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DEUDA IMPAGABLE: Ante la llegada del FMI, el Gobierno ofrece reformas antiobreras y más ajuste a los jubilados

Este martes llega una nueva misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para comenzar “en serio” las negociaciones por la deuda contraída bajo el macrismo. Se trata de los u$s 44.000 millones que ingresaron bajo la forma de un préstamo Stand By en 2018 -luego de las corridas cambiarias- y que fueron destinados en gran parte a financiar la fuga de capitales, como mostró un informe del BCRA. También a financiar la campaña electoral de Mauricio Macri. Es decir, ni un solo dólar fue utilizado para dar respuesta a necesidades sociales.

10 de noviembre

Lejos de las promesas que anunciaban una investigación de la estrepitosa y fraudulenta deuda macrista, Alberto Fernández avanza en su afán por “honrar los compromisos”. Los enviados del FMI, Julie Kozack y Luis Cubeddu, acompañados por un sequito de economistas, se reunirán hoy con Martín Guzmán. Según declararon desde el organismo, los temas a tratar se centrarán en la agenda fiscal, monetaria y estructural en el mediano plazo. La misión permanecerá por dos semanas en el país

Llegan en un particular clima de euforia en las bolsas del mundo, que el lunes registraron subas producto del resultado electoral en Estados Unidos, y por los anuncios del laboratorio Pfizer sobre el éxito en las pruebas de una vacuna para el coronavirus. En el país la tendencia fue la misma, y se mantiene la tensa paz cambiaria. Sin embargo, los problemas que atraviesan a la economía son profundos y lejos están de una resolución. La principal explicación del achicamiento de la brecha cambiaria -entre el dólar paralelo y el oficial mayorista- es el festival de bonos emitidos por Guzmán, incluyendo el dólar link, para satisfacer a los especuladores a costa de mayor endeudamiento.

Guzmán, ¿el ortodoxo mejor camuflado?
La semana previa muchos analistas coincidieron en remarcar el giro ortodoxo y pro "mercado" del ministro de Economía. Empezó con la flexibilización para acceder al “mercado” paralelo del dólar, dando marcha atrás con las restricciones impuestas por Miguel Pesce a mediados de septiembre, que dispararon la demanda de los fondos que buscaban desarmar sus posiciones en pesos. Siguió con la colocación de bonos en pesos y dólares, para aspirar los pesos sobrantes del “mercado”, una medida contractiva de manual. Otro gran gesto fue la reunión con empresarios representantes de la AEA, entre ellos como Rocca y Héctor Magnetto. A ellos los invitó a sumarse al acuerdo nacional -promovido por la vicepresidenta en su carta- y a unir voluntades para sellar lo antes posible un nuevo acuerdo con el FMI.

Pero eso no fue todo. Para recibir al FMI, Guzmán anunció a las agencias internacionales Bloomberg y Reuters que busca alcanzar a un acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF por su sigla en inglés), que implica mayores condicionamientos sobre la economía. Habilitando así la discusión de reformas estructurales: laboral, previsional y tributaria. El acuerdo eventualmente incluiría patear pagos de capital por 4 años y medio, mientras extiende el monitoreo del FMI sobre la economía por 10 años.

“El programa de facilidades extendidas da un periodo de repago del capital en cuotas entre el año cuatro y medio y el año diez”, sostuvo Guzmán. Y agregó: "El staff del FMI y el Gobierno argentino consideran que en las circunstancias actuales ese tipo de programa es la mejor alternativa".

Como señala el periodista Alejandro Bercovich, el país firmo en dos oportunidades acuerdos EFF “El acuerdo de facilidades extendidas (EFF) de 1992 (Cavallo) fue por USD 3.604 millones. El de 1998 (Roque Fernández) fue por otros USD 2.080, que el gobierno se comprometió a no utilizar. Los dos aceptaron fuertes condicionalidades. Ambos terminaron con más deuda, claro.”

