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Marchemos contra el acuerdo porcino para que Argentina no sea cuna de nuevas pandemias

La Coordinadora Basta de Falsas Soluciones, compuesta por organizaciones sociales, ambientales, culturales, animalistas, de intelectuales y de izquierda, ha convocado a una nueva jornada nacional contra el acuerdo porcino con China y los extractivismos que despojan al país. La convocatoria será para este lunes 9 de noviembre, cuando se espera que Felipe Solá se reúna con funcionarios chinos.

6 de noviembre

En CABA nos movilizamos desde el Obelisco a Plaza de Mayo para manifestar nuestro rechazo, seguido de un festival y una vigilia frente a Casa Rosada hasta que caiga la negociación. Necesitamos demostrar el más amplio apoyo popular en las calles y en todos lados para impedir que Argentina se convierta en cuna de nuevas pandemias. La juventud estará en la primera línea de esta batalla decisiva respetando el protocolo de distanciamiento social.

La pandemia del covid-19, que ha traído tanto sufrimiento a la población, tiene su origen en el agronegocio. Pongamos fin al extractivismo como política de Estado. Salgamos a las calles y digamos no al acuerdo porcino, porque no queremos seguir toda nuestra vida en pandemia, ni queremos que saqueen nuestros recursos y bienes naturales para pagar una fraudulenta deuda externa. La deuda es con el pueblo en trabajo, salud y educación.

¡No seremos cuna de nuevas pandemias!

Entre el jueves 5 y el martes 10 de noviembre tendrá lugar la Feria Internacional de Importaciones de China (CIIE), una instancia anual que el Gobierno asiático abre a funcionarios del mundo “para dar un apoyo firme a la liberalización del comercio y la globalización económica”. El Canciller argentino Felipe Solá comprometió su presencia en el evento, junto a una “misión empresarial” para fortalecer una “Asociación Estratégica Integral”, según indicó el embajador chino Zou Xiaolin tras una reunión con Cancillería.

Se especula que será durante esta visita que el Ministerio de Agricultura chino firme el Memorándum de Entendimiento que habilitaría la construcción de unas 25 megafactorías porcinas en el norte y sur del país. El acuerdo, anunciado en julio tras mucho secretismo, iba a firmarse en septiembre, pero la firma se postergó luego de múltiples protestas por parte de diversas organizaciones sociales, ambientales, animalistas, de intelectuales y de izquierda que denunciamos el potencial pandémico del proyecto y su impacto económico, ambiental y sanitario.

Cancillería dio cuenta de las protestas en la noche del 31 de agosto, al señalar por redes sociales: “Hemos incorporado especialmente al Memorándum de Entendimiento con China un artículo donde se asegura el respeto de las leyes de protección ambiental, los recursos naturales y la bioseguridad. Por eso, su firma se atrasará hasta noviembre”.

Ante la inminente firma del acuerdo, las diversas organizaciones opositoras al proyecto, ahora unificadas como Coordinadora Basta de Falsas Soluciones, ha convocado a una nueva jornada nacional de protestas para este lunes 9 de noviembre, #911EmergenciaSocioambiental, con el fin de impedir la firma del acuerdo y denunciar la política extractivista de despojo y saqueo de los recursos y bienes naturales del país.

En el caso específico de las megafactorías, la denuncia toma varias aristas, pero la que más se destaca es la del potencial pandémico del proyecto. Antes del desastre de la pandemia del covid-19 China enfrentó otra, la de la Gripe porcina africana, que se ha expandido por Asia y Europa, y obligó al país a sacrificar entre 180 y 250 millones de cerdos en el último año, casi la mitad de su población.

La solución que China ha visto a este desastre ha sido la de externalizar su producción porcina a Argentina. Pese a que aún no se ha firmado el acuerdo, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, ya suscribió un convenio con una empresa de capitales chinos y argentinos para la instalación de tres factorías en su provincia, lo que se corresponde con lo señalado por Jorge Neme, secretario de Relaciones Económicas Internacionales, de que las megafactorías se instalarían en el norte del país, además de la Patagonia.

Recientemente, en Diez mitos y verdades sobre las megafactorías de cerdos que buscan instalar en Argentina, varios especialistas e investigadores señalaron que “los estudios científicos demuestran de modo contundente la asociación entre virus zoonóticos y megafactorías de animales a la hora de explicar los riesgos de pandemias. La mayoría de las enfermedades infecciosas emergentes o reemergentes se origina en los animales, con más de 250 zoonosis documentadas en la literatura científica. Entre las múltiples zoonosis recientes, además de la actual pandemia de covid-19, se pueden mencionar el Ébola en 2013, el Zika en 2015, las gripes aviares y porcinas como la Gripe H1N1 de 2009, los coronavirus anteriores (SARS en 2002 y MERS en 2012) y el hantavirus, entre otras”.

