Extractivismo.¿Qué hay detrás de la disputa por el negocio del litio en Argentina?

En junio se agudizaron los debates en torno al negocio del litio en Salta, como parte del triángulo del oro blanco junto a Jujuy y Catamarca, que concentra con los países hermanos de Bolivia y Chile casi el 60 % del metal que hay en todo el mundo. El abaratamiento del costo de producción de las baterías de este metal es la causa central que haría rentable el negocio de la fabricación de autos eléctricos, lo cual habría acelerado este mercado, por la mayor entrada de multinacionales en ese negocio.

Con la visita del presidente Alberto Fernández a Salta el pasado 17 de junio, en el marco del bicentenario de la muerte de Güemes, el ministro del Interior Andrés “cuervo” Larroque aprovechó para dar declaraciones a medios locales sobre el negocio por venir, aclarando que “no hay ningún proyecto en el Congreso” … por ahora. Y parte de la comitiva fueron nada más y nada menos que Agustín Rossi que, junto a Juan Cabandié y un puñado de diputados nacionales, son los que bancan el proyecto, aún no conocido, de declarar al mineral como “recurso estratégico”.

¿Una nueva fricción en el Frente de Todos?

De un lado lxs diputados kirchneristas nacionales Verónica Caliva y Lucas Godoy de Salta, Máximo Kirchner de Buenos Aires, Carlos Heller de CABA, plantean la intención de hacer del litio un recurso estratégico, con la cual avanzarían sobre las provincias. Como vocero de este grupo se muestra el diputado nacional K del Frente de Todos por Buenos Aires, Marcelo Koenig.

Del otro, están los gobernadores de Salta, Jujuy y Catamarca y el sector albertista del Frente de Todos, con el ministro de Industrias Matías Kulfas a la cabeza. En abril pasado, se reunieron como parte de la Mesa Nacional del Litio en la que acordaron apoyar el proyecto de electromovilidad al que hizo mención el presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones del Congreso Nacional el pasado 1° de marzo, para el desarrollo de baterías de litio con destino al transporte automotor.

Lo que está en el centro de la discusión es si va a ser el Estado provincial o el nacional quien negociará directamente con las empresas para lograr mejor tajada. Pero hay un gran silencio sobre la injerencia del imperialismo y las multinacionales yankies, alemanas, canadienses o chinas. Y sobre el impacto ambiental, en el marco del extractivismo del mineral, y sobre un recurso vital como el agua.

Sin embargo, sobre las explotaciones actuales del NOA “los informes ambientales son elaborados por consultoras que contratan las mismas empresas extractivas”, según planteó el Consejo Interuniversitario Nacional. Además, que “las provincias litíferas no cuentan con ningún estudio hidrológico propio (…) Las firmas no permiten los estudios independientes de investigadores del CONICET, por ejemplo, ni están obligadas a ello y los controles provinciales son inexistentes o inocuos porque favorecen a este tipo de extracción”.

La necesidad de que sea recurso natural estratégico

En Argentina están en marcha al menos 18 proyectos de explotación de litio, 13 de los cuales se encuentran en Salta. El único proyecto presentado en el Congreso Nacional hasta hoy, pero que no tuvo tratamiento, lleva la firma de Godoy y de la diputada nacional María Carolina Moisés, de Jujuy. Allí se plantea la declaración “como recurso natural de carácter estratégico nacional” de “las reservas minerales de litio existentes en el territorio de la Nación argentina” y la creación del Instituto Nacional para el aprovechamiento integral del litio (I.N.A.I.L.).

Actualmente, según Koenig, “el tema del litio es un tema estratégico. Hay distintas posiciones: un sector quiere mantener el statu quo y piensa que vendrán una lluvia de inversiones y que dejará algunos puestos de trabajo, otro es un sector desarrollista que puede pensar en que seamos ensambladores y traer baterías eléctricas con litio argentino y armar acá autos eléctricos. Y hay otra posición de quienes pensamos que esto hay que hacerlo desde YPF, con una división particular que tome el tema del litio”. Por eso, desde el Instituto Patria y con el aval de Cristina Fernández (CFK), no quieren chocar con las provincias alrededor del artículo 124 que plantea que “los recursos son de las provincias” y, para superar este escollo constitucional, sostienen que hay que declararlo un “recurso estratégico”. Además, plantean que hay que reglamentar la Constitución en este punto, lo que significa que el Estado nacional debe estar presente en los grandes temas o, en pocas palabras, que tenga directa injerencia en el control de todo el proceso. O sea, “entrar en el negocio”.

