíz, tal como reporta el Instituto Nacional de Vitivinicultura en sus estadísticas.

En el caso de los ingenios azucareros existe un alto nivel de concentración en el sector y, por ende en su capacidad de lobby sobre el destino del alcohol. Se trata de tres ingenios ubicados en el NOA, El Tabacal (SeaborCorporation), La Florida (Los Balcanes) y Ledesma (Blaquier), que concentran aproximadamente el 60% de la producción anual de alcohol en el país de un total de diecisiete ingenios que cuentan con destilerías.

Fuente: elaboración propia en base a información de cada empresa.

En la última zafra estos ingenios suman un total de 515 millones de litros de alcohol, de los cuales el 70% se destina al bioetanol cuyo uso es en la mezcla con los combustibles. Con la Ley de Biocombustibles, los ingenios azucareros, obtuvieron un nicho de negocios muy rentable. Bajo el amparo del Estado, a través de la Secretaría de Energía de la Nación, se les fija un precio por litro de bioetanol que les otorga una rentabilidad garantizada puesto que existe un cupo sobre el corte de naftas que actualmente se encuentra en el 12% de cada litro de combustible.

Si este panorama de fuerte concentración ocurre en los ingenios azucareros, en el caso de los productores de etanol, el alcohol derivado de cereales como el maíz, lar realidad no es para nada diferente. La producción se concentra en cinco grupos económicos, entre ellos grandes actores mundiales, Aca Bio Coop (31%), Pro Maíz AGD/Bunge (28%), Bio 4 (15%), Diaser (15%), Vicentín (10%), según un informe del sector elaborado por el ministerio de Economía de la Nación. Este sector también se sumó su firma al reclamo de los azucareros ante el Presidente a la espera de mayores negocios tutelados por el Estado.

Los reyes del azúcar y el alcohol

En los ingenios mencionados se encuentran actores de peso como la Seabord Corporation, un grupo multinacional de origen estadounidense con presencia en más de 40 países en el mundo, el principal empleador privado de Salta, que posee más de 111 mil hectáreas y cuatro destilerías, dos para alcohol y dos para bioetanol, siendo el principal productor de este último producto del país.

El grupo Los Balcanes pertenece al empresario tucumano Jorge Rocchia Ferro, quien se hizo de tres ingenios, La Florida, Aguilares y Cruz Alta en Tucumán y del ingenio San Isidro en Salta. Este grupo se ubica como el segundo principal productor de bioetanol del país; además de poseer hoteles, estaciones de servicio, aseguradoras, entre otras empresas. Rocchia Ferro al iniciarse la pandemia anunció donaciones de alcohol, camas de sus hoteles para enfermos, para luego en calidad de titular de la Unión Industrial de Tucumán sugerir el pago diferido del 30% de los salarios de los trabajadores del sector privado. Nada que envidiar a otros miserables como Paolo Rocca de Techint o los CEOs de las petroleras que pretenden reducir el 50% de los salarios del sector.

En el caso de Ledesma acapara cerca del 20% de la producción de azúcar del país, luego de subir el 100% el precio del azúcar comestible el año pasado, se retiró a principio de año del acuerdo de “precios cuidados”. Ledesma es el tercer mayor productor de bioetanol. Pertenece a la oligárquica familia Blaquier que se encuentra en los 50 argentinos más ricos (Revista Forbes), presentó una demanda ante la Corte Suprema ante el incumplimiento en la actualización del precio del bioetanol el año pasado, y viene realizando negocios con el alcohol de uso medicional vendiendo al Estado de Jujuy y a empresas privadas, mientras “dona” una ínfima cantidad.

Voracidad sin límites

Su poder económico se volvió a hacer sentir la semana pasada con una carta del Centro Azucarero Argentino dirigida al presidente, Alberto Fernández, donde exigen una actualización del precio del bioetanol y hasta una ampliación del cupo en el corte de naftas. Aunque suene ilógico en medio de la pandemia, con la falta de alcohol medicinal y en gel mediante, estos empresarios solo piensan en su bolsillo y nada más.

Estas exigencias al gobierno ocurren luego de obtener una variación en el precio de la bolsa de azúcar común tipo A de 50 kg, que pasó de $ 630 en enero de 2019 a $ 1850 en la actualidad, un salto de 193% en poco más de un año, cuando la inflación fue del 53%.

Aguas abajo el alcohol ingresa como materia prima a otro “cuello de botella” donde la producción de alcohol en gel queda en pocas manos. El grupo Porta ubicado en Córdoba concentra el 60% de la producción, incluso cuenta con producción propia de etanol a partir del maíz; mientras que los otros fabricantes del alcohol medicinal o en gel son actores pesados como (laboratorio Elea Phoenix con su marca Pervicol) uno de sus socios es Hugo Sigman quien se ubica séptimo en el ranking de los más ricos del país que elabora la revista Forbes con una fortuna de U$S 2.400 millones y, Roberto Pasmanter, que abastece a Farmacity y Carrefour, además de exportar alcohol al resto del mundo. Desde que se declaró la pandemia el precio del alcohol en gel se disparó, hay escasez y el precio máximo que fijó el gobierno se cumple en contadas excepciones. Entre laboratorios, farmacias y supermercados se tiran la pelota pero todos terminan remarcado y la Secretaria de Comercio termina asumiendo un rol de testigo impotente como corrobora el diario Página 12.

Alcohol para todos

“No hay ningún problema de abastecimiento y, de última, en un estado de ´guerra´ el alcohol para la nafta perfectamente se puede transformar en uso medicinal. Si tenemos que sacrificar el 75% de nuestra producción en pos de la salud, no hay dudas de que va a haber un cambio para que estén disponibles los litros necesarios”, subrayaba Jorge Rocchia, en el diario La Nación.

Pese a que las palabras y los hechos de los empresarios no tienen un mismo sentido, Rocchia dejó en claro, por si alguno tenía dudas, que la capacidad de producción de alcohol para uso medicinal con que cuentan los ingenios es formidable. Los números de cada zafra lo ratifican, como también los acuerdos del Estado con los ingenios fijando el precio del bioetanol y un margen de ganancia, también hace suponer que las autoridades públicas conocen la estructura de costos del sector.

Entonces, ¿por qué el Estado aún no resolvió declarar de utilidad pública el alcohol de los ingenios y destinarlo a la producción al costo de alcohol medicinal y en gel? La única respuesta a esta altura es la voluntad de los gobiernos de defender el derecho a la ganancias y los negocios por sobre la vida de la población. Lo que sucede también con la falta de control para que se cumplan con los precios máximos del alcohol en las góndolas.

Declarar el alcohol de utilidad pública como presentaron los concejales del PTS en el Frente de Izquierda a través de un proyecto en el concejo deliberante de Libertad Gral. San Martín donde se encuentra emplazado el ingenio Ledesma es una medida elemental, que en su implementación solo puede requerir de la voluntad organizada de los trabajadores y la comunidad que hoy padece las consecuencias de la pandemia dentro y fuera del lugar de producción, aquellas y aquellos que no tienen nada que perder, excepto defender la vida de millones. Lo mismo se debería aplicar en un control de precios por parte de trabajadores y consumidores como garantía frente a los vivos que remarcan sin discriminar. (LID)

Por Gastón Remy / Economista, docente en la Facultad Cs. Económicas UNJu.