Tucumán: Más de cuarenta represores comenzaron a ser juzgados en un megajuicio

Luciano Benjamín Menéndez y otros 40 imputados comenzaron a ser juzgados en el megajuicio que unifica las causas Arsenal y Jefatura de Policía, en las que se investigan delitos de lesa humanidad.

Los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y el subrogante Juan Carlos Reynaga presiden la primera audiencia del proceso oral "Jefatura II-Arsenales II", en el que se juzgará a Menéndez, quien sigue la audiencia desde la cárcel de Ezeiza, a través del sistema de videoconferencia.

El debate se inició con unos planteos procesales y luego, el Ministerio Público Fiscal leyó una síntesis de los hechos que se juzgarán.

Los represores están acusados por la comisión de violaciones de domicilio, privaciones de libertad, torturas y homicidios, delitos cometidos entre 1976 y 1982, en perjuicio de 235 víctimas que habrían sido vistas o se supo que estuvieron en los centros clandestinos que funcionaron en la Jefatura de Policía y el Arsenal Miguel de Azcuénaga.

La causa ha generado gran expectativa no sólo en los familiares de las víctimas de la última dictadura militar, sino también en la comunidad en general, por los trabajos de excavación realizados por el equipo de antropología forense, que en abril del año pasado halló una fosa común con 15 cuerpos incinerados y que después de un exhaustivo trabajo de laboratorio se llegó a la identificación de 14 de esas víctimas, cuyos restos fueron devueltos a sus familiares.

El hallazgo fue un duro golpe para los partidarios del represor Antonio Domingo Bussi, que durante años negó las acusaciones del exgendarme Omar Torres, que lo había visto fusilar a prisioneros indefensos, que posteriormente eran quemados en el arsenal y sirvió para que muchos tucumanos que habían elegido al exmilitar como diputado nacional, gobernador e intendente se convencieran del horror que había asolado a Tucumán durante su intervención militar.

Junto a Menéndez, serán juzgados 43 imputados más, entre los que sobresale la figura del sacerdote, José Mijalchiyk, acusado de haber participado de las torturas, colaborando desde su función de religioso para obtener las confesiones de las víctimas. El cura se desempeñaba como vicario castrense y se convertirá en el primer miembro de la Iglesia Católica que será juzgado por los delitos de lesa humanidad cometidos en Tucumán.

Durante las audiencias está previsto que declaren 864 testigos, entre sobrevivientes del centro clandestino, familiares y amigos de las víctimas, por lo que el tribunal estima que el proceso tendrá como mínimo un año duración.