El diputado nacional remarcó hace unas semanas en una entrevista a Radio Nacional que “el litio argentino se exporta en 7 mil dólares, el litio chileno se exporta en 14 mil, cuando es el mismo. El Chile neoliberal tiene una política de defensa mayor de sus materias primas. Si en vez de exportarlo como materia prima, lo exportáramos como batería deberíamos multiplicar los ingresos por 100”. Frente a esta jugosa apuesta, para engordar billeteras locales y/o nacionales y en el caso de la nación para afrontar los vencimientos con el FMI que llegarán los próximos años, se debate la nacionalización del litio con la no tan lejana experiencia de YPF en mente. Meterse en los sectores estratégicos que puedan generar dólares parece ser el plan de CFK.
Ante el litio, plantean posturas similares que respecto al negocio de la licitación de la Hidrovía del Paraná, otro tema estratégico relacionado con el Agro para la economía nacional: la necesidad del “Estado presente”, que se relaciona con la necesidad de tener cajas nuevas ante la crisis económica en curso, congeladas en el marco de una coyuntura electoral.

Está claro que ni uno ni otro proyecto responde a las necesidades de las mujeres, los trabajadores y la juventud, en el marco de la crisis económica y sociosanitaria en curso, con el avance de la segunda ola del covid-19. ¿O qué porción del meganegocio que se viene pensás que irá al bolsillo del pueblo trabajador?

La experiencia de Vaca Muerta

Hace casi 10 años, en 2012 y cuando Cristina era presidenta, el Congreso votó la expropiación del 51 % de las acciones de YPF, con pago a Chevron. Entre el 49 % de capitales privados está el fondo buitre Black Rock, acreedor de la deuda externa argentina. Sin dudas, la semi expropiación tuvo como objetivo el impulso al fracking. Pero, además, todos estos años YPF actuó como una multinacional más, en lugar de una sociedad del Estado. El año pasado fue quien negoció a la baja el convenio de los trabajadores petroleros, los salarios. Es la que marca el ritmo de los tarifazos en la nafta, establece sobre qué valores se pagan las regalías en Neuquén, por debajo del valor internacional.

En Bolivia, las condiciones de los porcentajes son similares y el presidente Arce del MAS ante la industrialización de los recursos del Salar de Uyuni, en Potosí, confirmó que el 51 % le corresponden a YLB Corporación (empresa estatal boliviana) y el 49 % a la empresa alemana ACISA Systems. En este marco es que existe desde el sector K la intención de poner en pie una empresa binacional con Bolivia para desarrollar la producción de manera conjunta en acuerdo con empresas multinacionales.

Estas parecen ser las condiciones que se están proyectando. No hay ni habrá épica, más allá de que el kirchnerismo nos hable de las nacionalizaciones peronistas. Si pensaste que significaría una nacionalización del litio al servicio del pueblo, no encontrarás las respuestas en ninguna propuesta del Frente de Todos ni de los gobernadores, que se alinean con lo más rancio del empresariado local y les permiten todo a las multinacionales. Solo se habla de un limitado “Estado presente” que, igual que con el petróleo, le garantice el negocio a las multinacionales, los mismos que se la llevan en pala.

Desde el PTS en el Frente de Izquierda Unidad somos lxs únicos que planteamos la nacionalización de todos los recursos naturales, como el litio y todos los minerales, bajo el control de las y los trabajadores mineros, junto a las comunidades que viven en esas zonas y los movimientos ambientalistas, para que seamos quienes desde abajo debatamos y gestionemos un plan económico de conjunto, que ponga las riquezas que puedan obtenerse al servicio de las necesidades del pueblo trabajador y los sectores populares. (LID) Por Florencia Unquillo / Daniela Planes