Deuda.El fracaso de los 22 acuerdos de Argentina con el FMI, ¿por qué ahora sería distinto?

Argentina es hoy el mayor deudor del FMI entre todos sus miembros. De acuerdo a los Estados Financieros del organismo, hasta octubre de 2021, la deuda argentina representaba poco más del 34 % de la totalidad de los créditos otorgados. En algún momento se llegó a especular con la dimensión descomunal de la deuda como un punto de apoyo para negociar en mejores condiciones, pero lo cierto es que aunque Argentina es el mayor deudor, la deuda contraída representa apenas el 6 % de los activos del FMI. Está lejos de representar una amenaza seria a las finanzas del organismo. Sin embargo, el caso argentino es una viga en el ojo del staff del FMI, un factor destacado en la hoja de balance y, por esta razón, un caso testigo para el conjunto de los acreedores.

Actualmente hay 51 países con algún tipo de asistencia crediticia. Sin embargo, los primeros cinco deudores (Argentina, Egipto, Ucrania, Pakistán y Ecuador) representan casi el 70 % de la asistencia financiera otorgada. En todos los casos, los fondos autorizados están sujetos a revisiones periódicas (“artículo IV” del estatuto) que evalúan la aplicación de programas de ajuste que, más allá de las particularidades de cada caso, presentan características bastante similares. Veamos.

En el caso de Egipto, en 2016 el régimen militar que derrocó al expresidente Mohamad Morsi, recibió el apoyo financiero del FMI por 12.000 millones de dólares en medio de una profunda crisis económica; el programa de “estabilización” incluyó medidas que apuntaron a la reducción del gasto público, un fuerte aumento de tarifas en los servicios públicos, aumento del impuesto al consumo (IVA), la liberalización del tipo de cambio y una brusca devaluación inicial, flexibilización laboral, liberalización de los precios del combustible y reforma del sistema de pensiones, entre otras. Resultado: un fuerte aumento de precios inicial y una transferencia de recursos en perjuicio del pueblo trabajador con un inmediato aumento de la pobreza, que hoy afecta al 32 % de la población agravando incluso el peso de su deuda externa.

Ucrania es el tercer deudor más importante del FMI, cerró un acuerdo en 2014 para recibir asistencia financiera por 27.000 millones de dólares a cambio de un programa de ajuste bastante similar al egipcio y que incluía un fuerte aumento de tarifas en los servicios públicos, la liberación del precio del combustible y despidos en el sector público. En marzo de 2021, en plena pandemia, el portavoz del FMI, Gerry Rice, presionaba por acelerar el plan de reformas: “Además de mantener una respuesta adecuada a la crisis, seguimos abogando por reformas estructurales en Ucrania”. En noviembre el FMI extendió esas reformas estructurales, también exigió ajuste fiscal, una modificación en la Carta Orgánica del Banco Central y hasta una reforma judicial.

Con una economía dolarizada, también Ecuador está sujeto a la evaluación constante de las misiones del FMI, que ha logrado imponer el clásico recetario de ajuste del gasto en salud y servicios sociales, aumento de tarifas en los servicios públicos, despidos en el sector público, reforma tributaria, reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, entre otros. Recordemos que en 2019 el gobierno de Lenin Moreno intentó un fuerte aumento de tarifas que desencadenó una verdadera rebelión popular que echó por tierra el decreto hecho a la medida del FMI. En octubre de este año el exbanquero y actual presidente Guillermo Lasso, se enfrentó a una nueva oleada de protestas contra el aumento del combustible, contra la privatización del sector energético y la reforma de flexibilización laboral.

Pakistán es otro importante acreedor del FMI a partir de un acuerdo de facilidades extendidas firmado en 2019, con una duración de 36 meses y por 6.000 millones de dólares, que el organismo va soltando en módicos tramos sujetos a la permanente revisión de la aplicación de las mismas políticas de ajuste: eliminar los controles cambiarios (devaluación), reducción del déficit fiscal vía recortes en el gasto público, recorte en subsidios y suba de tarifas en los servicios públicos y aumento de los impuestos al consumo con efectos inflacionarios que apuntan a una fuerte transferencia de ingresos en perjuicio de los asalariados y los ingresos populares.

Hasta hace no mucho se especulaba con que la llegada de Giorgieva a la dirección del FMI implicaría un cambio en el enfoque “neoliberal” que impregna las políticas del organismo en beneficio de los países deudores. Lo cierto es que más allá de la suspensión de los planes de austeridad durante los primeros meses de la pandemia, el FMI volvió a sus recetas habituales. Tanto la experiencia reciente de otros países como la propia historia de la relación entre Argentina y el FMI, desmiente la idea de que se puede “pagar sin ajustar” al pueblo trabajador.

