Extractivismo y cambio climático: el doble discurso del gobierno nacional

Este martes el gobierno nacional dio a conocer el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático al 2030 de la mano del presidente Alberto Fernández, y junto a su jefe de gabinete Juan Marnzur, al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, y la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini.

Lo hizo en el marco de la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en la que los países presentan sus compromisos de reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI) con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C según lo pactado en el Acuerdo de París, y principalmente los países en desarrollo piden financiamiento para sus planes de mitigación y adaptación.

En este sentido, el presidente Alberto Fernández declaró que “La Argentina no es responsable de esto, emite tan solo 0.8 % [de los GEI], tampoco América Latina, el Caribe ni África, sin embargo somos las principales víctimas”. Asimismo, se preguntaba “¿Qué culpa tiene América Latina cuando muchas áreas se desertifican y lo que antes era productivo dejó de serlo, y qué culpa tiene África en padecer lo que padece? En verdad tenemos que ocuparnos del cambio climático y de resolver todos los perjuicios que generaron la ambición de los poderosos de seguir ganando a cualquier precio y los negacionistas, que decían que el cambio climático no existía y siguieron sometiendo al mundo a más intoxicación”.

Pero, si bien es cierto que la Argentina no es el principal contribuyente a los GEI y que las peores consecuencias del cambio climático las padecen las clases trabajadoras y populares de los países dependientes que cuentan con menos recursos para atender estas crisis, el jefe de estado omite en su discurso que son justamente el gobierno nacional y los gobernadores los que benefician con subsidios y rebajas impositivas las actividades extractivistas que se realizan en el país por empresas extranjeras y transnacionales, por ejemplo Chevron , Ganfreng Lithium, LIvent Corporation.

Es decir, omite hablar la decisión política del Frente de Todos -de todas sus alas- a una política extractivista que no puede más que seguir profundizando el daño ambiental.

Qué dice el Plan

El Plan presentado señala de forma exhaustiva los riesgos asociados al cambio climático en todas las regiones del país. Entre los más importantes se encuentran los incendios, el acceso y la disponibilidad de agua y energía, la mayor ocurrencia de eventos extremos, la vulnerabilidad asociada a la infraestructura y el hábitat, y el riesgo de afectación de los medios de vida de productores pequeños, medianos, familiares, campesinos e indígenas.

Sin embargo, frente a este diagnóstico, las medidas a implementar son puras generalidades y ni se mencionan las acciones que ya se podrían tomar para mitigar los efectos y hacer frente a las crisis y consecuencias que se están viviendo hoy, como la aprobación de la sistemáticamente cajoneada Ley de Humedales.

El ministro de Ambiente, Juan Cabandié destacó “la construcción de 250 acciones y 49 lineamientos” y subrayó lo fundamental que resulta “sentarse en esta mesa para poder consensuar, delimitar y construir una estrategia de forma federal y participativa entre todas las áreas”. Pero a pesar del optimismo mostrado por el ministro, las declaraciones se contradicen con lo viene sucediendo.

El ejemplo más claro como decíamos es el lobby en contra de la Ley de Humedales, la harta discutida ley que ya casi cumple 10 años de debate, en los que tres veces perdió estado parlamentario. En el día de hoy se volvió reunir el Plenario de Comisiones, pero según denunció la diputada Myriam Bregman del Frente de Izquierda Uniddad, el dictamen está trabado por el boicot de los gobernadores de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos, que viajaron a EEUU y volvieron con el mandato del FMI para que no haya ley.

La ley consensuada por más de 300 organizaciones impide la producción extractivista, y es por esto mismo que las grandes cámaras mineras y sectores concentrados del agronegocio se oponen a la misma. Mientras el gobierno “promete” accionar contra el cambio climático, lo cierto es que su propio bloque junto a la oposición de derecha viene trabando una ley imprescindible que ordena los territorios para proteger los humedales, reservorios indispensables contra el calentamiento global y contra las inundaciones.

