Día Mundial de la Protección de la Naturaleza: crece la violencia contra ambientalistas

El 18 de octubre de cada año se celebra el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, fecha que comenzó en 1972 designada por Kurt Waldheim, entonces Secretario General de las Naciones Unidas, donde advirtió sobre "la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente". Waldheim habría definido al 18 de octubre como el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza con el objetivo de concientizar a la población sobre el daño al medio ambiente, educar, prevenir y erradicar actos que lo perjudiquen.

Este año se destacó por que la Asamblea de las Naciones Unidas incluyó en su "Agenda 2030" la protección para activistas y defensores del medio ambiente, además de otros compromisos ambientales que se incorporaron desde hace 10 años y que aún están lejos de cumplirse, como la mitigación del cambio climático.

Entre muchas otras cosas, este año ha continuado con la tendencia a la alza en cuanto a la violencia para las y los defensores de la Tierra, que -aún con la pandemia- han sido asesinados, secuestrados, desaparecidos y criminalizados.

Además las actividades extractivas, impulsadas por gobiernos y mega corporaciones para un "rescate de la economía" han generado disputas con los pueblos originarios, que además enfrentan los ataques del crimen organizado que disputan el control sobre los territorios indígenas.

Colombia y México encabezan la lista de los países con más altos índices de asesinatos contra defensores ambientales, según el último informe de 2019 de la ONG Global Witness. Y el 40 % de las víctimas reportadas en el mundo ese año —212 en total— pertenecía a pueblos originarios.

La violencia se ha agudizado durante la pandemia en varios de los países que figuran entre los más afectados de la región. El clamor principal de las comunidades afectadas por esta escalada de criminalidad es el respeto de sus derechos y la atención de sus gobiernos.

La violencia contra las comunidades indígenas de América Latina ha recrudecido en el 2020 y la pandemia se ha convertido en un factor determinante. Las restricciones que ordenaron los gobiernos para detener la expansión del coronavirus han sido un vehículo para que las organizaciones criminales controlen los territorios indígenas y acallen a sus líderes.

Ni las industrias extractivas legales e ilegales, el narcotráfico o los grupos armados han detenido sus operaciones en este periodo de emergencia por el Covid-19. Según Diana Sánchez, directora de la ONG Minga en Colombia, asegura que los indígenas son vistos como un estorbo para los negocios legales e ilegales, mientras que los gobiernos no están interesados en darles derechos elementales y protegen las industrias privadas.

Es este país el que lidera el ranking en cuanto a violencia hacia defensores ambientalistas, y que tal pareciera que la escalada superará al 2019, el año más letal que se tiene registrado; según el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (INDEPAZ), contabilizó 74 asesinatos este año, mientras que 45 han ocurrido durante la pandemia, que ya se ha cobrado más de 300 vidas de indígenas y que el aumento de casos ha golpeado duramente a las comunidades.

En Guatemala, otro de los líderes en asesinatos, líderes indígenas denuncian que se ha sufrido una escalada de despojos violentos por parte del gobierno; ya entregó 27 licencias para mineras y 23 para hidroeléctricas que operarán sobre sus territorios, mientras que el peligro de exterminio de sus culturas está latente.

El escenario es similar en Honduras, hace apenas unas semanas, cuatro defensores medioambientales de la etnia garífuna fueron secuestrados, mientras que el Estado hasta ahora no ha esclarecido los casos, imposición de proyectos turísticos en la región costera de Honduras, donde su etnia está asentada, por otro lado, las concesiones de tierras indígenas, para la imposición de proyectos mineros y energéticos han sido una constante durante la pandemia. Mientras que la impunidad es una constante en cuanto a los asesinatos y violencia contra las y los defensores.

En Perú la escalada de violencia ha aumentado en los meses de pandemia, donde 3 defensores indígenas fueron asesinados, organizaciones sociales han señalado que este tipo de crímenes ha tenido un incremento preocupante y ya configura una tendencia que se está agravando por el avance de los negocios ilegales, en contubernio con los gobiernos.

Por otro lado es ya bien conocido el papel del ultraderechista Jair Bolsonaro en la precarización de la labor de defensa del medio ambiente, en su reporte anual, Global Witness lo colocó como el segundo país en Latinoamérica más letal para ambientalistas, la ONG hace hincapié en que el país ha sido la cara más visible de la negligencia hacia el medioambiente. También subraya que la destrucción de las tierras indígenas se disparó un 74% entre 2018 y 2019.

En México tan sólo este año 9 ambientalistas han sido asesinados: Homero Gómez, Raúl Hernández, Isaac Medardo, Adán Vez, Paulina Gómez, Eugui Roy, Antonio Montez, Oscar Eyraud y Daniel Sotelo, mismos que hasta ahora han quedado impunes.

Mientras tanto el gobierno de la 4T ha impulsado una serie de megaproyectos que atentan contra ecosistemas y que han sido constantemente rechazados por las comunidades indígenas, sin embargo el presidente López Obrador ha criminalizado en constantes ocasiones la labor de protección a la naturaleza, mientras que apoya el extractivismo de anteriores administraciones.

Este año se destaca el recrudecimiento de las agresiones emprendidas por las empresas, el gobierno y las organizaciones criminales contra defensores del territorio, además de la persecución y criminalización de defensores ambientales y el irrespeto por los derechos indígenas. Por Axomalli Villanueva