Los sospechosos de siempre

Desde su ingreso al organismo en 1956, Argentina pasó 41 años bajo programas del FMI. El país tuvo 22 acuerdos de condicionalidad fuerte: veinte Stand By y dos de facilidades extendidas. Además, recurrió a otros tipos de financiamiento. Desde que el país ingresó al Fondo, hasta que canceló la deuda en 2006 (continuando su membresía), Argentina sólo estuvo libre de programas del FMI en nueve años.

Entre 1957 y 1975 algunas de las condiciones que incluyeron los acuerdos con el FMI fueron mejorar los resultados fiscales, es decir ajuste, aumento de tarifas públicas, racionar las empresas del Estado y restringir el crédito doméstico. Estos programas apuntaban a desmantelar las regulaciones sobre la economía. En particular, en 1957, se derogó el régimen de nacionalización de los depósitos, hubo cambios de la ley de bancos y las Cartas Orgánicas de la banca oficial (Banco Central, Hipotecario Nacional, Industrial y Caja Nacional de Ahorro Postal); y se canceló el IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio), organismo que tenía cierto control en el comercio exterior argentino.

En su libro, “Historia de las relaciones entre Argentina y el FMI”, Brenta señala que tras el Rodrigazo, los funcionarios del FMI creían que el gobierno no podría imponer el ajuste necesario y, por otro lado, “sabían que los militares actuarían pronto, como surge de memorándums confidenciales obrantes en los archivos del FMI, y preferían esperar para negociar con ellos”.

Dos días después de consumado el golpe militar, el FMI liberó más de 100 millones de dólares y posteriormente acordó un nuevo Stand By, el más importante otorgado hasta ese momento a un país de América Latina. Dicho acuerdo tuvo la novedad de que, por primera vez, se estableció como condición la limitación de los aumentos de salarios y el mantenimiento de la libertad de los precios. Se trataban de medidas comunes de los programas del Fondo, para reducir la demanda agregada disminuyendo el salario real, pero como es una medida impopular se disfraza con eufemismos del lenguaje. En estos acuerdos también se favoreció al sector financiero, así la Reforma Financiera de 1977 liberalizó el sistema.

Si hasta 1976 la Argentina acudía a la asistencia del FMI en forma periódica para mitigar las recurrentes crisis en su balance de pagos producto del empeoramiento de los saldos comerciales (ya sea por caída de los ingresos por exportación o el aumento más que proporcional de las importaciones en las fases de crecimiento), a partir de 1983 el problema del atraso de la estructura productiva argentina se verá agravado por el crecimiento explosivo de la deuda externa, los desembolsos del FMI serán cada vez más grandes y las condicionalidades cada vez más extremas.

Durante los años 80 la crisis de deuda se agravó en los países dependientes, Argentina entró en default en 1982 (el tercero en su historia) y comenzó un nuevo capítulo de la ofensiva “neoliberal” del imperialismo y el capital concentrado. Los acreedores privados de la deuda externa reclamaban medidas drásticas de ajuste y reformas promercado que el FMI debía supervisar. Los cuatro planes Stand By firmados durante esta década acompañaron la aplicación de sucesivos planes como el Plan Austral (1985) y el Plan Primavera (1988) hasta que el FMI le soltó la mano al gobierno argentino desencadenando un espiral de devaluaciones e hiperinflación. El Plan de Convertibilidad (1991), que establecía un patrón de cambio fijo (1 peso por 1 dólar), sólo pudo sostenerse con el respaldo de las divisas de corto plazo que ingresaron los capitales especulativos, una oleada de privatizaciones, así como por la asistencia permanente del FMI (seis acuerdos, con sus ampliaciones) que triplicó la deuda con el organismo en menos de 10 años. Las medidas de ajuste asociadas fueron la flexibilización laboral, privatización de los servicios públicos, fuerte recorte en el gasto público con despidos masivos y recorte de salarios y jubilaciones, reforma tributaria, desregulación del comercio exterior e interior, eliminación de los controles a la entrada y salida de capitales, entre otras.

Una mención aparte merece el rol del FMI en la crisis del 2001. El organismo suspendió el desembolso de ese año. En agosto de 2001, el director gerente del FMI, Horst Köhler, le comunicó al entonces ministro de Economía, Domingo F. Cavallo, que el Fondo condicionaría su ayuda a que Argentina sustituyera el peso por el dólar estadounidense. La burguesía local finalmente optó por la salida devaluadora y un mazazo al salario con el apoyo de las burocracias sindicales.

