Datos oficiales. Con la política actual del Gobierno, llevaría 91 años terminar con el déficit habitacional

Hace unos días el presidente Alberto Fernández y Agustín Rossi, jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente por el oficialismo, entregaron la vivienda 115.000 en 42 meses de gestión. “El acceso a la vivienda es un derecho humano y así hay que tratarlo y resolverlo”, dijo el presidente en el acto en Santa Fe, que fue difundido por la Casa Rosada. Sin embargo, si miramos un instante la realidad habitacional de las mayorías trabajadoras y populares es fácil constatar cuán lejos está esa realidad de las palabras presidenciales.

Si dividimos las 115.000 viviendas por los meses de mandato desde diciembre de 2019, tenemos que la cantidad de viviendas entregadas por mes fue de 2.738 en todo el país. Si dividimos el mismo total por la cantidad de años de gestión del Frente de Todos, tenemos que la cantidad entregada es de 38.333.

A ese ritmo, la demora en acabar con el déficit habitacional, que según el Censo del 2010 (porque todavía no hay dato oficial del Censo 2022) es de más de 3,5 millones de viviendas, sería de 91 años. Un ritmo más que lento (por ser benevolente) para hacer frente a la realidad.

Según los datos preliminares del Censo 2022, solo el 65,5 % de los hogares en todo el país disponen de vivienda propia. Es decir, uno de cada tres hogares no tiene casa propia.

Ya en el mes de junio, durante el informe que brindó Rossi en el Congreso, se había podido advertir “ese ritmo lento”. Hasta fines de mayo, el jefe de Gabinete indicó que se habían entregado 108.579 en todo el país.

La brecha entre lo entregado y las necesidades es enorme. Veamos algunos ejemplos para tomar dimensión. Según los datos del informe de Rossi, en la Ciudad de Buenos Aires, donde habitan más de 3 millones de personas, las viviendas entregadas fueron 4.250; en tanto en la provincia de Buenos Aires, con una población de más de 17 millones de habitantes, las viviendas entregadas fueron 20.080.

Según dicho informe, el detalle completo del resto de las provincias es el siguiente: 2.195 en Catamarca, 3.968 en Chaco, 2.120 en Chubut, 7.912 en Córdoba, 3.244 en Corrientes, 4.584 en Entre Ríos, 2.296 en Formosa, 2.151 en Jujuy, 2.349 en La Pampa, 1.661 en La Rioja, 5.883 en Mendoza, 5.508 en Misiones, 3.411 en Neuquén, 3.986 en Río Negro, 4.109 en Salta, 6.482 en San Juan, 2.691 en San Luis, 1.542 en Santa Cruz, 6.956 en Santa Fe, 5.214 en Santiago del Estero, 1.470 en Tierra del Fuego y 4.517 en Tucumán.

Como venimos reflejando en La Izquierda Diario, uno de los grandes problemas para las mayorías trabajadoras y populares hoy es el acceso a una vivienda. Con la casa propia hace años que es imposible soñar, pero ahora también es imposible alquilar gracias a la combinación de menos oferta y precios exorbitantes, en muchos casos directamente en dólares. Ambos factores enmarcados en una crisis que todos los días golpea un poco más los ingresos de las familias trabajadoras.

La ausencia de políticas habitacionales que respondan a las necesidades populares no es privativa únicamente del Gobierno nacional. Desde hace tres años, las familias que fueron reprimidas en octubre de 2020 por Berni y Kicillof en Guernica, esperan la construcción y entrega de viviendas en el mismo lote del cual fueron desalojadas. Luego de promesas incumplidas, acaban de lograr un nuevo compromiso de entrega para abril del 2024, casi cuatro años despues.

Tampoco hay respuestas a las demandas habitacionales en esta campaña de la mayoría de los precandidatos electorales. La campaña y las necesidades reales de esas mayorías, que son las que pagan los costos de la crisis, van por dos carriles distintos.

Hace un mes, el candidato a jefe de Gobierno porteño por Juntos por el Cambio, Jorge Macri, había mostrado todo su desprecio y odio hacia los pobres al afirmar que “los cajeros automáticos se habían transformado en los monoambientes ” de las personas en situación de calle. En dicha entrevista, Macri develó que su mayor preocupación era ver cómo se “podía recuperar ese espacio” para los ciudadanos de la ciudad y no explicar cuáles eran las propuestas habitacionales de la fuerza que representa para las personas en situación de calle, que según las estadísticas del propio gobierno son de más de 3.500.

Como advirtió la izquierda, atar el país a los designios del Fondo Monetario Internacional (FMI) solo traería como consecuencia profundizar la pobreza y el deterioro en las condiciones de vida de las grandes mayorías, cosa que finalmente pasó.

Como planteó el diputado nacional Nicolás del Caño en la última sesión en Diputados "es necesario tomar un conjunto de medidas. Destinar los recursos de la Argentina, que se los fugan, o los usan para pagar la deuda con el FMI, a construir las viviendas necesarias para millones de familias. Pero también necesitamos un sistema bancario unificado, estatal, controlado por las trabajadoras y trabajadores que permita otorgar créditos accesibles con tasa subsidiada para las viviendas de las familias trabajadoras. Y poner impuestos a la vivienda ociosa”. (LID) Por Celeste Vazquez