Efeméride.Día internacional de las Personas con Discapacidad: "La mejor propuesta es invitar a luchar"

Desde 1992 las Naciones Unidas reconocen el 3 de diciembre como el día internacional de las personas con discapacidad (en adelante PCD) con el objetivo de “promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural”, y con la perspectiva de ir “hacia un mundo inclusivo, equitativo y sostenible” y de “no dejar a nadie atrás”.

Desde hace décadas los grupos y colectivos de personas con discapacidad vienen reclamando que se respeten todos sus derechos: no solo a la educación, la salud, la vivienda sino también al empleo genuino, a la participación política, a que se respeten sus derechos sexuales y reproductivos, y un largo etcétera sino también en el camino de pelear por una sociedad verdaderamente inclusiva en la cual se pongan a disposición todos los recursos según la necesidad de cada quién en la perspectiva de la participación plena, el bienestar y la autonomía personal.

El actual modelo social de la discapacidad hace un reconocimiento a las condiciones de opresión en las que viven las personas con discapacidad planteando una diferencia entre lo que podemos llamar un déficit o condición (uso de silla de ruedas, sordera, ceguera, amputaciones, déficit de comprensión, vinculación, etc) y la discapacidad (las barreras o faltas de apoyos de la sociedad en la que vivimos que impiden la participación social).

Sin embargo la realidad en el mundo y en nuestro país está muy lejos de haber removido tales barreras que mantienen o desplazan a la exclusión a miles de personas con discapacidad.

En Argentina el 10,2 % de la población son personas con discapacidad según datos estadísticos del INDEC del año 2018 y en el mundo el 80 % son pobres.

Según los datos del último anuario publicado por el Registro Nacional de Personas con Discapacidad (1), el 86 % de las personas con discapacidad de nuestro país en edad laboral, que tramitaron su Certificado Único de Discapacidad (CUD) durante el 2016, no trabajan.

En las distintas dependencias y ministerios de todo el territorio nacional, los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad son apenas entre el 0,90 y 1.55 según la categoría contemplada. Estos datos son arrojados por el último informe del Sistema de información para el control del registro y actualización de los cargos y contratos desempeñados por personas con certificado único de discapacidad.

En lo que hace a la inclusión en el sistema educativo, el 69,7 % de las PCD forman parte de los niveles inicial y primario, ya sea en la modalidad de escuela especial, escuelas “comunes” o en sistemas mixtos, y al llegar al nivel secundario la cifra desciende al alarmante 8,7 %. En lo que respecta al acceso a la salud según datos estadísticos también del INDEC, el 30 % no posee obra social o tiene cobertura Profe (actual Incluir Salud, un programa nacional que debe garantizar el acceso a prestaciones médicas).

El 65,5 % de los hogares en los que viven al menos una PCD tiene calidad material insuficiente. Cabe recordar que en nuestro país hay 3 millones y medio de hogares con déficit habitacional.

Respecto a la participación en el goce de su sexualidad, apenas la mitad de las personas con discapacidad tienen una pareja y aunque no hay datos, sobran denuncias acerca de los grandes prejuicios e impedimentos que pesan hoy sobre sus cuerpos para el pleno ejercicio de este vital derecho.

La precarización de la vida y del trabajo, el hambre, la pobreza, la violencia hacia las mujeres, la destrucción del ambiente, la privatización y la destrucción de los sistemas públicos de salud atacan a los más vulnerables, generando deficiencias, lo que termina expresando en los cuerpos lo que son verdaderas diferencias de clase.

A cada quien según su necesidad y de cada cual según su capacidad
"Desde el modelo social se cree que ese cuerpo capaz, en nuestras sociedades contemporáneas, es definido de acuerdo a criterios de rentabilidad económica. Así, desde este modelo, se sostiene que el origen de la opresión de las personas con discapacidad reside en el alejamiento de sus cuerpos a las disposiciones exigidas por la división social del trabajo capitalista" define Carolina Ferrante, doctora en Ciencias Sociales y especialista en estudios sobre la situación de las personas con discapacidad (En “Usos, posibilidades y dificultades del modelo social de la discapacidad).

