La Legislatura de San Luis convirtió en ley un proyecto por el cual los empresarios que contraten personas que no sean puntanas o tengan menos de cinco años de residencia en la provincia paguen un impuesto del 10 % sobre el salario otorgado al empleado.
La del gobierno de Alberto Rodríguez Saá fue sancionada la pasada medianoche por el Senado provincial y antes había contado con la aprobación de Diputados.
Desde sectores de la oposición la nueva norma fue calificada como discriminatoria, aunque otros como el Frente para la Victoria votaron a favor de la ley. ¿Aprendices de Pichetto? O tal vez de Trump. Todos coinciden en intentar dividir a los trabajadores para que se culpen unos a otros por la falta de trabajo, en lugar de apuntar a las ganancias de los capitalistas.
La norma sancionada crea el Registro del Empleo Puntano, encargado del control de su aplicación.
Como excepciones, establece que quedan exento el “personal nacido en la provincia o que tenga como mínimo cinco años de residencia” en San Luis, así como los empleados “con especialidades de comprobada escasez en la provincia”, los trabajadores que ya tengan un empleo en blanco al momento de entrar en vigencia la ley, el “personal egresado de escuelas técnicas, institutos de formación superior, universidades provinciales y universidades nacionales radicadas en el territorio de la Provincia”.
La senadora provincial oficialista Mabel Leyes afirmó que “tenemos que defender a la familia puntana y que no se hagan los sordos, porque el gobernador no discrimina y en cada uno de sus discursos dice que puntano es el que nació y eligió serlo”.
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