Más xenofobia: Macri modificó la Ley de Migraciones

En sintonía con varios países europeos, pero sobre todo con la nueva presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, el gobierno decidió aplicar por decreto, sin exponerse a un debate público, una modificación de carácter expulsivo para los migrantes.

El decreto tiene como fundamento principal la asociación entre migración y delincuencia, ya que destaca en sus bases que "la población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en 2016 el 21,35% de la población carcelaria total". Lo que no dice el mismo decreto es que es la propia discriminación y xenofobia la que lleva a que se criminalice a los extranjeros, muchos de los cuales además viven en condiciones de extrema pobreza trabajando para empresas que abusan de su situación legal precaria.

El decreto apunta al "crimen organizado internacional". "La necesidad de trabajar incesantemente en el perfeccionamiento del orden normativo migratorio adquiere especial importancia frente a fenómenos actuales como la globalización, la internacionalización del turismo y el crecimiento del crimen organizado internacional" plantea el documento.

Uno de los límites para el ingreso y permanencia de extranjeros en el territorio nacional que establece el decreto es "haber sido condenado o estar cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior, o tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres años o más". Sin embargo agrega que esta normativa se aplicara aunque “la condena no este firme”. Es decir, que con el solo procesamiento, en el país o en el extranjero, aunque no esté demostrada la culpabilidad, basta para la expulsión, incluso de aquellos que estuviesen residiendo en el país con permiso desde hace varios años.

Desde ya la normativa no habla de aquellas empresas extranjeras que comenten delitos como la Barrick Gold, de los empresarios que violan las tierras de los mapuches como Benetton o Lewis, o de las grandes petroleras que vienen a saquear los recursos naturales. Es un decreto a medida de la onda xenófoba que recorre a las grandes potencias y que busca poner como chivo expiatorio a los extranjeros de una situación económica y social cada vez más convulsionada de la que el gobierno es responsable.