El sistema capitalista considera productivos los cuerpos que con su fuerza de trabajo pueden generar mayores niveles de ganancia empresaria, esto es, producir además de lo necesario para volver cada día a trabajar, una cantidad de trabajo no pago apropiado por el capitalista, que Marx llamó plusvalía. Y al mismo tiempo que le traiga los menores "gastos" posibles. Una mujer joven que potencialmente pueda quedar embarazada, una persona con VIH, obesidad, o con un certificado de discapacidad, pueden coincidir en que pueden haber sufrido discriminación a la hora de conseguir un empleo.

Según el sociólogo y activista Eduardo Joly, a ese círculo de exclusión, expulsión y pobreza son arrojadas las personas que se discapacitan en sus empleos producto de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como aquellas que presentan distintas condiciones de discapacidad motriz, sensorial, intelectual, etc.

Para Joly “el derecho a ganarse la vida trabajando debiera garantizarse para todos, al margen de que puedan o no generar dicha plusvalía. No todos, tengan o no discapacidad, despliegan la misma capacidad productiva, dependiendo ello no sólo de características personales sino también de las condiciones en que trabajan, incluyendo los medios técnicos puestos a su disposición. Si no tuvieran que generar ganancias para otros, las PCD podrían acceder masivamente al empleo. Bastaría con que pudieran aportar a la producción social desde sus capacidades aunque estas fueran limitadas” (En "Discapacidad y empleo: Por el derecho a ser explotados").

Para Daniela, estudiante de trabajo social, activista sorda y militante del PTS: “Una crítica al sistema capitalista puede ser la de ser desempleados crónicos. Somos los que sufrimos la desocupación y la precarización de manera continua. Nos quieren conformar con la caridad, donde se puede aspirar solo a lo básico para vivir. Es una vida de subsistencia, donde básicamente te sentís como un perrito. Te dan de comer y listo. A los ojos del Estado no sos un ciudadano, no tenés libertades. Llega al punto de considerarte ajeno a varios círculos, como lo es el político e incluso hasta a verte como un sujeto no deseante. Si bien no hay prohibiciones, no tenés libertades en el sentido de que no podés optar por otra cosa”.

Y añade: “por ejemplo de los disca motrices, que su vida gire en torno en si hay o no un baño adaptado, en si hay o no una vereda por la que pueda transitar y demás, corta su libertad. Esto tiene que ver con presupuesto, tiene que ver con el salario de uno. Con muchas cosas. En la comunidad sorda reclamamos un entorno social que deje de ponernos barreras, tanto físicas como así también comunicacionales y actitudinales. La ley de lengua de señas, por la que aún se lucha producto de constantes cajoneos, propone que haya libertad lingüística para poder desarrollarse de manera autónoma y potenciar su participación cultural. Social y política. Como parte de la comunidad disca, tenemos que asumirnos como sujetos políticos activos, y luchar por puestos de trabajo, de representación política, sindical, etc. No hay mejor propuesta que invitar a luchar por nuestros derechos y a transformar la realidad por una que deseamos".

En el origen de nuestra lucha está el deseo de todas las libertades

La clase trabajadora tiene que tomar en sus manos las demandas de las personas con discapacidad, exigir a los sindicatos que peleen por el cupo laboral, por plenos derechos, por accesibilidad y apoyos en todas las instituciones públicas y privadas, por el reconocimiento de todas las prestaciones de apoyo para la participación en la vida política, educativa, social, cultural y sexual.

Al igual que las demandas del movimiento de mujeres, del colectivo LGBTTI, de los movimientos ambientalistas, de los pueblos originarios, de las personas con discapacidad y de todos las personas que luchan contra la opresión, deben unirse junto a la clase trabajadora y sus organizaciones en una lucha anticapitalista y por una sociedad socialista en la que todos los recursos disponibles estén puestos al servicio del bienestar, el goce, la libertad, el desarrollo colectivo e individual, y no para el beneficio de una minoría parásita que vive lujosamente a costa de millones.

En nuestro país los trabajadores y sectores populares enfrentan la amenaza de un mayor ajuste y sometimiento al FMI. Los distintos gobiernos, macristas, peronistas, radicales, pagaron y pagan una deuda externa ilegal e ilegítima, arrojando a millones a una vida de miseria. Movilizarnos contra esta usura es parte de las peleas que tenemos en común por delante. (LID) Por Paula Canalis