Según la Universidad Johns Hopkins se estima que hoy ya son 47,5 millones los casos infectados por covid-19 en el mundo y 1,2 millones las muertes, con desastrosas consecuencias económicas, habitacionales y sociales que afectan y angustian gravemente a la población mundial. No se trata de un desastre natural, sino de un crimen social. La búsqueda insaciable de ganancias por parte de las grandes corporaciones agroalimentarias a través de la expansión de la frontera agropecuaria las ha llevado a cruzar fronteras ecológicas en donde virus desconocidos para la humanidad son liberados y se propagan rápidamente a través de los canales del comercio internacional.

La naturaleza del proyecto porcino que quiere firmar Felipe Solá no es ajena a este escenario. Las megafactorías presentan las condiciones ideales para el surgimiento de una zoonosis, con alta densidad de animales idénticos, sin movilidad, a los que se medica con distintos fármacos y alimentan con preparados específicos que provocan que crezcan y engorden en un contexto sin regulación natural.

¡Tierra para vivir, no para el agronegocio ni la especulación inmobiliaria!
Según el INDEC, en el primer semestre de 2020 el 40,9 % de la población en Argentina quedó por debajo de la línea de la pobreza. La crisis generada por la pandemia implicó un triple shock económico por las medidas de aislamiento social, los menores ingresos y los problemas de liquidez de las pequeñas y medianas empresas. Según la OCDE, la economía argentina caerá un 8,2 % en 2020 (si la pandemia se controla) y, según la Organización Internacional del Trabajo, se perderían entre 750.500 y 852.500 empleos.

La pandemia del covid-19 ha afectado particularmente a los barrios populares, ya que es prácticamente imposible el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias por el hacinamiento en viviendas precarias, así como la falta de agua potable y de saneamiento, entre otras. Si bien Argentina es uno de los países más urbanizados de la región, contiene más de 4.400 villas y asentamientos informales, donde al menos 4,2 millones de personas (el 10 % de la población total) viven sin acceso formal a los servicios básicos y con un alto índice de pobreza e indigencia.

Es en este marco que se desarrolló un proceso general de recuperación de tierras, cuyo epicentro fue la instalación de 2500 familias sin casa en un terreno abandonado en la localidad de Guernica, partido bonaerense de Presidente Perón. Las familias presentaron un proyecto de urbanización que suponía la creación de un barrio de 145 manzanas que incluía espacios públicos, equipamientos y paseos ribereños, apoyándose en las herramientas que dispone la Ley de Acceso Justo al Hábitat (Ley 14.449).

Sin embargo, la respuesta de la Justicia y el Estado fue la represión y la descalificación en defensa del negocio inmobiliario y un modelo excluyente de ciudad que se ha disparado desde el menemismo. Según reconoció en marzo de este año la propia ministra de Hábitat, María Eugenia Bielsa, en Argentina hay más de dos millones de viviendas sin ocupar.

En oposición, según el Censo Nacional Agropecuario de 2018, avanza la concentración de la tierra: hoy son solo 2.473 (el 1,08 %) los propietarios que poseen el 36,4 % de la tierra (57 millones de hectáreas). Es este sector, junto a los banqueros, los que fugan capitales y especulan con el hambre del pueblo, arrasando con humedales y montes nativos, incendiando más de 14 provincias, con el fin de extender la frontera agropecuaria. El agronegocio mata, genera pandemias y condena a la población a la pobreza.

¡No al pago de la deuda ilegítima y fraudulenta!

El ministro de Ambiente, Juan Cabandié, declaró a comienzos de octubre en una entrevista a Crónica TV que, el fundamento del proyecto de megagranjas responde a la necesidad de pagar deuda por parte del país: “La Argentina está en una situación crítica, en términos de que el mundo también está en una situación crítica, pero Argentina tiene un elemento que se le agrega, que es la cantidad de deuda contraída en el último periodo del Gobierno anterior, y eso conlleva el vencimiento de deudas que Argentina tiene que asumir y el sostenimiento de su economía y la necesaria incorporación de divisas”.

Pero la deuda externa es ilegal, odiosa y fraudulenta, porque no cumplió con la legislación interna, no pasó por el Congreso de la Nación previamente, cuando lo señala la propia Constitución Nacional, y se la toma en beneficio de otros intereses que no son ni los intereses del Estado ni los de la población. En julio del año 2000, el juez federal Jorge Ballestero decretó la ilegalidad de la deuda externa contraída durante la última dictadura militar. “El endeudamiento externo sirvió para solventar negocios privados”, concluyó el juez luego de una extensa investigación que comprobó 477 delitos cometidos por funcionarios públicos de alto rango, en los que estaban implicados grupos económicos y empresarios de los más poderosos del país. (LID) Por Roberto Andrés / Clara Gentile

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