Por otro lado, en cuanto a los incendios, que se vienen viviendo en todo el país y cuyo riesgo va en aumento, el Plan señala correctamente las “vulnerabilidades institucionales como la falta de coordinación entre áreas de Defensa Civil, ambiente y producción de las provincias con actores privados para prevenir controlar y reportar incendios; la inexistencia de planes de gestión del fuego que estén actualizados y cuenten con proyecciones climáticas, e insuficientes sistemas de alerta temprana y capacidad de respuesta ante eventos”, pero aún no se le ha dado respuesta a los brigadistas que combaten el fuego y reclaman el pase a planta.

El Plan también dice que “en un plano económico financiero, el riesgo de incendios requiere una mejor distribución de recursos entre jurisdicciones subnacionales para la prevención, control y manejo del fuego”, y sin embargo, los recursos para repartir son cada vez menos, ya que el Presupuesto 2023 estipula recortes mayores al 5% para el Plan Nacional del Manejo del Fuego. Solo un cínico puede invocar que "la gestión de Alberto Fernández aumentó por 10 el presupuestario asignado a la problemática” cuando se ven semejantes recortes en todas las áreas.

Si miramos ahora el riesgo en torno a la disponibilidad de agua, es significativo que en las regiones donde se espera mayor estrés hídrico por el aumento de la temperatura, es donde avanza el desmonte y se promueve la minería contaminante. No por nada las grandes revueltas en Mendoza y Chubut contra la megaminería, enarbolaban la bandera en defensa del agua.

En cuanto a la cuestión agroalimentaria, el documento reconoce la “afectación de pequeños productores medianos, familiares, campesinos e indígena”, por la “insuficiente organización en red y participación comunitaria; el insuficiente apoyo para la transición hacia la agroecología; la degradación de tierras productivas con la consiguiente pérdida de condiciones agroecológicas, insuficiente regulación y acceso equitativo a la tierra y mal estado de la infraestructura para el traslado de los insumos o los productos”, y también “la incapacidad para competir con empresas de gran escala (con el consecuente debilitamiento de cadenas productivas regionales); y escasa disponibilidad de herramientas financieras con enfoque de adaptación”.

Empero, son los sectores concentrados del agronegocio los que obtienen los principales beneficios. Como denunció el diputado Alejandro Vilca del Frente de Izquierda Unidad, el dólar soja significó $ 280.000 millones para los grandes empresarios del campo. El agropower como el “conjunto de eslabones que empieza tranqueras adentro de las explotaciones agropecuarias y termina en los puertos con el despacho de granos, aceites, harinas, carnes y otros derivados” obtiene importantes concesiones en favor de grandes jugadores globales.

Entre los dichos y los hechos

Resulta una impostura denunciar al “Norte Global” sin mencionar que esos mismos intereses se encarnan en los negocios imperialistas a los que venimos aludiendo. Por el contrario, el verdadero "plan" del gobierno es la agenda extractivista con la que busca aumentar las exportaciones y así obtener dólares que se van a la deuda externa ilegítima y a las fugas seriales. En este sentido, la injerencia imperialista se acepta irremediablemente en nombre de un “crecimiento económico” que no existe para las mayorías populares, que vemos empeorar nuestras condiciones de vida mientras aumentan los lazos de dependencia hacia el capital internacional y para el beneficio de una minoría.

Por esto, cuando Cecilia Nicolini -secretaria de Cambio Climático- explica que “este plan es una hoja de ruta para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030 y mitigar los efectos del cambio climático, pero también para adaptar nuestro territorio y hacer más resiliente nuestra matriz productiva”, cabe la pregunta: ¿la misma matriz productiva con la que saquean nuestros recursos y depredan el ambiente?

El Plan puede ser brutalmente honesto por momentos en cuanto a los riesgos que estamos enfrentando y que se seguirán agravando, pero nadie puede creerle a este gobierno y a la oposición de derecha sobre las acciones que se comprometen a realizar frente a esta crisis climática. Ellos vienen mostrando sistemáticamente que priorizan y favorecen los intereses y negocios que destruyen al ambiente. Solo mediante la organización popular y la lucha de la clase trabajadora podemos implementar verdaderas medidas que afronten las consecuencias del cambio climático e ir a una transición hacia una forma de producción en función de las necesidades populares y en armonía con el ambiente. (LID) Por Lihuen Eugenia