Entre el período 2001-2021 hubo renegociaciones de vencimientos con el Fondo. En 2006 gracias al superávit acumulado en el comercio exterior por el contexto internacional favorable el kirchnerismo pagó la deuda con el FMI. Pero cuando los dólares empezaron a escasear, Cristina Fernández ordenó al ministro Axel Kicillof hacer los "deberes" para regresar a los mercados en 2014. De esta manera se acordó la renegociación de la deuda con el Club de París, sin quita y a tasas exorbitantes, y se canceló el pago a varias multinacionales con juicios en el Ciadi. El Gobierno comenzaba su ajuste en “sintonía fina” y a duras penas conseguía divisas a partir del intercambio de monedas (Swap) con China o el ingreso de divisas por la adjudicación de frecuencias 4G con Telecom. Sobre el final de su último mandato, el Gobierno tensó el conflicto con los fondos buitres hasta que finalmente el gobierno de Macri canceló el pago a precio nominal, con ganancias del 1300 % para los especuladores. Esta decisión fue posible gracias a los votos en el Congreso de un sector del peronismo y fue el puntapié de un espiral de deuda con acreedores privados y fuga de capitales monumental que culminó con un default técnico y la vuelta al FMI en junio de 2018, que se amplió en octubre de 2018 a 57.000 millones de dólares, de los que el país recibió 45.000 millones de dólares a cambio de un programa de fuerte ajuste fiscal y monetario.

Tras la catástrofe en la que terminó el acuerdo de Macri con el FMI, el gobierno de Alberto Fernández negocia un nuevo pacto. Se cocina un nuevo ajuste, una hoja de ruta que Alberto Fernández y su ministro, Martín Guzmán, ya comenzaron a transitar en estos dos años de pandemia.

Apuntan contra el salario

Como hemos visto todos los acuerdos con el FMI tuvieron un efecto de mazazo contra el poder de compra de los salarios. Y es que las recetas de ajuste apuntan a una transferencia de ingreso desde el salario y los ingresos populares hacia los acreedores de la deuda, especuladores y el capital más concentrado. En su libro, Noemí Brenta asegura que a grandes rasgos existe un patrón común en la mayoría de los programas aplicados, que subdivide en cuatro etapas cíclicas que conforman lo que denomina una “onda de precios”.

Los planes de ajuste, explica, se inician con una primera fase de “aceleración inflacionaria” y una fuerte transferencia de ingresos en perjuicio de los asalariados, como resultado de las políticas de liberación cambiaria, devaluaciones, aumentos de tarifas, que generalmente se realizan en forma previa y como condición para la firma de los acuerdos; una segunda fase de “congelamiento de la nueva constelación de precios relativos” y reducción de la inflación a costa de medidas recesivas como recorte del gasto público, suba de tasas de interés y desmonetización de la economía, ingreso de capitales especulativos y atraso cambiario, que más temprano que tarde deriva en una salida paulatina del congelamiento como resultado de un empeoramiento en la balanza de pagos (por aumento en las importaciones, acumulación de vencimientos de deuda, fuga de capitales, etc) que presiona por nuevos ajustes al tipo de cambio y que, finalmente, culmina con una nueva aceleración inflacionaria y ruptura de la estabilidad de precios. Brenta sostiene también que si bien en cada plan de ajuste se produce un golpe al salario, a partir de 1976, primer año de la dictadura genocida, "el salario real al final de cada onda de precios quedó por debajo del nivel inicial previo al lanzamiento del plan”.

Junto con la caída del salario real, la pobreza también fue alcanzando un piso cada vez más alto. En el pico del último ciclo de crecimiento, la pobreza afectaba a 1 de cada 4 personas.

Hoy afecta al 40 % de la población y a más del 60 % de las niñas y los niños a pesar del rebote económico de este año. Sobre esta base el Gobierno negocia apenas una extensión en los plazos de pago de una deuda ilegítima, fraudulenta e impagable.

En el reciente comunicado que emitió el Fondo sobre la negociación con la Argentina “sugieren” una coordinación de precios y salarios, como lo demuestra la historia con el organismo implica otro golpe al poder de compra. Además reclaman suba de la tasa de interés, una política monetaria contractiva y la reducción del gasto público, una hoja de ruta que Alberto Fernández y su ministro, Martín Guzmán, ya comenzaron a transitar en estos dos años de pandemia.

La mayoría de los acuerdos con el FMI fracasan en el objetivo de evitar las cesaciones de pago. Pero en el mejor de los casos cuando los programas alcanzan sus objetivos, esto sucede a costa de un gran deterioro económico y abultando aún más la deuda externa, como pasó en Argentina desde 2018 o en Grecia desde 2008, y con un impacto distributivo nefasto donde unos pocos salen beneficiados de estas recetas, mientras la gran mayoría de la clase trabajadora padece las consecuencias. Nada bueno puede venir de la mano del FMI, la historia ya nos ha dado sobradas muestras. Es necesario patear el tablero, como lo hicieron los trabajadores y el pueblo de Chubut, que se levantaron contra la megaminería y el saqueo de las multinacionales, e imponer una salida propia para que esta vez la crisis no la pague el pueblo trabajador. (LID) Por Emiliano Trodler Economista. / Mónica Arancibia