Para contentar al FMI, desde el Gobierno jugaron una carta fuerte: haciendo público un nuevo mecanismo de la movilidad de jubilaciones y pensiones. Cerca de la medianoche, desde el oficialismo dejaron trascender que la nueva fórmula -que presentará el Frente de Todos en el Congreso- implicará que los ajustes futuros se hagan sobre una combinación entre el cálculo de la suba de los salarios (50%) y la suba de la recaudación (50 %). Este método de ajuste, que volvería a realizarse cada 6 meses, estuvo vigente entre 2008 y 2017. Mientras los precios se aceleran, el Gobierno intenta desindexar los haberes de la inflación. Se profundiza el ajuste sobre los jubilados. Con la suspensión de la movilidad a comienzos de 2020 el recorte estimado es de $72.000 millones, según el IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal).

Además, Martín Guzmán enviará al Congreso un proyecto de ley para fortalecer la sostenibilidad de la deuda pública, en la que se propondrá que todos los préstamos en divisas extranjeras deberán tener previamente la aprobación del Parlamento, al igual que los programas que se negocien con el FMI. De esta manera buscan asegurarse de repartir los costos políticos del nuevo saqueo.

No al plan de ajuste, ¡fuera FMI!

La determinación de las ofrendas realizadas por Guzmán para convencer al Fondo no sólo muestran un salto en la entrega. También intentan comunicar que existe un plan y es de ajuste; y que están dispuestos a reordernar las prioridades de la economía para garantizar los pagos de una deuda odiosa.

Desde el Gobierno dicen que "el FMI cambió". Sin embargo en la misma semana en que llegan al país se votará un Presupuesto para 2021 que contiene recortes en áreas claves para los sectores más vulnerables, eliminando el IFE por ejemplo. O destinando apenas USD 150 millones a la construcción de viviendas, a pesar de la emergencia habitacional que afecta a millones de familias en el país. En el mismo registro, este lunes la vice jefa de Gabinete, Cecilia Todesca, declaró que “"tiene que haber un aumento de las tarifas". Lo hizo la misma semana en que se conocerá la inflación de octubre que rondaría el 4%, mostrando una aceleración en los precios.

Los niveles de sumisión y saqueo que propone un acuerdo de Facilidades Extendidas son muy altos. Los especialistas advierten que al acceder a este tipo de acuerdos “Argentina deberá comprometerse a llevar a cabo una serie de reformas estructurales que tiendan a garantizar la capacidad de repago en el futuro". Algunos países que accedieron a este tipo de programas en la actualidad son Ecuador, Pakistán, Angola, Jordania y Etiopía. En Ecuador se vivieron jornadas de rechazo a los planes de austeridad a pedido del FMI. Entre los años 2012 y 2016 Grecia accedió a estos acuerdos, las consecuencias fueron reformas en aéreas como salud, educación, suba de la edad jubilatoria, suba del IVA, despidos masivos de empleados públicos y suba de la desocupación que llegó a superar el 25 %. La la de privatizaciones para pagar la deuda incluyó empresas estatales y algunas islas, un saqueo sin límites.

Endeudarse para pagar la deuda no resuelve el problema, sólo extiende los plazos de pago al mismo tiempo que las exigencias de reformas y ajuste aumentarán las penurias del pueblo trabajador.

Desde la dictadura a esta parte los pagos de la deuda sumaron más de USD 600.000 millones, pero esta no dejó de crecer y hoy alcanza los USD 324.500 millones. Frente a la magnitud de la crisis social, económica y sanitaria, atarse a las exigencias del Fondo es una política criminal. Una salida superadora para los trabajadores y sectores vulnerables empieza con el desconocimiento soberano de la fraudulenta deuda y echando al FMI. Para poner fin al saqueo de recursos que profundizan el atraso y la dependencia, dentro de un plan integral frente a la crisis que invierta las prioridades de la economía en función de las necesidad sociales de las grandes mayorías trabajadoras. (LID) Por Guadalupe Bravo / Economista

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